En total 87 parejas solicitaron hora ayer en el primer día de inscripciones para concretar el Acuerdo de Unión Civil (AUC). Las parejas podrán celebrar sus ceremonias a partir del 22 de octubre. El periodista Ítalo Passalacqua y su pareja, Patricio Herrera, fueron de los primeros en inscribirse y contraerán el nuevo vínculo, con el que pasarán a ser convivientes, el 22 de octubre a las 11.30 horas.

Ambos llegaron hasta las oficinas del Registro Civil de la comuna de Las Condes, en Santiago, en compañía de la ministra de Justicia, Javiera Blanco y representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La secretaria de Estado señaló que el AUC "hoy día le permite dar más protección a esas personas que se han vinculado hace muchos afectivamente, que tienen una convivencia estable, pero no tenían la opción de regular los efectos de esa convivencia".

Asimismo se refirió al debate sobre la adopción respecto de este nuevo vínculo. Ahora "se abre el debate de la adopción en el debate de la Unión Civil. Ese debate lo vamos a dar en el Congreso y nos parece que en el Estado democrático hay que darlo".

"Lo importante es que estamos avanzando hacia algo que internacionalmente se nos era requerido en la Convención Americana de Derechos Humanos", celebró Blanco.

La primera inscripción se realizó en Puerto Montt, mientras que ni en la Región del Maule ni en Aysén se registraron solicitudes. La Región Metropolitana lideró las inscripciones, con 24, seguida de la de Valparaíso, con nueve.

Otros que se inscribieron fueron el concejal de Providencia Jaime Parada junto a su pareja; además del escritor Pablo Simonetti. El AUC no es solo para parejas del mismo sexo, sino también para parejas heterosexuales, quienes pasan a ser "convivientes civiles".

El ministro secretario general de Gobierno Marcelo Díez, descartó ayer que haya habido presiones de la Iglesia en la postergación de la votación en general del proyecto que despenaliza el aborto en tres casos específicos, que estaba programada en la Comisión de Salud de la Cámara para el martes. El Ejecutivo informó que la votación sería pospuesta debido a la solicitud de la Democracia Cristiana. El diputado PS Juan Luis Castro, acusó presiones por parte de la Iglesia. Ante esto, el vocero de La Moneda señaló que "lo descarto absolutamente. Nosotros recibimos una petición del presidente de la DC (Jorge Pizarro) que nos pareció razonable, atendible, y la compartimos quienes integramos el comité político, pero también las ministras sectoriales que están a cargo de la tramitación legislativa de este proyecto". El ministro explicó que la decisión de postergar la votación fue tomada por el comité político. "Evaluamos la situación y nos pareció razonable, porque los que nos importa es que el proyecto se apruebe más allá de una votación en particular", afirmó Díaz. Consultado por las críticas al ministro del Interior Jorge Burgos por su rol en la decisión, el vocero indicó que "como jefe del gabinete, lo que hizo (Burgos) fue expresar un acuerdo, al que llegamos todos los ministros del comité político de manera clara y contundente".

La mesa directiva de la Asociación Nacional de la Prensa A.G. se reunió ayer con el presidente del Senado Patricio Walker, para exponer las negativas consecuencias que conllevaría para los diarios, periódicos y revistas del país la aprobación del proyecto de ley denominado "Gestión de Residuos, Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje" (proyecto REP), que se tramita en el Senado.

El senador (DC) Patricio Walker acogió el planteamiento de la ANP para salvaguardar la libertad de expresión y la libertad de prensa en esta iniciativa legal, y coincidió con la preocupación que la ANP representó como asociación gremial. El parlamentario manifestó su apoyo a la solicitud de eliminar de este sistema de reciclaje discriminatorio a diarios, periódicos y revistas.

la iniciativa

El proyecto de ley introduce el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obliga a empresas productoras (fabricantes e importadoras) de productos prioritarios a hacerse cargo de sus productos una vez terminada su vida útil. Según el proyecto, serían productos prioritarios: aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, diarios, periódicos y revistas, envases y embalajes, medicamentos, neumáticos, pilas, baterías, plaguicidas y vehículos.

La propuesta busca establecer metas para la recolección y valorización de estos residuos.

La ANP expresó recientemente que el proyecto podría responsabilizar a editores de medios de comunicación escritos por el destino final de sus productos, una vez terminada su vida útil, o sea, una vez leídos. También entregaría al Ministerio del Medio Ambiente la potestad de fijar el volumen de cuotas de recolección y reciclaje de papel. El no cumplimiento de estos medios los haría acreedores de multas e incluso prohibición de venta. Dicho ministerio tendría la facultad de autorizar de manera previa la circulación de medios escritos.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió ampliar en 90 días la investigación del denominado caso Penta-SQM para indagar en los presuntos delitos tributarios. El Ministerio Público había periodo extender el plazo en 150 días.

El juez Juan Manuel Escobar cuestionó que la Fiscalía Nacional no haya separado las causas Penta y SQM e instó al organismo persecutor a respetar las garantías constitucionales de los imputados, argumentando que, si bien hay diligencias aún pendientes, éstas no involucran a todos los investigados.

"El Tribunal va a ampliar el plazo de cierre de investigación, pero teniendo muy en consideración las garantías constitucionales y la situación de que el Ministerio Público no ha hecho uso de sus facultades de desagrupar investigaciones que se divisa no tienen ninguna relación, de manera que en ese sentido se van a dar tres meses de ampliación", sostuvo el magistrado.

El defensor del ex gerente de SQM Patricio Contesse, Samuel Donoso, solicitó separar las investigaciones, argumentando que el que estén agrupadas tantas en un solo proceso afecta al derecho a defensa.

Para justificar la extensión de la investigación, el fiscal Carlos Gajardo argumentó que el caso comenzó de una forma, pero que con el avance de las indagatorias se dio con nuevas aristas, lo que convirtió a la causa en una de las más complejas desde la reforma procesal penal.

El fiscal añadió que nunca se buscó agrupar los casos, sino que la investigación se fue dando de esa forma. "Se dice que 'la Fiscalía está agrupando las investigaciones', pero no es así su señoría. Acá los que decidieron actuar en conjunto no ha sido la Fiscalía, acá los que decidieron actuar en grupo pandilla, utilizando los términos legales, fueron los imputados que decidieron actuar concertadamente en un número que estamos determinando", dijo Gajardo.

La defensa del diputado de la UDI Felipe de Mussy, Luis Saldías, Pablo Zalaquett y del senador Iván Moreira no rechazaron la solicitud de la fiscalía.

En tanto, los abogados de los controladores del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, se opusieron a aumentar el plazo de la investigación, y propuso que, en caso de que así se resolviera, fueran 30 días adicionales.

Mientrasm la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer sustituir el arresto domiciliario total que fue decretado el lunes por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en contra del ex senador y ex presidente de la UDI Jovino Novoa.

Según el tribunal de alzada, la medida cautelar dictada es acorde a la gravedad de los delitos que fueron imputados contra Novoa, que corresponden a ilícitos tributarios e infracción a la ley de donaciones en el marco del caso Penta-SQM.

El juez Juan Manuel Escobar acogió la solicitud de la defensa de los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín y de la del ex subsecretario Pablo Wagner, y revirtió la medida cautelar de arresto domiciliario total, que había sido decretada en abril, sustituyéndola por arresto domiciliario nocturno. El juez acogió el argumento de que en esta etapa procesal el arresto total no es la única medida precautoria. La fiscalía anunció que analizará la resolución antes de confirmar si apelará o no, porque no han variado los antecedentes presentados por el Ministerio Público al momento de la formalización.