La Cámara de Diputados despachó ayer el proyecto de agenda corta antidelincuencia, que pasó a segundo trámite en el Senado. Entre los puntos aprobados se encuentra la indicación que faculta a las policías a realizar control preventivo de identidad en cualquier situación, en el lugar donde se encuentre la persona y sin proceder a trasladarla a unidades policiales. El control de identidad estará limitado y no existirá registro de vestimenta ni bolsos sino, sino sólo la verificación de la existencia de órdenes cautelares o judiciales pendientes, para lo que se podrá pedir el carnet de identidad, la licencia de conducir o el pasaporte. Además se aprobó el aumento de las penas para el delito de robo con violencia e intimidación y para los delitos contra la propiedad y la receptación. Los diputados de la Alianza agradecieron que se haya incluido el control de identidad en el proyecto." A pesar de los votos en contra del Partido Comunista y Amplitud, hemos logrado los votos suficientes para aprobar el proyecto", dijo el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalida.

Carolina Collins

La publicación de una serie de correos electrónicos enviados entre 2013 y 2014 entre el arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati y el cardenal Francisco Javier Errázuriz que involucraban al sacerdote jesuita Felipe Berríos y al periodista Juan Carlos Cruz, denunciante del caso Karadima, desató una polémica.

Los correos electrónicos, que fueron publicados por El Mostrador, muestran diálogos que revelan una preocupación de ambos por el nombramiento de Berríos como capellán de La Moneda, y de Cruz a la comisión para la tutela de los menores creada por el Papa Francisco; y acuerdan realizar gestiones para evitarlo.

En el primer mail filtrado, del 28 de junio de 2014, monseñor Ezzati critica una entrevista que Berríos concedió en TVN, la que calificó como "una hora de entrevista llena de soberbia y de afirmaciones contrarias al Magisterio de la Iglesia, utilizando al Santo Padre, en tono de profeta que denuncia la corrupción y la incoherencia de la Iglesia".

En el mismo correo anuncia que enviaría una nota al Magisterio de la Iglesia para exponer la situación del jesuita y anticipa que sería propuesto como capellán de La Moneda.

Así también le comunica que la Comisión Pontificia de Previsión de abusos sexuales nombraría a Cruz para integrarla. "Espero que no sea así, sería demasiado grave para la Iglesia de Chile. Significaría, entre otras cosas, dar crédito y avalar una construcción que el Sr. Cruz ha construido astutamente", manifiesta sobre ese tema.

En su respuesta, fechada un día después, Errázuriz le comunica que habló con Enrique Correa, lobbista y dueño de Imaginacción, que con el nombramiento de Berríos como capellán de La Moneda el Gobierno "estaría armando un gran e innecesario conflicto, porque te obligaría a rechazarlo, lo cual crearía serias tensiones entre el gobierno y la Iglesia, y al interior de la Iglesia. Me dijo que lo transmitiría de inmediato".

Respecto a Cruz, le dice que intermediará con el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe para impedir su nombramiento y de no aceptar lo solicitado, propone hablar con el Papa.

Respuesta de la Iglesia

El Arzobispado de Santiago criticó a través de una declaración pública la filtración, por tratarse de conversaciones de carácter privado. "Se trata de correos privados entre los cardenales, en los cuales intercambian opiniones frente al nombramiento de un futuro capellán de La Moneda, como también respecto de la posibilidad de que uno de los demandantes por el caso Karadima integrara una comisión pontificia para la protección de menores", dice el texto.

Sobre lo que respecta a Berríos, la Iglesia indicó que "es una atribución canónica el nombramiento del capellán por parte del Arzobispo de Santiago".

Sobre el nombramiento de Cruz, señalaron que "la decisión compete exclusivamente a la Santa Sede" y enfatizaron que consideran "grave la publicación de correos privados en un medio de comunicación".

