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Consejo resolutivo suspende decisión sobre casino de Chillán

ñuble. Instancia esperará el pronunciamiento de la Justicia sobre el recurso de protección interpuesto por Boldt- Peralada.
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El Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) decidió suspender el pronunciamiento necesario para resolver el Proceso de Otorgamiento de Permiso de Operación para un Casino de Juego en la comuna de Chillán, en la Región del Bío Bío. Actualmente Marina del Sol y Boldt- Peralada buscan quedarse con el casino. Según informó la propia SCJ, la decisión se adoptó debido a que existe un recurso de protección interpuesto en la Corte de Apelaciones de Concepción por parte de una de las sociedades postulantes. De esta manera, el Consejo Resolutivo considera que la situación judicial pendiente no permite pronunciarse adecuadamente sobre la materia. La decisión del Consejo Resolutivo fue adoptada en la sesión del 25 de agosto de 2015, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 25 de la Ley N° 19.995, 32 del Decreto Supremo N°211 y 4 del Decreto Supremo N°329, ambos de 2005, del Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia tiene las atribuciones exclusivas de otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación de casinos de juego en el país. El órgano colegiado está conformado por el Subsecretario de Hacienda, el Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el Superintendente de Valores y Seguros, la Subsecretaria de Turismo, dos representantes del Presidente de la República nombrados en 2013 y el Intendente de la Región del Biobío. Con esta decisión, una vez más se dilata la resolución sobre que empresa se adjudicará finalmente la licencia para quedarse con el futuro casino de Chillán. En este caso fue la firma Boldt- Peralada la que volvió a presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción cuestionando la segunda votación del Core del Bío Bío que otorgó

Fiscalía investiga a ex asesor de Harboe por dineros recibidos de Grupo Angelini

política. Ex colaborador habría recibido una suma de 20 millones de pesos, de empresas Copec.

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La investigación que lleva adelante el Ministerio Público, por el recibo de boletas, ideológicamente falsas, por parte de cinco asesores de figuras políticas, salpicó al senador Felipe Harboe.

Así lo consigna una publicación de la revista Qué Pasa, que señala que al financiamiento del Grupo Angelini a Giorgio Martelli, a quien se le asocia como el recaudador de fondos para la campaña de Michelle Bachelet, se anexan otras pesquisas, hechas por parte del Ministerio Público como lo es el traspaso de fondos, a través de asesores, a los excandidatos presidenciales Andrés Velasco y Marco Enríquez-Ominami. Es en este punto donde también aparece vinculado el senador de la zona, quien de la misma forma, habría recibido montos a través de su ex asesor, el abogado Raúl Arrieta.

"No tengo ninguna duda que Felipe Harboe tiene una explicación para esta situación pero hay que darle la oportunidad que se sepa toda la verdad y se transparente, para no matar la actividad política ahora porque eso es lo que está pasando y aparecen casos uno por uno y finalmente queda la sensación que es una situación permanente y de todos los que están en la política y esa situación no es así", aseguró Frank Sauerbaum, presidente regional de Renovación Nacional.

se contactó con el parlamentario del PPD, a través de su asesora de prensa, sin embargo ésta informó que el senador no emitiría pronunciamiento respecto de los antecedentes que se publican y que lo vinculan al caso.

Entre las versiones que surgieron, referente a las asesorías que prestó Raúl Arrieta, se confirmó que estas fueron durante el año 2012, ya que dentro del registro de consultorías hechas por Arrieta a Felipe Harboe, en su último periodo, no aparece registrado.

"Creo que todos tienen que dar una explicación y clarificar cual es el rol que jugaron en el financiamiento en las campañas porque creo que hay una explicación legal para lo que se está descubriendo, pero una cosa tiene que ver con lo legal y otra con los hechos", aseveró el presidente regional de RN.

Arrieta fue llamado a declarar, ante el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde la información que se manejaba, en ese momento era por los 12 millones de pesos recibidos a cambio de asesorías hechas a Corpesca (empresa que pertenece al grupo económico Angelini).

"Claramente en la medida que haya más involucrados, eso tiende a generalizar la situación y tiende a pensar que todo el mundo, de alguna manera, tiene algún grado de relación con los hechos que son ilegales y hacen dudar de la calidad de la política y de la honestidad de quienes se dedican a la política y entonces es decepcionante porque uno tiene la esperanza de que sobre todo los más jóvenes que ingresan a la actividad política estén en una posición distinta", comentó Sauerbaum.

Hoy un nuevo antecedentes se suma, y es la pesquisa hecha por la Fiscalía, donde aparece, la recepción por parte de Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada, por una suma cercana a los 20 millones de pesos, pero esta vez de la firma Copec, según consta en el libro de compras de 2013.

"No he tenido acceso a esta publicación ( revista Qué Pasa), pero creo que en esto las investigaciones tienen el carácter personal y quienes deben responder son quienes de una u otra forma están siendo requeridos por los tribunales y en ese sentido debemos ser respetuosos de todos estos procesos que se llevan a cabo y en esa línea tienen que responder quienes están siendo cuestionados por los tribunales de las investigaciones que se están llevando adelante, que es la posición que he tenido siempre y que tenemos que ser respetuosos de los procesos que llevan los tribunales", dijo Sergio Bobadilla presidente regional de la UDI.

Asesorías e Inversiones Arrieta Limitada, aparece en el libro del 2013 de empresas Copec, en el traspaso de 20 millones de pesos. Previo a esto, se registró recibiendo 12 millones de pesos, pero por parte de Corpesca.

Raúl Arrieta, solo aparece como asesor de Felipe Harboe en el 2012 y no durante este periodo parlamentario.

Son cinco los asesores que se encuentran investigados por la fiscalía, nombres que están vinculados con figuras políticas.