Con gran acogida de los vecinos del sector de Rinconada de Cato se realizó el municipio en terreno, actividad en la cual pudieron accedieron a información y soluciones a los principales problemas que les aquejan y que son de competencia de la administración comunal.

El objetivo del programa es acercar el municipio a los vecinos de los distintos sectores de la comuna de Chillán y entregarles información relativa a los diversos programas y proyectos, respondiendo inquietudes y solicitudes del sector.

Mónica Venegas, presidenta de la JJVV de Rinconada de Cato se mostró agradecida por la gestión municipal y dijo que "me parece muy bien porque es una oportunidad que se le entrega a nuestros vecinos, a quienes muchas veces se les imposibilita viajar hasta las oficinas municipales para realizar sus trámites", dijo.

El senador UDI, Víctor Pérez Varela, advirtió que "sería impresentable que el gobierno le tenga reservado un cupo al fiscal nacional Sabas Chahuán en el Consejo de Defensa del Estado, cuando éste deje el cargo en el Ministerio Público". Agregó que "las actuaciones del Ministerio Público en los casos de financiamiento irregular de la política han sido claramente poco equilibrados y ha existido un trato discriminatorio para quienes son de centro derecha". En consecuencia, dijo, "si quien encabezó la Fiscalía no fue capaz de dar garantías a todos los sectores y se inclinó hacia un sector político, su llegada al Consejo de Defensa del Estado abriría muchas sospechas de porqué actuó de esa manera".

Ingrid Acuña Caballero

Las observaciones hechas por Contraloría hace un año en el municipio de Chillán Viejo, cuando se abrió el segundo examen de cuentas a raíz de la presunta contratación irregular de personal a honorarios, tuvo su revés con la resolución, en segunda instancia, del Juzgado de Cuentas, el que rechazó la apelación de los inculpados.

Los siete funcionarios que presentaron sus descargos ante el órgano contralor, el cual fue impugnado, eran los encargados de firmar y aprobar los contratos a honorarios a profesionales en proyectos clasificados como "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", y que según Contraloría deberían devolver la suma de $8.798.000 (valor en UTM), ya que los empleados no realizaban las labores pactadas en los contratos, dentro de los cuales se nombra a la militante socialista Lya González, al hermano del delegado de Serviu, Francisco Crisóstomo, y Alonso González.

La apelación hecha por los funcionarios inculpados, quienes alegaron tanto en primera como en segunda instancia la prescripción del cobro, fue resuelta el 30 de septiembre por el tribunal de cuentas de Contraloría, órgano que sostuvo que dicha solicitud no procedía.

"Con el mérito de las consideraciones expuestas, además de lo establecido en el artículo 119 de la ley N°10.336, se rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de 06 de enero de 2015, que rola a fojas 62 de estas compulsas, y se declara que se confirma dicho fallo", se lee en la resolución de Contraloría.

Otra de las aristas que tiene este caso es que se logró detectar el egreso de cheques por el doble de los honorarios mensuales estipulados, en el cual se menciona al actual delegado provincial de Fosis, Guillermo Saavedra, y al ex presidente de las juventudes del Partido Radical, Yerson Soto.

"Efectivamente la notificación del reparo constituye un acto de naturaleza procesal, cuya finalidad es poner en conocimiento de las partes las resoluciones que se han dictado en el proceso; sin embargo, al ser el plazo previsto en el artículo 96 de la ley, de caducidad, no puede atribuirse a la notificación de la demanda el mérito de interrumpirlo, tal como lo pretende el recurrente (funcionarios involucrados)", precisa la resolución de Contraloría.

Pesquisa de contraloría

Según la investigación realizada por Contraloría, hace más de un año, la mayoría de los contratos a honorarios fiscalizados no cumplieron con los requisitos legales, ya sea por extensión de los tratos, como por el fin de las contrataciones.

Esta conclusión fue rebatida por el municipio chillanvejano, el que argumentó que entiende que todos los contratos mencionados se ajustan en el decreto N°854 de 2004 del Ministerio de Hacienda y que dichos convenios se cumplieron con todas las características que emanan del mencionado decreto.

Contratos que no estaban justificados con su debida documentación, como por ejemplo que los prestadores de servicio o profesionales no dieron cumplimiento a lo acordado en sus contratos, es parte de la pesquisa hecha por el órgano contralor, todas indicaciones que fueron refutadas por el municipio, argumentando que estas funciones las habrían realizado en otro lugar, que no correspondía a lo estipulado en el contrato; sin embargo no se adjuntaron los antecedentes que permitiesen acreditar de manera concreta la realización de ellas, lo que significó al municipio un desembolso de $8 millones 798 mil por los pagos efectuados a los referidos prestadores, al mes de junio del año 2013.

Crónica Chillán se contactó con el administrador municipal, Ulises Aedo, uno de los funcionarios que dieron el visto bueno a los contratos de los tres profesionales, pero declinó a entregar información, ya que a la fecha no ha sido notificado por Contraloría, pese a que la resolución se encuentra a la vista en su página web.