Los involucrados

El sacerdote Berríos criticó el secretismo que existe en la Iglesia y cuestionó que se haya publicado información privada. "Esto es un mail personal, por lo tanto, no me interesa leer cosas que no están dirigidas a mí. Sabía que venía, pero el contenido es chimuchina y copucheo interno dentro de la Iglesia", dijo a Cooperativa. Sin embargo, manifestó que estas conversaciones le dan "tristeza".

Por su parte Juan Carlos Cruz se mostró impactado por la filtración y catalogó a los involucrados como una "mafia". "Uno sabe que ellos trabajan así, que son una suerte de mafia, que a todo el que va contra ellos tratan de ponerle 'la pata' encima, pero es bien shockeante leer de su propio puño y letra la forma cruel en que actúan, que uno jamás imaginaría de un obispo. Me da como harta pena", dijo.

La Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la Presidencia fueron las instituciones públicas que obtuvieron la peor evaluación en el Barómetro de Acceso a la Información, publicado ayer y que realizan la Fundación de la Prensa con apoyo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hace 12 años.

La consulta, hecha por GfK Adimark, busca conocer la percepción de los periodistas que trabajan en medios de comunicación, respecto del nivel del acceso a la información en instituciones de relevancia pública.

Para esto se evalúan tres parámetros: la disponibilidad para entregar la información, la confiabilidad y precisión de la información; y la entrega oportuna de ésta. En el sondeo se consultó a 512 profesionales de todo el país, lo que según destacó el presidente de la ANP, Ricardo Hepp, es la participación más alta que ha tenido el estudio.

Así, considerando un nivel de evaluación de 1 a 100, las instituciones mejor evaluadas fueron el Consejo de la Cultura (60,4), el Ministerio de Agricultura (57,6) y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) con 50 puntos de evaluación. En el fondo de esa lista quedaron la Segegob, con 18,8 puntos y la Presidencia, con 15,5.

Respecto a los promedios generales de los tres parámetros mencionados que se evaluaron, todos cayeron respecto a 2014, alcanzando niveles tan bajos como los registrados en 2011, un año que Méndez calificó como especialmente "complicado" para el país, posterior al terremoto de 2010. Así, el índice de acceso a la información bajó 7,4 puntos, de 42,5 en 2014 a 35,1 en 2015.

Durante la entrega del estudio participaron de un panel José Miguel Insulza, presidente de Chile Transparente, el ministro secretario general de Gobierno Marcelo Díaz, y Cristián Larroulet, académico de la U. del Desarrollo y ex ministro.

Díaz destacó que el informe "nos sirve para mejorar" y señaló entre sus conclusiones que "cuando hay tiempos de crisis el intercambio de información suele ser más complejo".

Respecto a las malas cifras de la Presidencia, el vocero manifestó que "refleja una mala evaluación de la comunicación del Gobierno" y agregó que "entendemos que en esta materia hay una necesidad de hacer un giro".

Insulza, por su parte, señaló que "hay una pérdida general de confianza y cuando se pierde la confianza se tiende a dar menos información, se tiende a creerle menos a la información". Asimismo hizo un llamado a utilizar más la ley de transparencia que según él "se usa poco".

Larroulet, en tanto, remarcó que los malos índices de acceso a la información son algo que "nos debe preocupar más allá de la coyuntura. Hay un tema de gestión de la información".

El Registro Civil modificó la causa de muerte de Jorge Matute Johns y confirmó se produjo por una intoxicación con pentobarbital. Esto luego de que un perito español encontrara rastros de esa droga en los restos del joven que desapareció en 999 en Concepción, cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 2004. La modificación en la causa de muerte se produjo por orden de la ministra en visita del caso, Carola Rivas, cambiando la palabra "indeterminada" que aparecía en el certificado. El fuerte barbitúrico señalado es el mismo que le quitó la vida a Marilyn Monroe hace 52 años. Sin embargo, el hallazgo de la droga no implica que se esté presumiendo un suicidio, pero sí que se trató de un posible envenenamiento. La causa de muerte en el certificado de defunción fue modificada el 27 de agosto pasado, luego de que a comienzos de años de analizaran 10 gramos de huesos de Matute.