Cada tres meses, durante cuatro días a la semana, los funcionarios de la Oficina de Protección a la Infancia (OPD) reparten puerta a puerta del periódico municipal "El Chillanvejano", situación que a juicio de la Contraloría regional requiere de una intervención para revisar las eventuales responsabilidades de los funcionarios.
El órgano contralor, que se encargó de revisar la denuncia hecha por los concejales Jorge del Pozo y Patricio San Martín, precisó que las funciones que aparecen en los contratos de los funcionarios de la OPD no guardan relación con la entrega del periódico, ya que esta es difusión de actividades del ámbito municipal.
"Atendiendo que la distribución del periódico municipal El Chillanvejano, efectuada por el personal, no se ajusta con los objetivos de la OPD, el cual además no contenía información referente a la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia, y que los contratos de prestación de servicios no contemplan la citada labor, no procede que la municipalidad encomiende la referida actividad a los servidores en comento, por lo cual deberá adoptar medidas tendiente a evitar la ocurrencia de estas situaciones", dice la resolución del órgano contralor.
Nunca se debió realizar
Los cinco funcionarios de dicha repartición que están contratados bajo la modalidad de honorarios, en virtud del convenio suscrito con el Servicio Nacional de Menores (Sename), registran la entrega de 500 ejemplares el 20 de marzo en la villa Padre Hurtado I, II y III, y por segunda vez en la villa La Canoas, donde se repartieron 200 ejemplares.
"Según dictamen de Contraloría recibido por el municipio con fecha 22 de septiembre de 2015, se estableció que "por contrato dicha función no le corresponde a esos funcionarios y que en definitiva no correspondía que el alcalde les ordenara esa labor. Por ello, Contraloría Regional iniciará un sumario para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Según Contraloría, esta observación es catalogada como compleja, por lo que es de gran relevancia para el ente fiscalizador", indicó el concejal Jorge del Pozo.
La presentación hecha por los concejales a Contraloría se realizó luego que el alcalde de Chillán Viejo respondiera a un requerimiento del concejal Patricio San Martín, cuando éste tuvo conocimiento de lo que se hacía por parte de ese personal de la OPD.
Al respecto, Ulises Aedo, administrador municipal, señaló que "el municipio adoptará las medidas instruidas por el órgano contralor en cuanto al personal que distribuye el periódico municipal y esperará que se instruya el sumario para formular sus descargos. No obstante lo anterior, este municipio destaca la importante labor que cumple este medio de comunicación de la gestión municipal y que fue validada por la Contraloría Regional, a propósito de la fiscalización realizada producto de esta denuncia".
