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En el marco de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público por el caso SQM, el ex vicepresidente de Renovación Nacional y actual Core del Bíobío, Claudio Eguiluz, hizo sus descargos contra el informe realizado por la PDI, en el cual lo acusan de tener una 'empresa de papel'.

"Me extraña la redacción que da la PDI al informe. Lo que expone la policía tiene claramente un sesgo político", declaró Eguiluz.

Esta situación se dio luego que el escrito asegurara que el hijo y socio del actual consejero regional no supiera definir cuál era la dirección actual de la empresa de su padre, información dada a conocer por La Tercera.

"Eso no fue lo que dijo mi hijo, lo que dijo él fue que la dirección de la empresa se había cambiado hace poco y que él no sabía la dirección, porque queda en la panamericana norte, por ende el número no está identificado. Eso es muy distinto a no saber. El informe de la PDI miente", agregó el Core.

Argumentos

Eguiluz aseguró estar muy tranquilo, desmintió tener una empresa inexistente y enfatizó que él está "completamente limpio".

Recordemos que el consejero aparece mencionado en la acción judicial ingresada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) el pasado 2 de abril por la emisión de boletas de honorarios por un monto de $112.500.000.

"No hay ninguna acción judicial en contra mía, están los impuestos pagados, los trabajos se hicieron. SII no encontró nada para querellarse contra mí, solo lo hizo por 6 boletas de cuatro personas, porque la otras dos son las declaraciones de Cristian Fuentes que ha dicho que me pasó la plata mí, son las tres personas de la Junji que emitieron 4 boletas que dicen que yo me quedé con la plata, por ese motivo es la querella que tiró Impuestos Internos por la ley de donaciones", expresó.

La querella contra Eguiluz se basa en una infracción al artículo 97, inciso 4, que solicita que el consejero regional sea investigado como presunto coautor de facilitación de boletas falsas.

"Yo jamás me quedé con esas platas y esas tres personas de la Junji van a tener que probar lo contrario", manifestó Claudio Eguiluz, y agregó: "Estamos evaluando iniciar acciones legales por perjuicio moral".

Recordemos que el organismo fiscalizador decidió querellarse en contra del consejero regional del Biobío, luego de que el Octavo Juzgado de Garantía anulara su formalización por la ausencia de una escrito acusatorio en su contra, ante lo cual el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, declaró públicamente su molestia, acción que posteriormente significaría la decisión del SII para presentar la acción judicial.

Medir los tiempos de respuesta del personal de Gendarmería y de los organismos de emergencia correspondientes frente a una situación de conflicto, fue el objetivo del exitoso simulacro de incendio efectuado ayer a las 8:30 horas en dependencias de la sección femenina de la cárcel de Chillán.

Cerca de 25 funcionarias participaron del procedimiento, que consistió en recrear un incendio, con el desalojo de las internas y la contención de ellas en un gimnasio del interior. Además se recreó la salida de una de ellas al hospital de Chillán.

Versiones distintas y una investigación en curso es lo que puede advertirse en el caso policial que tiene como protagonista al alcalde de San Ignacio, Wilson Olivares.

Crónica Chillán

"Sí, yo iba manejando y tuve un accidente, gracias a Dios no me pasó nada ni al conductor que choqué por alcance, pero me fui del lugar porque llegó una turba de gente de oposición, liderada por el concejal Rodríguez, y obviamente sentí que peligraba mi vida y como ya había conversado con el dueño del vehículo preferí retirarme", fue la declaración de Wilson Olivares el día lunes.

Sin embargo, la información no es coincidente con lo que horas más tarde emitió el municipio de San Ignacio por medio de un comunicado.

"Ante la imposibilidad de comunicarse telefónicamente con Carabineros y luego de tener certeza respecto que nadie había resultado herido, el alcalde intentó ir personalmente a Carabineros (…) en el trayecto fue informado que ellos ya iban en camino y que le habrían dicho que no regresara al lugar porque habían llegado personas, que no habían estado involucrados en el accidente y que mostraban violencia verbal en su contra", detalló el comunicado.

La fiscalía de Bulnes encargó a la Siat de Carabineros llevar a cabo la investigación del caso, situación que se presenta complicada. Esto, ya que al haberse retirado del sitio del suceso, el alcalde no fue sometido a la alcoholemia de rigor, lo que dificulta aún más las indagaciones, que pretenden determinar qué fue lo que realmente sucedió esa noche en el km 19 de la denominada "ruta de la muerte" y porqué el edil decidió retirarse del lugar sin haber seguido el conducto regular de estos procedimientos.

Una querella criminal por el delito de lesiones estudia presentar en los próximos días el Área Jurídica de la Dirección Regional del Biobío por una agresión con arma blanca que afectó al sargento Sergio Navarrete al interior del CCP Bulnes durante un proceso de encierro el domingo recién pasado. A la acción judicial se suma una amenaza de muerte proferida a otro funcionario en acto de servicio poco después de ocurrido el incidente.

El alcaide del penal, capitán Gonzalo Monzón, precisó que el carácter de las heridas es leve y el funcionario retornó sin dificultades a su trabajo de rutina.

"Fue una situación aislada, cubierta con efectividad, sin haber registro de forcejeo ni agresión hacia la población penal", detalló, dejando entrever la limpieza del procedimiento.

El interno, de 31 años, identificado con iniciales PAA, ingresó transitoriamente al penal de Bulnes para terminar sus estudios de enseñanza media en el liceo politécnico y tras protagonizar -un acto considerado falta grave al régimen interno- fue derivado al CCP Biobío.

Monzón consideró grave el hecho e instruyó reforzar planes que comprometan desplazamiento de población penal, sin descuidar el uso riguroso de equipamiento para la protección del personal.

Monzón trajo a colación la ley 20.214 sobre nuevos delitos en contra de funcionarios de Gendarmería en acto de servicio o en función de éste, cuya sanción será incrementada en un grado por disposición de los tribunales de justicia.