El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile anunció un nuevo proceso de inscripción para rendir la PSU, pese a que el último llamado culminó el 10 de agosto. La medida se adoptó luego de recibir un gran número de solicitudes fuera de plazo, por lo que la institución acordó fijar un nuevo plazo entre el 14 y el 28 de septiembre. "El objetivo de este nuevo periodo será atender la numerosa cantidad de solicitudes de inscripción que han llegado mediante nuestra Mesa de Ayuda y redes sociales. Y en conocimiento de esos casos, se entregará una última oportunidad con los mismos requisitos", explicó la directora del Demre, Leonor Varas.

Hasta mañana tendrá que esperar la fiscalía para saber si podrá formalizar a Claudio Eguiluz, consejero regional RN, por los delitos de facilitador de boletas ideológicamente falsas, apropiación indebida y otros delitos tributarios.

El ex vicepresidente de Renovación Nacional está siendo investigado por la emisión de 25 facturas, por 125 millones de pesos, a SQM, las que corresponderían a boletas ideológicamente falsas.

Ayer el fiscal Emiliano Arias concurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir el fallo del 27 de julio, cuando la jueza Ema Pinto, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó el procedimiento, argumentando que el Servicio de Impuestos Internos, SII, no había presentado acción judicial en contra de Eguiluz por esta materia.

"Lo principal de nuestra alegación es que nosotros no necesitamos querella denuncia nominativa del SII como para formalizar investigación, pero sí necesitamos como acto esencial del servicio que esté denunciado un hecho como constitutivo de delito y así es competencia del Ministerio Público el determinar quiénes son los autores, cómplices o encubridores en ese hecho y en su momento, cuál es la calificación jurídica del mismo", expresó Arias al salir del tribunal. En tanto, la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones, que vio la presentación, optó por dejar en suspenso hasta mañana su decisión.

Fiscalía indaga a más de 100 personas y empresas asociadas al uso indebido de boletas, emitidas a SQM, las que habrían sido usadas para financiar campañas políticas. Por estos hechos ya formalizó al ex parlamentario Alberto Cardemil y al diputado Felipe de Mussy.

La ministra de Salud, Carmen Castillo, respondió a la denuncia realizada por la ONG Vivo Positivo, que aseguró que varios pacientes con VIH no reciben sus tratamientos cuando quedan sin trabajo, a pesar de que sus medicamentos están garantizados por el Auge. "El que está carente de trabajo es de más alto riesgo, por lo tanto tenemos que preocuparnos de que siga recibiendo el medicamento aquella persona cesante. Hemos instruido regularizar esta situación a la brevedad", dijo la secretaria de Estado. Castillo explicó que se enteraron de la situación a través de la acusación realizada por los propios pacientes y resaltó que la situación "no es habitual". "Hay que darles tratamiento y no suspenderlo como sucedió", dijo. "Porque el Ministerio se preocupa a través de Fonasa que la persona cuando deja de tener sus cotizaciones al día, ubicar de qué se trata. No es que se haya traspasado a un sector privado", enfatizó.

Parlamentarios de RN criticaron el déficit que registra el Transantiago y el proyecto de ley que busca aumentar el presupuesto del sistema en más de US$ 200 millones. "No vamos a aprobar este nuevo subsidio si no incorporan medidas de fondo para resolver el problema. Es un completo fracaso, pero no significa que no tenga solución", sostuvo el senador de Renovación Nacional Andrés Allamand. El diputado Leopoldo Pérez, de la misma tienda, agregó que "el Transantiago llegó a su ocaso y emplazo a las autoridades de Transporte a transparentar los costos reales de la operación del sistema y comenzar un rediseño gradual, considerando que en 2018 vence la mayoría de los contratos de concesiones".

El fiscal nacional, Sabas Chahuán, nombró ayer como jefe regional de Antofagasta al fiscal Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, quien actualmente es investigado por presuntos hechos de violación de secreto.

Ayala asumirá su cargo el próximo 10 de octubre cuando cese sus funciones el actual fiscal regional, Cristián Aguilar.

La designación ocurre en momentos en que el persecutor enfrenta una causa penal en su contra por supuestas filtraciones del caso Penta-SQM desde la Fiscalía al Ministerio del Interior.

