La Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y los abogados (i) Jaime Rodríguez y Jorge Lagos- ordenó pagar una indemnización total de $145.000.000 a los familiares de Miguel Ángel Becerra Hidalgo, detenido en julio de 1974, y cuyo rastro se pierde en la ex Colonia Dignidad.

El fallo determina que el fisco debe responder por un crimen de lesa humanidad cometido por agentes del Estado.

"Que en el caso en estudio, dado el contexto en que el ilícito fue verificado, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado", sostiene el fallo.

La resolución agrega que "la indemnización del daño producido por el delito y la acción para hacerla efectiva, de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, compromete el interés público y aspectos de justicia material, todo lo cual condujo a acoger las acciones civiles deducidas en autos, cuyo objeto es obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de agentes del Estado de Chile, ya que así lo demanda la aplicación de buena fe de los tratados internacionales suscritos por nuestro país y la interpretación de las normas de derecho internacional consideradas ius cogens por la comunidad jurídica internacional. Dichas normas deben tener aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían eludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno, a través de la actuación penalmente culpable de sus funcionarios, dando cumplimiento de este modo a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados".

La decisión se adoptó con el voto en contra del abogado integrante Lagos, quien fue partidario de aplicar la prescripción de la acción civil, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. Miguel Becerra era funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional cuando en julio de 1974 fue asesinado.

Según se estableció en el proceso judicial, Becerra residía en Colonia Dignidad, en Parral con su hijo; y su muerte está asociada al hecho de manifestar su intención de dejar la DINA.

En el mismo proceso se menciona que la víctima falleció por envenenamiento y su cuerpo fue hallado en la Panamericana Sur a seis kilómetros de Linares.