Tras 14 meses de mandato, el Gobierno muestra severos déficit o estancamiento en prácticamente todas las áreas y en particular en materia económica, en el empleo y en la gestión de áreas muy sensibles para la ciudadanía. Decepciona, por tanto, que la Presidenta Bachelet haya ratificado el 21 de mayo que persistirá en el rumbo que señala el Programa y en las reformas, pese a los resultados, al rechazo ciudadano y la incertidumbre que están generando.

No obstante esas señales, la Presidenta Bachelet repitió 11 veces la palabra "transformaciones" y en varias oportunidades insistió en el mandato recibido por la ciudadanía para hacer "cambios profundos".

El mayor déficit del Mensaje es el no reconocimiento a las razones de la desaceleración, la completa omisión a una agenda pro crecimiento y empleo y la inexistencia de metas y plazos para la recuperación. Esa omisión no es coherente con las declaraciones del Ministro Valdés, a la salida del Congreso, manifestando su preocupación por el momento actual: "tenemos que trabajar por la capacidad de crecimiento de la economía".

La Presidenta Bachelet no se refirió a una serie de materias con severos déficit, pese a que el mandato esencial de toda administración es, al menos, ejecutar . No menciona a La Araucanía, afectada por la violencia y única región que no ha visitado en 14 meses de gobierno. Desahucia los 20 hospitales comprometidos el año pasado. Los 8 que comprometió son proyectos del Gobierno del ex Presidente Piñera (5 estaban ejecutándose a marzo de 2014, 2 en diseño y 1 en licitación).

En materia de delincuencia los anuncios son débiles, no hay un mensaje claro de condena ni un compromiso prioritario para su combate (la mayoría de los proyectos de ley que menciona vienen del Gobierno anterior y permanecieron congelados durante todo el año pasado).

No menciona las listas de espera en Salud, que se han duplicado para las prestaciones AUGE y aumentado de 3 mil a 130 mil para las cirugías NO AUGE.

Por otro lado si bien en el discurso la mandataria da señales de cerrar la puerta a una Asamblea Constituyente, reafirma la vía institucional y llama a un "Acuerdo político amplio y transparente", no mencionó el "proceso constituyente" que anunció hace menos de un mes; ni los pilares de la Nueva Constitución.

Frank Sauerbaum

El 11 de Agosto del año 2008 fue promulgada la Ley de Transparencia Nº 20.285, la que constituyó un gran salto para que la ciudadanía tuviera acceso a la información de la Administración del Estado y crea el Consejo para la Transparencia, ente encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en esta materia.

Este cuerpo legal ha constituído un verdadero cambio en el paradigma de la función pública, otorgando a cada ciudadano el empoderamiento necesario para exigir el derecho de conocer los actos administrativos del Estado y apelar a su cumplimiento si esta solicitud no va en contra de la integridad territorial, defensa la política exterior del país.

La normativa exige no sólo a los órganos del Estado, también a los municipios, cumplir con la total transparencia de sus actos, lo cual implica poner a disposición de la comunidad sus actos públicos, ordenanzas, gastos, remuneraciones, ingresos de recursos, por nombrar algunos ítems. No obstante, a seis años de su puesta en marcha, el Consejo para la Transparencia ha visto con preocupación cómo muchos municipios del país no logran cumplir con un mínimo estándar de cumplimiento de la legislación, principalmente -según aducen los propias autoridades comunales- porque la ley no contempló mayores recursos para que municipios más pequeños pudieran cumplir con el requerimiento de las norma.

En una reciente medición, 29 municipios del país quedaron en condición de ser sumariados por Contraloría General de la República, con tal de que expliquen el por qué no han podido dar cumplimiento a la Ley 20.285, entre los cuales figuran por ejemplo Chillán Viejo, Cobquecura y Portezuelo. Estos consistorios figuran en la última medición del Consejo para la Transparencia con un cumplimiento inferior al 50 por ciento de divulgación de su gestión administrativa.

De acuerdo al propio consejo, la situación es preocupante no sólo por el tiempo en que esta ley se encuentra en vigencia, sino que en la falta de información entregada pueden estar ocultándose índices de corrupción relevantes. Se trata de un tema sensible, particularmente en el último año, donde distintas instituciones del Estado han sido cuestionadas por su falta de probidad y transparencia. ¿Es posible esperar que alcaldes y concejales cumplan con la obligación futura de declarar sus intereses si dentro de sus municipios no son capaces de exigir que se transparente su accionar?