El ministro en visita Mario Carroza decidió procesar a seis de los militares en retiro en calidad de autores de homicidio calificado y a uno como cómplice, por su responsabilidad en el denominado caso quemados, en el que Rodrigo Rojas de Negri perdió la vida y Carmen Gloria Quintana resultó con graves quemaduras.

El mismo magistrado explicó que los uniformados (r) fueron encausados por ese delito por la muerte de Rojas, quien falleció cuatro días después de los incidentes ocurridos el 2 de julio de 1986, mientras que se les procesará por el ilícito en grado frustrado en el caso de Quintana, pues sobrevivió a los hechos.

Esta semana Carroza ordenó la detención de Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañer, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo, por su posible responsabilidad en el crimen, luego de que surgiera el testimonio de Fernando Guzmán, un ex conscripto que dijo que fue testigo de los hechos.

Castañer fue indicado por Guzmán como el autor material del atentado y durante su traslado de Punta Arenas a Santiago para ser interrogado, fue "funado" por un grupo de personas en el aeropuerto de la ciudad austral.

"Se ha resuelto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas, particularmente seis de ellos como autores y uno como cómplice. Los seis autores serían los oficiales y los suboficiales que comandaban las patrullas, y un conductor del camión, el señor Hernández, que hoy en día llegó a declarar desde Valdivia, estaría en calidad de cómplice", señaló el juez.

Los militares (r) se encuentran detenidos en el Regimiento de Policía Militar N°1 de Peñalolén a la espera de las diligencias que determine el magistrado y de las acciones que decidan tomar sus abogados.

Durante la jornada de ayer Carroza tomó la declaración de Sergio Hernández, quien debió ser trasladado por personal de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI desde Valdivia hasta la capital.

Carroza señaló que continuará con las diligencias de la investigación en los próximos días, entre las que se cuentan la toma de declaraciones de los 17 ex conscriptos que se encontraban en la patrulla en la detención de los jóvenes quemados el día que ocurrieron los delitos indagados.

El ministro no descartó llamar a declarar al general (r) Santiago Sinclair Oyaneder, quien fue vicecomandante en jefe del Ejército, integrante de la Junta Militar y senador designado.

Verónica de Negri, la madre de Rodrigo Rojas, acusó al Ejército de encubrir a los responsables de la muerte de su hijo y le pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que cierre el penal Punta Peuco. "Este pacto de silencio tiene que terminar, pero no sólo eso, todos los militares que han cometido delitos de lesa humanidad tienen que ser degradados. Tiene que cerrarse Punta Peuco, y la Presidenta (Bachelet) tiene el derecho a firmar un decreto que ordene eso. Terminemos con los privilegios de los militares", afirmó De Negri ayer.

El ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, declaró por tres horas como testigo ante la Fiscalía en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios del denominado caso SQM. A su salida del Ministerio Público, el ex secretario de Estado insistió que dio su testimonio en calidad de testigo y no como imputado y que respondió a todas las consultas de los persecutores. "He concurrido hoy día como testigo, como le corresponde a cualquier ciudadano. He contestado todas las preguntas que se me han realizado, y en cuanto a la información de la investigación que se está llevando a cabo, el señor fiscal me ha señalado que tiene un carácter de reservada", dijo. El nombre de Arenas surgió en la investigación cuando el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, lo indicó como la persona que lo contactó para realizar los estudios para la empresa AyN de Giorgio Martelli.

El cuerpo del joven chileno Erik Patricio Morales Navarro (28) fue encontrado calcinado junto al de su pareja de nacionalidad boliviana Lizandra Colque Romero, al interior de un domicilio en Oruro, Bolivia. Ambos fueron hallados el 21 de julio, luego de que la familia de la mujer denunciara su desaparición. Según CHV, la familia del chileno no sabía de su paradero desde el 21 de abril, cuando decidió seguir a su pareja a Oruro. El sargento de la policía de Oruro Gari Arias, dijo a Emol que en la autopsia constataron que "en la data de muerte de las dos personas existe una diferencia aproximadamente de dos semanas (...) Lizandra Colque habría fallecido dos semanas antes". El cuerpo de la mujer evidenciaba estrangulamiento y compresión cervical, y el del joven tenía indicios de asfixia por sofocación, daños internos y una herida cortopunzante en el brazo izquierdo que comprometía una arteria.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) concurrió este viernes hasta el ministerio de Defensa para solicitar garantías de no discriminación a los uniformados de igual y distinto sexo que quieran contraer el Acuerdo de Unión Civil (AUC).

En reunión con el subsecretario de la cartera, Marcos Robledo, la agrupación planteó que se regule la situación previsional de convivientes militares, ya que este aspecto quedó fuera de la ley, cuya promulgación se concretó en abril pasado y que a partir del 22 de octubre próximo comenzará a regir con las primeras celebraciones

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, comentó que en la cita "hemos sido bastante claros en plantear al subsecretario la necesidad de zanjar de aquí a octubre" esta temática.

"Se nos ha informado que los comités de directores personales del ministerio de Defensa ya están revisando toda la normativa interna para ajustarla al AUC y el Ejército ya está evaluando cómo extender a los convivientes civiles el beneficio de casas fiscales para casados, lo que es una buena noticia", agregó el dirigente Rolando Jiménez.

Asimismo, en el encuentro se analizó el avance del Grupo de Trabajo por la Diversidad, instancia integrada por representantes de todas las ramas uniformadas, que fue creada en 2014 por el ministerio de Defensa para analizar la situación de la diversidad sexual, las mujeres y los pueblos indígenas en las FF.AA.

"Propusimos que el Grupo de Trabajo avance en la aplicación de una encuesta para conocer la percepción que tienen los militares sobre la diversidad sexual y grupos discriminados. El Ejército ya efectuó un sondeo el 2012, pensamos que ahora debe replicarse la experiencia en todas las Fuerzas Armadas, pues un adecuado diagnóstico posibilita profundizar cambios culturales y no sólo normativos a favor de la igualdad", añadió Jiménez.

El Acuerdo de Unión Civil reconoce y regula ante la ley los diversos aspectos familiares, patrimoniales y derechos de salud, laborales y previsionales de la relación que mantienen todas aquellas parejas mayores de 18 años, que hacen una vida en común, que no tengan un vínculo de consanguinidad ni estén casados al momento de formalizar su situación.