Cuando se acaban de conocer los resultados de la última medición del Simce a los cuartos años de enseñanza básica del país, nuevamente surgen voces en torno a las pertinencia de la evaluación y a la desigualdad que permanentemente refleja este indicador, a través de la brecha entre los colegios particulares subvencionados y los municipales.

Los resultados se dan, asimismo, en medio de un nuevo año en que la calidad de la educación está en el debate, sobre todo luego de que el Congreso pusiera fin al lucro, eliminara la selección en los colegios y esté en pleno análisis materias como el perfeccionamiento docente, la desmunicipalización de la educación y próximamente cómo lograr la gratuidad de la enseñanza.

En este marco, el Simce 2014 arroja nuevas sorpresas, pues en medio del iniciado cambio en la educación, los establecimientos particulares subvencionados siguen apareciendo con un importante incremento en sus resultados académicos, tal como lo demuestra la publicación de Diario Crónica Chillán en su edición de este lunes 18 de Mayo. En el artículo, se deja en evidencia que un 59% de los colegios subvencionados de Chillán subieron sus puntajes en la prueba, en 8 puntos promedio; en tanto, un 62% de los establecimientos municipales mejoraron sus puntajes, aunque en 4 puntos promedio.

Estos resultados acrecientan el debate en torno a la calidad de la educación subvencionada y el efecto que en ella tendría el poner fin al copago, el cual para un grupo de apoderados de la Asociación Regional de Colegios Particulares Subvencionados resulta pernicioso para la calidad del sistema.

Como contraparte, desde el gobierno y el Colegio de Profesores echan por tierra este análisis, desacreditando a la prueba Simce, como un indicador que no refleja la inequidad que hoy enfrenta el sistema educativo.

Aún así, desde el Mineduc no han dado luces sobre una modificación a esta prueba que se aplica todos los años para medir los resultados del aprendizaje, más bien simplemente ha variado la modalidad en que se entrega la información para evitar que colegios y apoderados "rankeen" la calidad únicamente utilizando el Simce o la PSU como indicador.

Esta es una materia que la autoridad de Educación debe poner un énfasis. Lo cierto es que los resultados en general son más auspiciosos, aunque no gravitantes. Sin embargo, la incertidumbre por la reforma sigue instalada en la opinión pública como tema.

En un gesto inédito, y a riesgo de pasar desapercibida por los acontecimientos políticos, la Cámara de Diputados aprobó el martes 12, por 100 votos a favor y 3 abstenciones, la Resolución N° 281. En ella se solicita a la Presidenta de la República implementar una política de natalidad que aumente el número de hijos a la tasa de reemplazo de 2,1 por mujer en edad fértil. Hoy Chile tiene una de las tasas más bajas del mundo, con 1,8 hijos por mujer.

Los parlamentarios en forma transversal justifican esta postura en razones geopolíticas, económicas, de bienestar de las familias; y agregan que la inmigración debería ser también objeto de una política más precisa.

Tienen razón los diputados al buscar una nueva política poblacional. Pero no es correcto creer que no tenemos una en la actualidad. Es el conjunto de acciones y omisiones explícitas la que nos ha llevado a la actual situación; debiendo tener claridad que también hay un esfuerzo del primer mundo, pseudo-eugenésico, que busca por todos los medios que países como el nuestro tengan la menor cantidad de hijos posible. Pero la política vigente ya no es apropiada para los desafíos del siglo XXI.

Nuestros vecinos crecen vigorosamente y para el año 2030, mientras Chile aumentará su población en 2 millones, los países limítrofes lo habrán hecho en 20. Nuestro envejecimiento es vertiginoso y ni el sistema de pensiones ni el de salud soportarán las demandas que acarrea. Es una época distinta a la que se veía el exceso de natalidad como un causante de sub-desarrollo. Dicho paradigma ya no sirve para nosotros. Se ha llegado al punto en que la pérdida acelerada del bono demográfico, entendido como un bajo nivel de población dependiente sobre el total de población activa, es una promesa segura de pobreza.

La Cámara propone algunas medidas como aumentar la asignación familiar, fortalecer el programa de fertilización asistida, y gratuidad universal del parto. Son propuestas interesantes; pero tímidas para la magnitud del problema. Lo esencial es que la política vigente discrimina persistentemente a la mujer, y especialmente a las madres: menos empleabilidad, menos renta, falta de reconocimiento de la maternidad como un trabajo remunerable. Es deseable que el Gobierno acoja esta propuesta transversal de nuestros representantes. De lo contrario, cada día más viejos, más enfermos, más triste, más solos y más vulnerables.

Jaime Mañalich M.

Políticas Públicas IPSUSS. U. San Sebastián.