Carolina Collins

La ministra de Justicia Javiera Blanco anunció ayer que el coronel (r) del Ejército y jefe operativo de la CNI, Álvaro Corbalán Castilla, fue trasladado durante la mañana desde el penal Punta Peuco en Til Til, a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de Santiago.

La decisión fue tomada porque el ex agente de la CNI durante el régimen militar, incumplió el régimen interno del penal que sólo recibe a militares condenados por delitos contra los Derechos Humanos.

La secretaria de Estado explicó que durante un allanamiento masivo que funcionarios de Gendarmería realizaron a nivel nacional, se le encontró un teléfono celular y un chip. Esta es la tercera vez que ocurre esa situación, lo que es "argumento suficiente", según Blanco, para ordenar el traslado y aumentar las medidas de seguridad en torno a Corbalán.

"Esa situación ya se ha producido. Se produjo durante la mañana, él ya ha hecho ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad, está realizándose los chequeos médicos", detalló la titular de Justicia, que agregó que el traslado fue hecho "de manera impecable por parte de los servicios especializados de Gendarmería y estará con vigilancia individual y permanente".

La ministra explicó que la operación de allanamientos se realizó ayer en 50 recintos penitenciarios del país, entre ellos Punta Peuco, y que además de teléfonos se encontraron armas.

"Se encontró en posesión del interno Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla un celular y un chip, situación que ya había ocurrido en el pasado y que fue sancionada a partir de medidas disciplinarias internas e investigaciones internas", indicó.

"La señal que queremos dar es que Punta Peuco no es un recinto extraordinario, es una cárcel más y los internos de dicha cárcel van a estar sometidos a los regímenes disciplinarios de cualquier interno del país y frente a faltas reiteradas y graves como es el caso del interno Corbalán Castilla, lo que corresponde es endurecer las medidas de vigilancia y disciplina", enfatizó.

La secretaria de Estado además anunció que Corbalán quedó con prohibición de visitas por los próximos 30 días y que se ordenó un sumario interno para determinar cómo ingresaron al penal los objetos encontrados. Asimismo confirmó que el alcaide de Punta Peuco fue suspendido, así como el jefe operativo.

El director nacional de Gendarmería, coronel Tulio Arce, dijo que la CAS "reúne las condiciones de seguridad tanto para el interno y los elementos técnicos para evitar que se repita esta situación".

Arce explicó que el allanamiento se produjo durante el horario de desencierro de los reos y que Corbalán no opuso resistencia tras ser informado del traslado.

"La señal que queremos dar es que Punta Peuco no es un recinto extraordinario, es una cárcel más".

Javiera Blanco Ministra de Justicia

El diputado Gustavo Hasbún (UDI) negó ayer haber "injuriado" a Rodrigo Avilés, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago, decidiera desaforarlo a raíz de una querella por injurias presentada por la familia del joven.

"Nunca he injuriado ni calumniado a señor Avilés y a su familia y que mi crítica siempre ha apuntado a una conducta reiterada del Gobierno y de los partidos de la Nueva Mayoría de criminalizar la acción policial", afirmó.

La familia del joven que permaneció dos meses en la UCI producto de un golpe en la cabeza tras ser azotado por el chorro lanzaaguas de Carabineros en Valparaíso el 21 de mayo , interpuso una querella en la que alegan que unas declaraciones emitidas el 14 de junio por Hasbún, merman la honra de su hijo.

"Michelle Bachelet es capaz de ir a saludar al padre de una persona que en forma encapuchada, que había tenido incluso participación en saqueos en locales comerciales, en desórdenes y que fue víctima de un accidente, es capaz de ir a saludarlo", dijo el diputado.

"Esto demuestra que el gobierno de Michelle Bachelet no sólo ha criminalizado la función policial, sino que claramente defiende más a los delincuentes, defiende más a los violentistas, que en este caso a los funcionarios policiales", agregó.

Hasbún cuestionó la sentencia del tribunal, que calificó como "supuesta", ya que aún no le ha sido notificada oficialmente, lo que ocurriría en los próximos días, según publicó Emol.

Hasbún dijo que se trata de "una resolución de primera instancia, quedando aún instancias procesales en las cuales ejerceré mi derecho a emitir juicios y críticas políticas, donde demostraré mi inocencia en el ilícito imputado por los querellantes".

"No claudicaré un segundo, desde mi rol parlamentario, en la defensa de aquellos como Carabineros de Chile que en el cumplimiento de su deber sufren continuar agresiones de grupo violentistas, constatando la total desprotección que viven los funcionarios policiales", agregó anunciando que recurrirá a la Corte Suprema.

El padre del joven, Félix Avilés, dijo que "todo Chile fue testigo de que Hasbún, con una soberbia impresionante e impresentable le atribuyó a Rodrigo, que había sido brutalmente agredido, la condición de delincuente, saqueador y otros epítetos" agregando que "Hasbún no pidió disculpas por soberbia, ahora tendrá que hacerlo en Tribunales".

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), habilitó ayer un buscador de colegios para que los estudiantes que van a rendir la PSU el 30 de noviembre y 1 de diciembre, puedan verificar en qué establecimiento deben rendir el test. Para verificar dónde deben hacer el reconocimiento de salas el próximo 29 de noviembre, los estudiantes deben ingresar al sitio del Demre e ingresar el número de la cédula de identidad y el número de folio de la Tarjeta de Identificación como clave. Las pruebas de Lenguaje y Comunicación y la de Ciencias, está fijada para el lunes 30 de noviembre, mientras que las de Matemática e Historia, Geografía y Ciencias Sociales para el 1 de diciembre. Los resultados serán publicados el 27 de diciembre, día que se abrirán las postulaciones a las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, que se extenderán hasta el 31 del mismo mes.

En medio de una protesta en su contra llegó ayer a declarar a la Corte de Apelaciones de Valdivia el obispo de Osorno Juan Barros, en calidad de testigo por la demanda civil presentada por los denunciantes del caso Karadima en contra del Arzobispado de Santiago. El religioso estuvo por cerca de cuatro horas entregando su testimonio ante el juez Marcelo Vásquez, que lleva la causa. En su declaración Barros insistió en que desconocía los abusos cometidos por el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, quien fue condenado por el Vaticano tras ser hallado culpable en la investigación canónica. El sacerdote dijo que su relación con Karadima sólo fue estrecha cuando lo tuvo como guía espiritual. La abogada de la parte querellante, Grace Smith, señaló que Barros se desmarcó de los abusos, según consignó Emol. Juan Carlos Cruz, uno de los querellantes, dijo que "Errázuriz ha mentido, Ezzati ha mentido, Karadima obviamente ha mentido. Entonces, si seguimos el patrón y la historia de Barros, cada palabra que sale de su boca es una mentira", en declaraciones citadas por Cooperativa.