El concejal de San Carlos, Mario Sabag denunció que el alcalde de dicha comuna, Hugo Gebrie, continúa incumpliendo el dictamen reciente de la Contraloría Regional del Bío Bío, tendiente a que no se continúe obligando a las familias que postulen a algún beneficio social, para que firmen un documento conocido como "Consentimiento Informado", el cual permitiría que junto al correspondiente informe socioeconómico, se capturen fotografías al interior de los domicilios de estos vecinos.

Sobre este hecho, el mismo Sabag explicó, a CrónicaChillán, que fue él quien en representación de las personas disconformes con el procedimiento hizo la presentación a Contraloría, la cual de inmediato determinó que esta práctica no era procedente y debía suspenderse de inmediato.

"Sobre esto yo pensé que el alcalde había ordenado acatar la resolución, pero hace poco, revisando la carpeta de una joven estudiante de la Universidad del Bío Bío quien solicitó a la municipalidad una ayuda para poder viajar al extranjero a una pasantía, nos encontramos con la verdadera sorpresa que junto con dicho documento del "Consentimiento Informado", se adjuntan las gráficas del interior de la vivienda de esta estudiante".

Ante esta situación -dijo Mario Sabag- se le planteó a Hugo Gebrie que estaba desacatando la orden y además le reiteré mi desacuerdo con esta situación por cuanto significa un atropello a la dignidad de las personas y una grave falta en relación al respeto y la intimidad de las familias.

"Él por su parte insistió en que no se trataba de ningún hecho fuera de ley, sino que por el contrario era completamente legal, ya que las personas firmaban este consentimiento, entonces de inmediato le repliqué, hace dos concejos atrás más o menos, que era una forma 'mañosa' de conseguir este tipo de información y que no puede seguir ocurriendo porque es de toda lógica que nadie podrá negarse si está de por medio una ayuda social de cualquier tipo", aseveró el concejal Sabag.

Anteriormente la misma situación sucedió con los alumnos secundarios y universitarios quienes a comienzo del año escolar necesitaron recurrir al municipio por distintas ayudas.

Danny Fuentes Espinoza

Con preocupación recibieron desde el municipio de Chillán las cifras que hablan de un alza en los casos policiales (detenciones flagrantes y denuncias) por infracción a la Ley de Drogas, que ubica a la capital de Ñuble con una tasa por sobre el nivel nacional y regional, que sostienen en los últimos cuatro años una tendencia a la baja.

"Chillán no está a la altura de otras ciudades que albergan una mayor población y con mayores problemas de tráfico y delincuencia, afortunadamente, pero de que hay droga, la hay. Y más de lo que la gente piensa", señaló el alcalde Sergio Zarzar, respecto a las cifras entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, que arrojan que en 2014, la tasa de casos por cada 100 mil habitantes aumentó en un 64% respecto a 2013.

"La droga es un tema que siempre nos ha preocupado, porque sabemos que en ningún caso se puede desbordar. Creemos que eso no ocurre aún, pero claramente hay que tomar medidas, y en nuestro caso, a través de nuestra oficina de Senda hemos hecho una labor importante para promover la prevención y el no consumo de sustancias ilícitas", dijo el chillanvejano.

Si en 2011 la tasa de casos (por cada 100 mil habitantes) llegaba a los 85, en 2014 se elevó hasta los 213.

Para el encargado Regional de Seguridad, José Miguel Ortiz, las cifras son analizadas por la Subsecretaría de la que él es representante en la región, y para ello existen coordinaciones para hacer frente a esta problemática".

Al respecto, Sergio Zarzar opinó que "lo se ha incrementado en demasía es el consumo de droga y eso ha sido respaldado por los estudios que realiza el gobierno, y en cuanto a la venta de droga y esto ya pasa por parámetros nacionales. Cualquier trabajo tenemos que hacerla con recursos, pero dentro del lineamiento del Gobierno".

Trabajo preventivo

El director regional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), ratificó que desde la entidad ya habían advertido un alza en los casos policiales, toda vez que se nutren de las cifras proporcionadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

No obstante, explicó que estas cifras están dadas por una política del gobierno que se arrastra desde 2010. "De 2010 a 2014, por instrucción del Ministerio del Interior, aumentaron las diligencias a propósito de la Ley de Drogas, aumentando el número de detenidos también, aunque hay que considerar que dentro de ellos se consideran los consumidores de cannabis, cuando muchas veces no se determinó que fueran traficantes", explicó Byron Martínez, quien añadió el trabajo en "el plan nacional de gobierno nos exige trabajar de la mano con seguridad pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito en la elaboración de modelos de gestión pública que nos permitan, por un lado que las policías disminuyan la oferta (detenciones) y nosotros aumentemos la demanda (programas)", señaló Martínez. En el caso de Chillán, destacó el trabajo del Senda que hace tres meses inició su funcionamiento. "Actuar en Comunidad se llama el plan, que en Chillán opera hace tres meses con cuatro profesionales, con trabajo en los colegios, con una visión desde el territorio, instalando en este sector y luego de manera georeferenciada se ampliará hacia los lugares colindantes" señaló Martínez, quien recalcó que "esperamos tener efectos en el mediano plazo".

Según el director del Senda, se podría mejorar la tasa de casos con las indicaciones a la Ley 20 mil, la cual permite -con ciertas condiciones- autocultivar marihuana. "Este es un proyecto que ya fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y esperamos que sea aprobada", dijo.

"Hay que considerar que dentro de ellos (detenidos) se consideran los consumidores de cannabis y muchas veces no fueron traficantes".

Byron Martínez, Director Regional Senda