Los magistrados del tribunal Oral de Chillán dieron ayer conocer los argumentos esgrimidos para condenar a cinco ex funcionarios del municipio de Bulnes; incluyendo al ex alcalde, Rodrigo de la Puente, quienes -infructuosamente- entregaron subsidios a falsos damnificados del terremoto de 2010.

En un documento de 156 páginas, los tres jueces determinaron los años de condena para cinco de los seis acusados, ya que la ex administradora municipal, Silvia Orrego, fue la única que resultó absuelta del delito de fraude al fisco en grado frustrado.

No obstante, la misma suerte no corrió Rodrigo de la Puente Acuña, ex Alcalde la de Municipalidad de Bulnes; quien fue condenado por el delito de fraude al fisco en grado frustrado a la pena de tres años de libertad vigilada intensiva.

Asimismo, por igual delito y al mismo tiempo de pena, fue condenado Luis Muñoz, consultor y ex funcionario de la intendencia del Bío Bío durante 2010 (mientras Jacqueline Van Rysselberghe era la titular), quien habría propuesto la entrega de subsidios especial post terremoto a los vecinos de los comités de Nueva Aurora y Tres Esquinas, pese a que estos no habían sido damnificados por el sismo 8.8 grados que ocurrió el 27 de febrero de 2010.

Además; el ex Director de Obras Municipales de Bulnes, Carlos Rodríguez Sáez; la ex encargada de la Egis Municipal de Bulnes, Nivia Jiménez Guevara y Hugo Soto Barra, ex Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad (ITO) fueron condenados a 3 años 1 y día de libertad vigilada intensiva por los delitos de fraude al fisco (frustrado) y falsificación de instrumento público en carácter reiterado, ya que ellos habrían participado en la elaboración de documentos que respaldaban la condición de 21 habitantes de la comuna, quienes recibirían un monto total de 9.450 Unidades de Fomento por parte del Estado para reparar casas que ni siquiera existían.

breve audiencia

De los condenados, sólo Hugo Soto se presentó en la segunda sala del tribunal Oral para escuchar la resolución de los jueces Óscar Ruiz, Carolina Vásquez y María Alejandra Cruz.

En una audiencia que comenzó cuando faltaban 10 minutos para las 2 de la tarde, y finalizó 12 minutos después, el presidente de la sala (el juez Ruiz) aclaró uno por uno los principales hitos de la condena.

Entre ellos se encuentra el hecho de que cada uno de los cinco condenados deberá pagar una multa de $1.188.548, correspondiente "al 0,5% de 9.450 Unidades de Fomento, equivalentes al monto pretendido a defraudar", según afirmó el juez Óscar Ruiz, al leer el fallo.

Además, estableció que los cinco ex funcionarios públicos tendrán "la inhabilitación temporal para cargos, empleos u oficios públicos durante un periodo de 61 días y la accesoria general de inhabilitación para derechos políticos durante el tiempo que dure la condena". Asimismo, los cinco deberán acreditar la realización de cursos sobre educación cívica.

Asimismo, el juez Ruiz dejó en claro que a los cinco condenados se les sustituyó la pena privativa de libertad bajo la condición de que durante el periodo que estén pagando por el delito, no podrán cometer otros ilícitos.

reacciones

Al término de la audiencia, la abogada Ingrid Landeros, defensora de Rodrigo de la Puente manifestó su desconcierto por la pena dictada por el tribunal y por lo mismo, prefirió omitir comentarios, en tanto analiza la sentencia.

Por otra parte, el abogado Milton Parra, abogado de Hugo Soto y Luis Muñoz aseguró que "se presentará un recurso de nulidad una vez que se estudie el contenido de la sentencia y si así lo amerita".

Por su parte, el fiscal Pablo Fritz señaló que la resolución los deja conformes, teniendo en cuenta la complejidad de formar convencimiento entre los jueces la existencia de los delitos de corrupción. "Si bien no nos definimos como una sociedad altamente corrupta, hay que evitar que esto se propague", subrayó Fritz.

Asimismo, el abogado persecutor destacó las claves de la investigación que propiciaron la condena. "La conjunción de los distintos medios de prueba fue clave, porque nadie deja registro de texto, audio, video, ni otro elemento objetivo para reproducir las conversaciones y acuerdos, pero el conjunto de evidencia documental la que nos ayudó mucho".

Atenuantes

El Ministerio Público aceptó -y también los jueces- una atenuante que permitió que los acusados no recibieran condena de cárcel, que es la irreprochable conducta anterior. Sin embargo, rechazó la atenuante de colaboración sustancial en la investigación, en los cinco casos que fueron solicitados por sus respectivas defensas.

Por su parte, el tribunal dictaminó desestimar esta última atenuante contemplada en el código penal, en los casos del ex alcalde de Bulnes, Rodrigo de la Puente, además de Carlos Rodríguez y Luis Muñoz, aseverando que " la intervención que tuvieron durante la investigación según refirieron los funcionarios investigadores se limitó en cada caso a cumplir con los requerimientos de la Fiscalía, y si bien Carlos Rodríguez prestó declaración en juicio no aportó antecedente relevante alguno en orden a esclarecer los hechos".

Con respecto a Hugo Soto y Nivia Jiménez, el tribunal concedió la atenuante y rebajó en un grado la pena asignada. Esto "en atención a lo sostenido por el Ministerio Público, en referencia a la participación que tuvieron durante la investigación los condenados Soto Barba y Jiménez Guevara, en el sentido que hay un matiz por haber reconocido ciertos hechos, se procederá a acoger en su favor la aminorante alegada facilitando la prueba de la participación de ambos acusados", reza el documento del Poder Judicial.

Dado este paso, los intervinientes cuentan con un plazo de 10 días para presentar un recurso de nulidad, el cual -eventualmente- sería revisado por la Corte de Apelaciones de Chillán. En caso de ser anulado, el o los beneficiados deberán enfrentar un nuevo juicio, que en su primera instancia ya significó ser el más largo de la historia, desde que entró en vigencia la reforma procesal penal en el país.

"Yo creo que la conjunción de los distintos medios de prueba fue clave, porque nadie deja registro de texto, audio, video, ni otro elemento objetivo para reproducir las conversaciones y acuerdos".

Fiscal Jefe de Chillán

En Ñuble, presuntas irregularidades en la Dideco de Chillán y un supuesto acarreo político que involucra a la alcaldesa de San Fabián son ahora las dos causas vigentes por delitos que investiga la fiscalía y que tienen que ver con denuncias contra funcionarios públicos. Según información solicitada por Crónica Chillán vía transparencia, desde enero 2010 hasta junio del presente año, se han investigado 515 denuncias. No obstante, el fiscal Pablo Fritz aclaró que esta suma representa el 0,5% del total de causas que ingresan a la fiscalía de Chillán, donde se reciben -en promedio- 18 mil causas por cada año.

10 días para recurrir de nulidad

tienen los abogados defensores, o fiscalía por Silvia Orrego, si es que desea impugnar la decisión del tribunal Oral de Chillán. Para ello deben presentar el recurso ante tribunal de alzada.

1.188.548 pesos

Es la suma que deberá pagar cada uno de los 5 condenados por concepto de multa. Esto es el 0,5% del monto por el cual se quiso defraudar al Estado de Chile.