Marcelo Arroyo L.

Tras reanudarse ayer en la mañana los alegatos, cuya causa quedó en estudio, la próxima semana se pronunciaría la Corte de Apelaciones de Concepción frente al recurso de protección interpuesto el pasado 9 de junio por el consorcio argentino-catalán Boldt Peralada en contra del Gobierno Regional, impugnando la nueva votación del Consejo Regional efectuada en mayo y que favoreció al otro postulante a operar un casino de juegos en Chillán.

El proceso de asignación de un nuevo operador lleva en latencia 15 meses y fue determinante para que el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) resolviera suspender, en la sesión del 25 de agosto, su pronunciamiento hasta que se resuelva esta acción.

La semana pasada, la sexta sala del tribunal de alzada penquista había suspendido los alegatos, debido a que dos ministros se habían inhabilitado -Matilde Esquerré y Hernán Rodríguez-, mientras que el abogado integrante Mauricio Ortiz se recusó en forma verbal y "sin expresión de causa".

Este es el segundo recurso presentado por Boldt Peralada.

El primero fue en julio del año pasado y en el que la ministra María Elvira Verdugo entregó el fallo, el 28 de octubre, que rechazó la orden de protección presentada por Chillán Casino Resort (Boldt Peralada).

Esta causa llegó hasta la Corte Suprema. En abril pasado, el máximo tribunal anuló el resultado, ordenando repetir y fundamentar la votación del Consejo Regional el 12 de mayo, en que nuevamente favoreció a Marina del Sol, tal como informó la SCJ al otro día.

En esa oportunidad se justificó la votación con dos razones: un informe de una subcomisión del Core consideraba que la instalación de un casino al lado de una universidad (Pedro de Valdivia) podría generar "ludopatía", hecho que a juicio de Boldt Peralada no estaría fundamentado en forma legal; y la otra razón fue "el uso energético" de la propuesta del consorcio argentino-catalán.

En julio, Boldt Peralada interpuso dos recursos de protección, uno de los cuales se está viendo en la Corte de Apelaciones de la capital regional.

Estos nuevos alegatos, que duraron poco más de dos horas, se realizaron en la Segunda Sala de la corte penquista ante los ministros Renato Campos (presidente) y César Panés, además del abogado integrante Marcelo Villena. La causa quedó en estudio para analizar los antecedentes en profundidad.

Por la parte demandante alegó por espacio de media hora el abogado José Ignacio Arteaga, mientras que por el GORE Biobío lo hizo el abogado Cristián Canales. Por Marina del Sol alegó el abogado Mario Rojas.

Al respecto, el abogado del GORE Biobío, Jorge Díaz, dijo que se trató de un alegato muy extenso.

"Los integrantes de la Corte quedaron con un amplio conocimiento de esta causa", comentó ante la posibilidad que se pronuncie la próxima semana.

Un hecho llamativo fue la presencia en el alegato del Presidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky.

"Efectivamente estuvo presente él y el suscrito", confirmó a este medio el gerente general de Casino Marina del Sol, Juan Ignacio Ugarte.

Para Ugarte, los argumentos de Boldt se basaron solamente en que, a juicio de ellos, el Core no acató el fallo de la Suprema que ellos interpretan que obligaba al Core a darles también a ellos 300 puntos.

"Eso está acreditado que no es así, ya que la Corte Suprema lo que ordenó fue repetir la votación y que se fundara el voto, no que diera a ellos también 300 puntos, cosa que el Core en definitiva hizo. En cumplimiento de ese fallo votó de nuevo y dio dos fundamentos, uno que tiene que ver con el emplazamiento del proyecto colindante a una Universidad, repito colindante y no cerca, y el otro con el uso ineficiente de energía eléctrica, ambos factores que impactan negativamente con las líneas de la Estrategia Regional vigente", dijo Ugarte.

El gerente general agregó que se podrá estar de acuerdo o no con esos fundamentos, pero la votación de la mayoría del Core decidió en uso de sus facultades exclusivas que le otorga la Ley de Casinos. "Tenemos plena confianza en que el recurso será rechazado", comentó.

Desde el consorcio Boldt Peralada prefirieron no emitir comentarios debido a que esta causa sigue en proceso.

Una serie de informes fueron los que solicitó el concejal Jorge Marcenaro este lunes en la sesión de concejo en la municipalidad Chillán, luego de conocer, a través de la página de Transparencia, que el municipio cuenta con más 180 funcionarios trabajando a honorarios, cifra que el edil considero "excesiva".

"Me centré en el primer semestre, es decir de enero a julio de este año, y ahí el primer dato que saqué fue 185 personas trabajando a honorarios en la municipalidad, una cifra importante. Voy viendo las funciones para los cuales son contratados, y ahí me llevo otra sorpresa, porque aparecen cargos sumamente raros", comentó.

"Solucionador de problemas y/o nudos críticos" y "conocedor de objetivos y metodologías de programa" son algunos de estos cargos en que, según el concejal, deben ser aclaradas sus funciones, pues al consultar al contralor municipal éste no supo justificar esos puestos.

"Es decir, no tienen idea qué hace esta gente. En el concejo el alcalde tampoco supo qué decir, ni el administrador municipal. Aparecen al menos 8 funcionarios con la función de "conocedor de objetivos", en el lapso de enero a agosto, pero no se sabe qué diablos hacen esas personas", agregó.

Municipio

Por su parte, el alcalde Sergio Zarzar fue enfático en este tema, asegurando que lo del personal a honorarios es un tema de las municipalidades a nivel país y se produce porque "los cupos a contrata no son suficientes para responder a las necesidades de los municipios".

"Por ello se está trabajando para que crezca el número de (funcionarios) a contrata y subsanar la situación, y también así dar las mismas condiciones al personal", dijo el edil.

Zarzar además descartó los rumores sobre un posible fortalecimiento de campaña con estos trabajos a honorarios, señalando que "se ha querido endosar un ánimo electoral o de campaña al hecho de potenciar nuestros equipos, pero lo descartamos rotundamente y aclaramos que el personal a honorarios que se desempeña en el municipio cumple valiosas funciones necesarias para optimizar los procesos municipales".

A pesar de esto, Marcenaro solicitó informes, específicamente de los trabajos que realizan personas a honorarios en la Dirección de Desarrollo Comunitario, pues "antes en Dideco no trabaja ni un tercio de la gente que hay ahora, y si bien es cierto que Chillán ha crecido, pero nunca tanto como para llegar a este nivel".

"La idea es saber qué se está haciendo con la plata del presupuesto municipal, que vienen de los impuestos que pagan los chillanejos, o sea ¿se justifican todos esos funcionarios trabajando ahí?, y ¿cuáles son las funciones que realizan específicamente?, porque hay cargos muy extraños", finalizó.