La alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, que enfrenta un juicio oral por fraude electoral, nuevamente está en la palestra, esto luego que una nueva resolución de contraloría decretara que la edil debió haberse inhabilitado de sus funciones el día 31 de julio, fecha en que se hizo la denuncia.

Sin embargo, el problema para la primera autoridad de San Fabián no termina ahí, pues el dictamen indica, además, que tanto la alcaldesa como el concejal Juan Carlos Parada (acusado por el mismo hecho) tendrían que devolver los sueldos recibidos hasta la fecha.

"En cuanto a la procedencia del reintegro de los montos que ambos servidores hubiesen percibido como consecuencia del ejercicio de sus funciones, habiendo ya operado la incapacidad prevista en el citado artículo 61 de la ley N° 18.695, es útil indicar que los dictámenes N°s. 54.796, de 2012, y 7.442, de 2013, relativos a casos de concejales que han estado incapacitados temporalmente para el desempeño de sus cargos en virtud de dicha norma, han sostenido que estos se encuentran legalmente impedidos de asistir a las sesiones del concejo, como asimismo, de percibir la dieta mensual contemplada en el artículo 88 de la mencionada ley N° 18.695, correspondiendo a la municipalidad respectiva, por ende, exigir la devolución de los montos ingresados indebidamente a sus patrimonios", se lee en el documento de contraloría.

Con respecto a esta situación, el abogado de la alcaldesa de San Fabián, Ricardo Robles, aseguró que no se pronunciarán respecto de esta situación ya que aún no habría nada notificado oficialmente a las partes involucradas.

"Yo hablé hoy (ayer) con la alcaldesa y me dijo que a ella no le ha llegado absolutamente ningún documento o notificación oficial sobre este nuevo dictamen de Contraloría. Tomando en cuenta esto me parece irresponsable pronunciarme al respecto sin embargo puedo decir que una vez que la señora Lorena sea avisada de esta situación tomaremos las medidas correspondientes", dijo el abogado, y agregó: "La apelación siempre es una opción".

Cabe señalar que toda esta situación comenzó el 31 de julio cuando se presentó una denuncia en contra de la alcaldesa y 3 de sus asesores.

El delito de incitar u organizar a electores a proporcionar domicilio electoral falso está contemplado en la Ley 20.568 que modifica la Ley Orgánica Constitucional 18.556 acerca del sistema de inscripciones electorales y Servicio Electoral. Para la alcaldesa y Marcia Ortiz (asesora), en su calidad de autores de hecho, la Fiscalía pide cuatro años de presidio, multa de 20 UTM y la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. Mientras que para el concejal Juan Carlos Parada se solicita una sanción de 800 días de presidio, multa de 15 UTM y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos.

En cuanto al cuarto imputado, Ariel Torres (esposo de la alcaldesa), la Fiscalía aspira a que se le apliquen dos penas de 300 días de presidio y siete años y un día de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.

Lorena Jardua siempre ha asegurado inocencia, mostrado confianza en que la justicia hará su trabajo, incluso participando de eventos y actividades oficiales de la comuna.