A solo cuatro días para que se conozcan los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la cámara de diputados le otorgó, en su último trámite constitucional, los votos necesarios a la ley corta de Educación para que a contar del próximo año los estudiantes que ingresen a las universidades estatales y del Cruch, que tengan más de 4 años de acreditación y que no lucren, puedan acceder a la educación gratuita.
Se calcula que serán 170 mil alumnos -y no los 200 mil del proyecto aprobado anteriormente y que el Tribunal Constitucional consideró "discriminatorio"- los que podrán obtener este beneficio.
La ley corta, sin embargo, deja afuera de la posibilidad de gratuidad a los alumnos de Institutos Profesionales (IP) y Centros de Educación Técnica (CFT), quienes sólo podrán optar a la Beca Nuevo Milenio que, en los casos de las instituciones que cumplan con los requisitos del sistema, aumentará a $900 mil para que sus alumnos puedan costear sus aranceles. En caso que la acreditación no llegue a los 4 años, el monto a percibir será de $850 mil.
Para zanjar la votación, el gobierno debió resolver esta posible nueva discriminación del sistema, con la promesa de garantizar la inclusión de los CFT e IP al régimen de gratuidad durante los próximos tres años. Ello, a raíz de la amenaza de los parlamentarios de oposición y los representantes de las instituciones de educación técnica que volver a recurrir al Tribunal Constitucional.
Paralelamente, se duplicó en este proyecto el aporte del gobierno destinado al fortalecimiento de las universidades estatales, que apuntan a cumplir el compromiso de mejorar la calidad educativa que ofrecen las instituciones adscritas ala régimen de gratuidad.
En definitiva el Congreso aprobó un sistema de gratuidad de manera forzada, apremiado por la fecha en que el gobierno debe informar a los futuros estudiantes el mecanismo con el que operará la promesa presidencial de gratuidad y quiénes podrán optar a recibir tal beneficio, y haciendo frente a las acusaciones de nueva discriminación del proyecto.
Lo concreto hoy es que la educación superior gratuita podrá comenzar a ser una realidad desde el 2016. El mecanismo de financiamiento y su cobertura, sin embargo, deben ser perfeccionados, para zanjar las críticas a la discriminación que pueda surgir entre alumnos.