En la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Bachelet presentó los alcances de la Contribución Nacional Tentativa de Chile sobre la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en el contexto del Acuerdo Climático que se prepara para la Conferencia de las Partes (COP21), a realizarse en diciembre en París.
En relación con la actividad forestal, una de las medidas presentadas consiste en forestar 100 mil hectáreas, principalmente con especies nativas, que representarán capturas cercanas a 1 millón de toneladas anuales de CO2-equivalente a partir de 2030. Es una medida positiva, que contribuye a incrementar la biodiversidad junto con capturar carbono en la biomasa que se genera por un cambio en el uso actual del suelo, pero también es una meta ambiciosa, en el sentido que será difícil lograr que los propietarios opten por plantar especies nativas en terrenos que hoy tienen uso productivo, aunque marginal y que degrada el suelo. Por consiguiente, es responsable no comprometer un nivel mayor de mitigación asociado a esta medida específica.
Sin embargo, el país tiene una superficie considerablemente mayor de terrenos de aptitud forestal que se están erosionando porque no tienen cobertura boscosa. Estos suelos son susceptibles de ser forestados con una menor bonificación por hectárea si los propietarios también recibieran incentivos para establecer plantaciones con fines productivos, por ejemplo la generación de bioenergía.
Los resultados del Proyecto MAPS-Chile, que da sustento técnico al compromiso internacional que presentó Chile, sobre la base de evaluar la contribución y costo de posibles medidas de mitigación de los GEI, indican que la forestación podría tener un alto impacto, pues permite capturar 4,4 millones de toneladas anuales de CO2, con la ventaja de ser costo-efectiva en términos de toneladas de CO2/$. Este es un atributo importante cuando se tiene un presupuesto limitado para cumplir una restricción (compromiso internacional): un principio para optimizar el uso de los recursos disponibles es ir seleccionando las medidas según su relación beneficio/costo, porque así se maximiza el resultado total.
En tal sentido, una nueva ley de fomento forestal sería un aporte adicional a lo ya comprometido, en la medida que contribuya a complementar en forma eficiente la meta más ambiciosa a nivel nacional, de reducir en 30% las emisiones de CO2 para el año 2030 con respecto al nivel de 2007. Esperamos que comience pronto la discusión sobre el diseño y los objetivos de un renovado fomento a la forestación, ojalá incorporando desde ya la certificación del manejo forestal sustentable, que será un requisito para el reconocimiento internacional de cumplimento del compromiso.
Por André Laroze, PhD en Recursos Forestales, Secretario Ejecutivo de CERTFOR.