El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron ayer en La Habana un trascendental acuerdo para la reparación de más de seis millones de víctimas, con el que se busca cerrar las heridas abiertas por medio siglo de conflicto armado y aproxima el horizonte de la paz para el país.

Los jefes de las dos delegaciones consideraron el acuerdo como uno de los más importante logrados en más de tres años de diálogos de paz en la capital cubana, ya que las víctimas son el "centro de gravedad" del proceso, a las que ahora se garantiza un "sistema integral" de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que "no habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad".

Aunque existirá una amnistía "lo más amplia posible" para delitos políticos, no quedarán impunes los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos tanto por guerrilleros como por agentes del Estado; quienes si cumplen los requisitos de reconocimiento y verdad serán sancionados a una "restricción efectiva de libertades y derechos", pero no penas de cárcel.

El representante de las FARC y "número dos" del grupo guerrillero, Iván Márquez, aseguró que la "justicia restaurativa será la mejor fórmula para alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general" en el país.

El Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirmó que el acuerdo es "tal vez el más importante" en la agenda de diálogos de paz.

"Hoy (ayer) se anunció un acuerdo sobre todo el punto, incluyendo el de justicia que era el más difícil en cualquier proceso de paz, donde trazar una línea siempre ha sido el tema más complejo", expresó.

Con la firma de este documento, las partes cierran un importante capítulo del proceso de paz y, después de un receso navideño, volverán al trabajo en enero con el reto de empezar a articular el fin del conflicto, negociaciones que conllevan complejos asuntos como el cese el fuego bilateral y definitivo y la entrega de las armas.

Todas las escuelas en el distrito escolar de Los Angeles recibieron ayer la orden de cerrar debido a un e-mail amenazante cuyo objetivo eran los estudiantes de varias escuelas.

El tiroteo en el cercano San Bernardino, donde el 3 de diciembre 14 personas murieron, influyó en la decisión de cerrar todas las escuelas, que superan las 900 y a las cuales asisten 640 mil estudiantes, informó el superintendente Ramon Cortines.

Un funcionario del cuerpo policial dijo que la amenaza la recibió un miembro del consejo escolar vía e-mail la tarde del lunes y parecía venir del extranjero.

Las autoridades no dieron detalles de la amenaza, al decir que todavía era analizada, pero agregaron que la medida se tomaba como exceso de precaución. Estaba previsto que las escuelas seguirían cerradas hasta que se despeje la amenaza.

Las escuelas de Los Angeles con frecuencia reciben amenazas, pero Cortines catalogó ésta de inusual.

"No fue a una, dos o tres escuelas", dijo en conferencia de prensa. "Fue a varias escuelas aunque no especificadas, pero había varias escuelas. Por eso motivo tomé esta medida", agregó.

Cortines indicó que quiere que cada instalación sea revisada y le entreguen un reporte a él y al consejo escolar de que son seguras. El distrito tiene más de 900 escuelas y 187 escuelas públicas independientes de la junta escolar.

El superintendente dijo que el jefe de la policía distrital le informó de la amenaza poco antes de 5.00 de la madrugada.

"Me informó que algunos de los detalles mencionaban mochilas, hablaban de otros paquetes", dijo Cortines.

El cierre sucedió el mismo día en que las clases se cancelaron en la Universidad San Bernardino Valley por una amenaza de bomba. Estudiantes y empleados fueron enviados a casa alrededor de las 5.30 la tarde del lunes después de recibirse la amenaza.

Mabel González / Agencias

La policía federal de Brasil allanó ayer por la madrugada los hogares y viviendas de altas figuras políticas en medio del caso de corrupción Petrobras. Uno de los involucrados fue el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien este mes inició el proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff.

Cunha es un adversario encarnizado de Rousseff y enfrenta cargos federales de corrupción acusado de haber aceptado al menos US$ 5 millones en sobornos vinculados con un escándalo de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.

Como titular de la Cámara Baja, Cunha tenía la prerrogativa de permitir el inicio del proceso de juicio político contra la Mandataria, cuyo Gobierno es acusado de irregularidades fiscales como utilizar fondos de bancos estatales para cubrir brechas en el presupuesto.

Cunha, quien niega toda irregularidad, dijo que los millones de dólares que se hallaron en cuentas bancarias suizas vinculadas con él provienen de negociaciones comerciales.

En las redadas, la policía confiscó teléfonos, computadores, documentos y otros elementos, aunque no practicó arrestos. También fueron allanadas las residencias u oficinas de dos ministros del Gobierno y un senador, todos miembros del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Cunha, que ha sido el miembro más fuerte de la coalición del Partido de los Trabajadores en el Gobierno desde que asumió la Presidencia en 2003, pero que está dividido en facciones a favor y en contra de la Mandataria. El vicepresidente de Rousseff es el titular del PMDB y, de ser sometida Rousseff a juicio político, asumiría la Presidencia.

Mientras tanto, la Corte Suprema podría dictaminar esta semana sobre la legalidad de cómo se formó en la Cámara de Diputados un comité especial para el juicio político. Por decreto de Cunha, se creó sin ningún debate y por votación secreta, y por ahora la mayoría de sus miembros favorecen enjuiciar a Rousseff.

Si dicho comité aprueba el juicio político, entonces sería sometido a una votación en pleno. De ser aprobado por dos tercios de los diputados, Rousseff sería removida del cargo hasta durante seis meses mientras el Senado decide si debe ser removida permanentemente, lo que también requeriría la aprobación de dos tercios de los senadores.

Arabia Saudita anunció la formación de una nueva coalición militar para combatir al terrorismo yihadista, integrada por 34 países islámicos que buscan cerrar filas desde Riad, donde estará su centro de operaciones. Participan en esta alianza países de Medio Oriente, África y Asia, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Bangladesh, Turquía, Somalia, Catar, Egipto, Marruecos, Nigeria y Yemen. El objetivo de la alianza es protegerse "de los males de todos los grupos armados y organizaciones terroristas -cualquiera que sea su doctrina o título- que extendieron las matanzas y la corrupción en el mundo", según un comunicado publicado por la agencia oficial SPA.