Ingrid Acuña Caballero

A una semana de que la ministra de Justicia, Javiera Blanco, anunciara la compra de un terreno de 38 hectáreas para construir la cárcel biprovincial en la comuna de San Carlos, la Universidad de Concepción, dueña del predio que interesa al Gobierno, manifestó ayer que hasta ahora no ha habido ningún un ofrecimiento formal por adquirir el terreno ubicado en el sector de Buli.

La noticia comunicada por la titular de Justicia generó el malestar de un grupo de vecinos de la comuna, especialmente de agricultores que entendieron que, luego de que la autoridad diera a conocer que el sitio en cuestión se encontraba en fase de compra, según palabras de la propia ministra, la Casa de Estudios ya había adoptado la decisión.

A través de un comunicado, la Universidad de Concepción explicó que "es necesario informar que la Universidad no ha recibido ninguna oferta por la compra de dicho terreno, el cual fue adquirido años atrás, en función de necesidades de investigación académica vinculadas al área del riego".

La declaración agregó además que "cualquier enajenación de un bien universitario es una decisión que es informada al Rector, en primera instancia, quien a su vez debe someterla a la consideración del Directorio de la Universidad, nada de lo cual ha sucedido en este caso, por lo que malamente se puede pedir reconsiderar una decisión que no existe".

Lo anterior, referido a declaraciones dadas a conocer a Crónica Chillán por el consejero regional por Ñuble, Javier Ávila, quien tras enterarse del interés del Ejecutivo por emplazar la cárcel biprovincial en este sector de San Carlos pidió a las autoridades de la UdeC reconsiderar su posición.

Cabe mencionar que en el comunicado la Universidad de Concepción, si bien se hace cargo de los procedimientos que se adoptan respecto de una enajenación de un bien universitario, no se pronuncia sobre si al existir un ofrecimiento formal por el terreno se procederá a su venta o, por el contrario, el predio finalmente no será vendido.

Recibió oferta de UdeC

El miércoles pasado fue el senador Felipe Harboe y el diputado Carlos Abel Jarpa quienes, tras una reunión con la ministra Javiera Blanco, informaron que el terreno escogido para construir la cárcel se ubicaba en el kilómetro 367 de la ruta 5 sur, en el sector de Buli, a 7 kilómetros de San Carlos y a 10 kilómetros de Ñiquén.

La información fue confirmada al día siguiente por la Secretaria de Estado, lo que despertó la preocupación y rechazo de un grupo de vecinos y agricultores de estas comunas.

Si bien, a juicio de la UdeC se levantó una "falsa polémica", fue el mismo seremi de Justicia, Jorge Cáceres, el encargado de precisar cómo se gestó el ofrecimiento de la Casa de Estudios Superiores.

"Lo que es claro es que nosotros no andamos haciendo ofertas. Recibimos esta oferta y están los antecedentes y ahí tengo las carpetas. Recibimos la oferta de la universidad y para ser exacto lo hicieron, según tengo entendido, a través de un corredor de propiedades. No hacemos ofertas, las recibimos, que es un punto que me gustaría aclarar", confirmó el Seremi de Justicia del Bio Bio.

Al malestar de los vecinos del sector se le suma la molestia, tanto de parlamentarios de la alianza como de consejeros regionales, quienes aseguraron que el sitio de la UdeC no era idóneo para levantar un recinto penitenciario con las características anunciadas.

Quienes llegaron a manifestar su inquietud frente a la posibilidad de vender el predio fueron los vecinos cercanos al sector, los que en su momento realizaron los contactos para que la UdeC pudiera comprar el terreno, pero con el objetivo que éste fuera destinado para estudios agrícolas y en ningún caso para edificar un centro de cumplimiento penitenciario.

"Ahora que estamos haciendo los títulos de dominio coincidimos plenamente que los estatutos de la universidad dicen que hay un directorio y un porcentaje para la aprobación del terreno, pero eso lo tenemos que estudiar jurídicamente porque no podemos llegar y comprar. No está todavía el terreno comprado, son los estudios técnicos los que han dicho 'esto es' y se puede construir el proyecto", sostuvo Jorge Cáceres.

Once predios restantes

Cabe mencionar que además del predio de la UdeC, el Ministerio de Justicia tiene en carpeta otras once propiedades, de los cuales dos de ellas están en la provincia de Ñuble y el resto en la provincia del Bío Bío, por lo cual habrían más posibilidades que la cárcel quedara ubicada cerca de Los Ángeles.

"Esta es una especie de concurso, entonces no significa que si un predio no quiere vender de inmediato los otros pasan a tomar ese cupo, esa es una decisión de los equipos técnicos y jurídicos. Lo que tengo en mis manos es la voluntad de vender por parte de la UdeC y eso está en el estudio", reiteró el seremi de Justicia.

Historia de nunca acabar

Desde que comenzó en el 2007 la búsqueda de un predio para instalar la cárcel, en cinco oportunidades el proceso para concretar su ejecución ha fracasado.

El primer intento fue con la búsqueda de 11 predios, de los cuales una terna llegó a manos del Ministerio de Justicia.

El 8 de marzo de 2010, a través de un memorándum, el ministro de aquella época, Felipe Bulnes, informó a la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, que en el sector rural de Dadinco, comuna de San Nicolás, se compraría el predio. En abril de ese año se oficializó la información, la que en un breve plazo se desechó.

El Ministerio de Justicia siguió en la búsqueda del predio y escarbó en aquellos que se proyectaron en un inicio. Esta vez fue el fundo Trinidad, de la comuna de Chillán Viejo, el seleccionado.

Fue así como en julio de 2010, el secretario de Estado informó, desde Concepción, que en Chillán Viejo se emplazaría la cárcel, pese a que el terreno no cumplía con todos los requisitos.

Vecinos, parlamentarios y el concejo municipal, encabezado por el alcalde Felipe Aylwin trabajaron intensamente para cambiar la decisión, dejando a fojas cero la compra del terreno. Dos años pasaron desde que se optara por Chillán Viejo, y en febrero del 2012 la Secretaría Regional de Justicia intentó la compra del fundo El Cortijo, en la comuna de Cabrero. Con reuniones para sociabilizar el proyecto, el cual no tuvo resultado, ya que la comunidad se manifestó debido a que no querían una cárcel cerca de sus casas.

Un terreno amplio, de 120 hectáreas, cercano a la ruta 5 sur, con conexiones a los servicios básicos, era parte de lo que se siguió buscando, características que fueron encontradas en el fundo de Juan Hidd, ubicado en el sector rural de Santa Clara, comuna de Bulnes, el cual disponía de 150 hectáreas que serían compradas en 1.500 millones de pesos. Con un movimiento social que poco a poco fue creciendo, los vecinos del sector rural de Santa Clara se resistieron a la instalación de la cárcel.

Finalmente fue el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, quien reimpulsó el proyecto de cárcel para Chillán, pero esta vez apuntó a un carácter bi-provincial. El proceso ahora está en manos de la ministra Javiera Blanco.

"Recibimos esta oferta y están los antecedentes y ahí tengo las carpetas. Recibimos la oferta de la universidad y para ser exacto, lo hicieron, según tengo entendido, a través de un corredor de propiedad".

Jorge Cáceres, Seremi de Justicia

11 Predios Han sido seleccionados por el Ministerio de Justicia para emplazar el centro penitenciario y así sacar a la cárcel del centro de la ciudad de Chillán.

2 Ciudades Traerán a sus internos, con in máximo proyectado para mil reos. En tanto, inicialmente se había proyectado invertir en la construcción de la cárcel hasta $50 mil millones de pesos.