Este 31 de Mayo se celebra en Chile el Día del Patrimonio, pero también es una fecha particularmente sensible a nivel internacional, pues también la Organización Mundial de la Salud promueve en este día que se recuerden los nocivos efectos para el bienestar de las personas que son fumadores y los riesgos para su propia vida y la de los demás. Es una ocasión también en la que el organismo pide a los países el poner fin al comercio ilícito de productos de tabaco y a promover la aplicación de políticas públicas eficaces para reducir ese consumo.

En Chile mueren 45 personas diariamente por causas asociadas al consumo de tabaco, y es la causa de muerte de alrededor de 6 millones de personas en el mundo, de las cuales más de 600 mil son no fumadores que mueren por haber respirado humo pasivamente. Es considerada hoy una pandemia, ya que pese a que se conocen los dañinos efectos de su consumo, esta práctica persiste, provocando un verdadero problema de salud pública.

El cigarrillo contiene más de 4 mil sustancias tóxicas, de las cuales 50 son comprobadamente cancerígenas o tienen algún otro efecto dañino. Esto se puede traducir en enfermedades al corazón, el riesgo de muerte súbita e incrementa la ocurrencia de Accidentes Vasculares Cerebrales (AVC), en especial para las mujeres fumadoras que tienen 5,7 veces más riesgo de padecerlos, sobre todo si utilizan anticonceptivos orales.

Para la presente campaña 2015, la Organización Mundial de la Salud ha llamado a la población a sumarse a través de las redes sociales a la sensibilización del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y de esta manera terminar con el comercio ilícito. Así también, pide a las instituciones académicas ampliar las investigaciones para documentar sus impactos dañinos, así como los beneficios para la salud, las finanzas públicas y el control de las actividades delictivas que entrañaría el final del comercio ilícito de productos de tabaco.

Si no actuamos, a partir de 2030 la epidemia del tabaco matará a más de 8 millones de personas. Más del 80% de esas muertes prevenibles se registrarán entre personas que viven en países de ingresos bajos o medianos.

El Estado de Chile en su ordenamiento jurídico establece que ante situaciones de catástrofe, las Fuerzas Armadas actuarán brindando apoyo humanitario a la población en cumplimiento al Plan Nacional de Protección Civil y a través de los Comités de Operaciones de Emergencia. Sin embargo, ante situaciones graves de calamidad pública, como aquellas que afectan el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado, el Constituyente ha dotado al Presidente de la República con la facultad de ponderar los supuestos que ameritan la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe (EECC), a través del Decreto Supremo correspondiente.

Nuestra Carta Fundamental declara en su Art. 41 que una vez establecido el EECC, "la zona respectiva quedará bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional (JDN) que el Presidente de la República designe", quien asumirá el mando con las atribuciones y deberes que la Ley Orgánica Constitucional 18.415 establece, entre las que destaca, la facultad de "impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública".

El JDN designado, ante la gravedad de la situación, debe disponer en forma inmediata la transformación de su Estado Mayor (EM), el que adquirirá las características de conjunto e interagencial, puesto que se integrarán bajo su mando todas las unidades de las FAs y policiales que se encuentren en la zona, más las que arriben en calidad de refuerzo. Se podrán incorporar además, mientras dure el Estado de Excepción Constitucional, todos aquellos funcionarios públicos y privados que contribuyan a mitigar los efectos del evento destructivo.

En virtud a la naturaleza y alcance de las atribuciones y deberes que asume el JDN, su organismo asesor inmediato, el Estado Mayor Conjunto e Interagencial, (EMCI) debería abocarse en el menor tiempo posible a efectuar las actualizaciones o ajustes que corresponda al Plan de Catástrofe elaborado y evaluado previamente por el EM de la UAC, en función de cada una de las hipótesis de eventos destructivos en la zona, el que básicamente debería contener materias y misiones para las unidades de las FAs y policiales y todos los funcionarios públicos y de las municipalidades que se encuentren en la zona y que constituyan un aporte en el cometido de subsanar los efectos de la calamidad pública.

La conformación de un EMCI constituyó la herramienta más poderosa y efectiva para la planificación y conducción del restablecimiento del orden público, apoyo humanitario y restitución del gobierno regional durante la catástrofe del 27 de febrero del 2010 en la Región del Biobio.

Guillermo Ramírez C.

Estudios Estratégicos. Academia de Guerra del Ejército.