La Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) confirmó ayer que decidió suspender el proceso para la adjudicación de un cupo para la operación de casino en la ciudad de Chillán, a raíz de un presentación que realizó la sociedad argentino catalana Boldt Peralada el pasado 7 de mayo -6 días antes de la segunda votación del Consejo Regional en que se respaldó la postulación de su competidor, Marina del Sol- referida a los recursos comprometidos durante la conformación de la sociedad Marina del Sol Chillán S.A. y que en opinión de la firma extranjera no se habría cumplido dentro del marco de la legalidad.

Esta situación se produce luego que la firma Boldt Peralada judicializara por aproximadamente 9 meses la primera votación de este órgano colegiado de la Región del Bío Bío, tras entregar la totalidad de sus votos al proyecto penquista.

En esta oportunidad, actuando de conformidad a sus atribuciones, la SCJ decidió paralizar el proceso a fin de dar la oportunidad a Marina del Sol de explicar los argumentos esgrimidos por su competidor y que, eventualmente, podrían inhabilitarlo del proceso.

En paralelo, Chillán cumplió un año en espera de poder ver hecha realidad la inversión que permitirá contar con un nuevo hotel 5 estrellas, además de un casino y centro de espectáculos, y han transcurrido un año y medio desde que la SCJ aceptara la renuncia al permiso de operación entregado al Casino Termas de Chillán.

En esta inusual pugna, la ciudad ha resultado como la principal perjudicada al aplazar, y al mismo tiempo encarecer, una relevante inversión que aportará sin lugar a dudas a su desarrollo turístico, comercial y como polo de entretención. Cada año que pasa, el municipio deja de ganar unos $2.500 millones por concepto de operación del casino.

¿Qué se espera de todo este proceso? Fundamentalmente, que de manera transparente y apegado a todas las normas legales vigentes, Chillán pueda contar con un proyecto idóneo para su crecimiento y desarrollo urbanístico en el largo plazo. Pero por sobre todas las cosas, que no queden resabios de duda en torno a la legitimidad de todo el proceso de adjudicación y que tanto la autoridad como los empresarios prioricen el mayor beneficio para la comunidad y futura capital de la Región del Ñuble. En este sentido, un aletargamiento innecesario de los plazos y una nueva judicialización del proceso en definitiva podría atentar contra los intereses de Chillán de contar con el cupo y un nuevo polo de desarrollo.

El 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet destacó la necesidad de un desarrollo económico inclusivo, poniendo a las empresas de menor tamaño como actores prioritarios y afianzando la apuesta por democratizar el emprendimiento en nuestro país.

Reconozco el apoyo que se está facilitando a las pymes, por ejemplo, con la agilización en el acceso al financiamiento para aumentar la productividad, creación de empleo o la búsqueda de oportunidades en el extranjero. Sin embargo, a pesar de estos anuncios positivos, es preocupante la falta de análisis de las consecuencias que tendrán algunas de las reformas, como la Laboral, y otros proyectos de ley que endurecen las condiciones del sector productivo.

Por un lado, como emprendedores, nos encontramos con un contexto facilitador y pro-pyme. Por otro, surge intranquilidad por la falta de precisión de algunas reformas, que midan con justicia las capacidades de los emprendimientos y de las grandes compañías. No somos iguales y pedimos que los avances se midan en función del beneficio de todos.

En cuanto a la Reforma Laboral, en su discurso la Presidenta mencionó que ésta concilia la equidad con la productividad. Si bien esta reforma regula mejor los derechos de los trabajadores, en la práctica, pone en riesgo la productividad de las pymes. Por ejemplo, en el caso de las huelgas, las pequeñas y medianas empresas tienen una menor capacidad de absorber sus consecuencias, versus las grandes compañías, lo que atenta contra los dos principios mencionados anteriormente.

Con las reformas impulsadas a lo largo de este primer año de gobierno como telón de fondo, el discurso de la Presidenta deja muchos retos en materia de economía, y señala que su crecimiento es un pilar básico para el desarrollo de nuestro país. Una condición sin la cual ninguna política de equidad e inclusión podría ser viable.

Es en este mismo punto donde hacemos eco en que ninguna reforma que atente contra el crecimiento de alguno de los sectores de la torta, en este caso de las pequeñas y medianas empresas, debiera llevarse a cabo.

José Tomás Infante,