" Sin duda, Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos que perseguir penalmente", fue la frase que causó mayor eco desde que Sabas Chahuán la pronunció en su Cuenta Pública, en abril de este año, refiriéndose a los casos más mediáticos que vinculan a políticos y financiamiento irregular de campañas electorales, lo que ha mermado la imagen de estabilidad democrática en el país.

En esa misma ocasión, el fiscal Chahuán detalló que por este tipo de delito, durante 2014, el Ministerio Público registró una cifra de un 0,1% del total de las investigaciones que ingresaron a la institución. Fueron 1.373 causas de corrupción las ingresadas durante el año, que en comparación con 2013 mostraron una disminución de un 2,83%.

Nivel Local

Crónica Chillán

De ellas, 367 fueron terminadas, 79 fueron suspendidas por no encontrarse delito a investigar y, a la fecha, 70 causas están plenamente vigentes.

El fiscal jefe de la fiscalía de Chillán, Pablo Fritz, señaló que las causas locales son tan bajas como fueron presentadas por el fiscal Chahuán a nivel nacional.

"Nosotros tenemos un ingreso, en general, muy bajo, por delitos de corrupción. A nivel nacional y local. Son en promedio 100 causas por año, habiendo en promedio 18 mil denuncias que ingresan solo en la fiscalía de Chillán anualmente", señaló el fiscal Fritz, quien se cuadró con las palabras el fiscal nacional.

"La fiscalía tiene una unidad especializada en delitos de corrupción, porque siempre entendemos que nuestra misión dentro del Estado de Derecho es mantener los límites de corrupción en el más bajo nivel posible, ya que sabemos que cuando se institucionaliza la corrupción se debilita la democracia", manifestó el abogado persecutor, quien añadió que los casos son tan escasos que a través del Congreso no se ha legislado sobre nuevas medidas para acabar con el flagelo cometido por funcionarios públicos.

"A veces, incluso las sanciones asociadas a los delitos de corrupción no son las más altas y los imputados no van a cumplir pena en la cárcel, pero es relevante que dentro de las sanciones está la pérdida de calidad de funcionario público", comentó el fiscal Fritz.

Con respecto a las cifras, éstas registraron () una leve disminución durante 2014 (65 causas), en relación a 2013 (79 causas). No obstante, esta cifra para el fiscal Pablo Fritz está dentro de los términos marginales.

"Es un número normal y los delitos de la corrupción son bajos y una variación mínima, así que porcentualmente no es significativo", aseguró el Fiscal Fritz.

Causas emblemáticas

Presuntas irregularidades en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Chillán Viejo, donde se habrían producido gastos excesivos y otros injustificados en la casa edilicia que administra el alcalde Felipe Aylwin son investigados por el fiscal Álvaro Serrano, de Yumbel, quien -según el mismo fiscal jefe- es uno de los abogados persecutores con prestigio de indagar a funcionarios públicos.

También está el caso de la fiscalía de Chillán, donde la fiscal Patricia Suazo es quien también lleva adelante las indagatorias contra la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardúa, a quien se le formalizó por "acarreo electoral" en el marco de la campaña municipal del año 2012.

Un tercer caso, para el fiscal Fritz, es emblemático en el caso de Ñuble. Se trata de una causa que él mismo dirigió y tuvo que ver con la acusación contra seis funcionarios municipales de la comuna de Bulnes, incluyendo al ex alcalde Rodrigo de la Puente, quien junto a otros cinco trabajadores públicos falsificaron documentos de habitantes de la comuna para entregarles un beneficio especial post terremoto del 2010, para el cual no reunían el principal requisito, que era ser damnificado.

Este último caso finalizó el lunes recién pasado en el tribunal Oral de Chillán; solo la ex administradora municipal, Silvia Orrego, fue absuelta de todo cargo. El resto, incluyendo al alcalde Rodrigo de la Puente, fue condenado por el delito de fraude al fisco.

Según cifras del Ministerio Público sobre los tiempos de investigación y enjuiciamiento de la corrupción, a nivel de salidas judiciales en el país, tan solo el tiempo promedio de tramitación es de 595 días, convirtiéndose en la segunda categoría más prolongada considerando los demás de delitos.

Por otra parte, en relación a las salidas no judiciales, éstas tienen un promedio es de 398 días, el tercer promedio más lento de todas las demás categorías delictuales.

preocupación

Desde la fiscalía de Chillán, Fritz afirma que el Caso Penta y el Caso SQM han generado empatía desde la comunidad hacia el Ministerio Público, dando una señal de probidad de parte de la institución y el aparato judicial. No obstante, aclara que tras cada denuncia no significa que haya alguien culpable.

"No se trata de perseguir a funcionarios públicos ni a quienes ejercen poder, sino que perseguir a las personas que no entienden lo que es la función pública", precisó el fiscal Pablo Fritz.

Por su parte, el abogado Paulo de la Fuente, quien hasta hace un mes se desempeñó como el presidente del Colegio de Abogados de Chillán, aseguró que Chile no es un país corrupto, cuadrándose con la declaración de Sabas Chahuán.

Sin embargo, aclaró que se ha generado en el país un clima de odio hacia cualquiera que sea denunciado. "Incluso hay negligencia por desconocimiento de las normas y puede haber instituciones, como en todo grupo o institución social, donde se cometen irregularidades, pero hablar de que Chile es un país corrupto, no me parece", dijo de la Fuente, quien fue crítico con el enjuiciamiento público antes de las sanciones judiciales.

"Debería haber un método que regule eso, porque se genera una visión distinta y la realidad es otra en Chile, entonces uno hace la denuncia, que si termina en nada, el resultado es una familia afectada y que queda en el colectivo como si hubiese sido cierta la acusación".

Por lo mismo, afirmó, es menester esperar el funcionamiento del aparato judicial antes de emitir opiniones, "que no están respaldadas con cifras, especulaciones o denuncias infundadas", dijo.