La indagatoria aún está en curso y es liderada por su par de Tarapacá, Manuel Guerra.

La Asociación Nacional de Fiscales cuestionó el proceso de selección y calificó el método utilizado como "una silla musical", debido a que a su juicio, no existían posibilidades reales para que fiscales adjuntos pudieran ascender.

Hace algunas semanas fue designado como jefe regional de Los Ríos el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, y el nombre de Ayala sonaba fuerte para la Región de Antofagasta.

Alberto Ayala disputaba el puesto con Hugo León Saavedra, actual abogado asesor de la Fiscalía Regional de Antofagasta y quien obtuvo un voto por parte de la Corte de Apelaciones al momento de la elección de la terna; y con la fiscal de la zona Ana María Escobar González, quien obtuvo tres votos para integrar la terna.

Ayala agradeció la designación y reafirmó que "soy el primer interesado en que se aclaren los hechos" sobre supuestas filtraciones que actualmente se investigan en su contra.

Integrantes del Consejo de Rectores (CRUCh) se mostraron divididos ayer respecto de los planes del Gobierno para la gratuidad en la educación superior. El rector de la UC, Ignacio Sánchez, propuso postergar el inicio de esta medida -fijado para 2016-, pero la idea no encontró respaldo en la máxima autoridad de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.

Sánchez argumentó su recomendación afirmando que "no hay tiempo para hacer un proceso serio y responsable" y criticó la "incertidumbre" que, a su juicio, han generado los cambios en el itinerario del Ejecutivo.

"Hay bastante incertidumbre, que comienza con las informaciones del 21 de mayo de la Presidenta (Michelle Bachelet) y después van cambiando sucesivamente hasta tener el pasado jueves una nueva versión", sostuvo el rector en radio ADN, en alusión a los últimos ajustes realizados por el Ministerio de Educación a los criterios para que los planteles accedan al beneficio el próximo año.

A los requisitos fijados previamente se sumó la opción de que a los cuatro años de acreditación el plantel esté certificado "tres años en las dos áreas obligatorias y además en el área de investigación". Además, se especificó que las instituciones no pueden poseer "como integrantes de la corporación o fundación universitaria, sociedades comerciales con fines de lucro que puedan elegir sobre un 10% de los directores de la universidad".

"Llama mucho la atención, porque el mismo Ministerio de Educación nos había dado como plazo para entregar nuestras observaciones al documento de educación superior el jueves pasado, mismo día en que aparece una modificación como ésta, que son importantes, porque incluyen este cambio que habla de universidades estatales y el resto del sistema privado, que no es menor y afecta muy fuertemente a la valoración que hace el Ministerio a un grupo importante de universidades tradicionales que han colaborado al desarrollo de la educación superior", dijo Sánchez.

Valle descarta propuesta

El vicepresidente del CRUCh y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, dijo que la posición de postergar el inicio de la gratuidad "no la hemos discutido específicamente" al interior de la entidad, por lo que descartó, por el momento, que se pueda concretar como postura.

"Hemos hablado de avanzar especialmente con los sectores más vulnerables, esa es la posición del CRUCh y la que vamos a mantener. La mayoría de nuestros estudiantes requiere de la mano solidaria urgente del Estado", manifestó el académico en radio "Cooperativa".

Sin embargo, concordó con el rector de la PUC y sostuvo que las últimas modificaciones presentadas por el Ejecutivo se "tratan de cambios inconvenientes e innecesarios" que "han venido enredando, finalmente, la propuesta de gratuidad para 2016, porque después luego contribuyen a la incertidumbre".

El rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, defendió la idea de dar un trato preferente a los planteles estatales, después de que el documento publicado la semana pasada por el Mineduc hiciera una distinción entre las casas de estudio "estatales" y "privadas", incluyendo en estas últimas a las tradicionales que integran el CRUCh. "Siempre debió haber un estatus especial para las universidades del Estado", sostuvo Vivaldi tras un cónclave en que académicos, funcionarios y estudiantes de la U. de Chile definirán una postura sobre educación superior para presentar al Ministerio.