Luego de estar 48 horas en calidad de detenido en la cárcel de Chillán, Wilson Navarrete fue formalizado ayer por el delito de homicidio, tras entregarse a Carabineros durante la madrugada del domingo, confesando que había dado muerte a su cuñado con un cuchillo.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada en la comuna de Pinto, específicamente en el sector El Chacay. Según la versión de fiscalía, el grupo familiar participó de una fiesta el sábado en la tarde y tras la celebración, Celia Navarrete regresó a su domicilio, encontrando a su marido, Manuel Durán Lagos, tendido sobre un colchón en evidente estado de ebriedad.

En ese momento, tras despertarlo, el hombre comenzó a recriminarle que no había regresado sola, que supuestamente "su amante" la había ido a dejar.

De esta manera, procedió a golpearla con puños y patadas. La mujer, en tanto, pudo zafarse y correr hacia el patio, pudiendo llamar a su hermana, Cristina Navarrete, quien se encontraba con el resto del grupo familiar, incluyendo a Wilson Navarrete.

En la audiencia de ayer, el fiscal Eduardo Planck añadió que al llegar a la casa, los hijos del matrimonio ayudaron a la mujer, mientras que los hermanos se dedicaron a buscar a Manuel Durán, siendo Wilson Navarrete quien lo encontró detrás de un galpón ubicado dentro del mismo sitio de la familia. Así, se inició una pelea que finalizó con una golpiza de parte de Navarrete a Durán, a quien propinó diversos cortes con el arma blanca, siendo un ataque en el tórax el que le provocó posteriormente la muerte.

La abogada Paola Mujica, defensora de Navarrete, se opuso a la prisión preventiva por todas las circunstancias atenuantes; sin embargo, el juez determinó su prisión preventiva y un plazo de investigación de tres meses.

Con las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional quedó José Miguel Lira, abogado y ex representante de la empresa LG en Chile, quien llevó adelante la licitación y negociación con la Municipalidad de Chillán Viejo respecto a la cuestionada instalación de luces LED en la comuna.

El profesional fue imputado ante segundo tribunal de Garantía de Santiago por el Ministerio Público, por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado, además de estafa, luego de haber realizado negocios con seis comunas (entre ellas Chillán Viejo) en nombre de la empresa entre 2013 y 2014, periodo en que ya no poseía el poder jurídico para realizar estas gestiones. Fueron, en total, negocios que alcanzaron en un año la suma de $11.562 millones.

Según indica la formalización, el imputado, "sin encontrarse facultado para ello y en perjuicio de LGE, procedió a aceptar 4 facturas de terceros por servicios no prestados, esto es, ideológicamente falsas, las que luego eran cedidas a empresas de Factoring, con su consentimiento".

En el caso de Chillán Viejo, el proyecto fue adjudicado durante 2013, con una inversión inicial de $918 millones; sin embargo, las obras significaron un pago total de $1.341 millones, los cuales deben cancelar en 120 cuotas mensuales.

Sin embargo, desde marzo de 2014, la comisión receptora del municipio presentó ocho observaciones al proyecto. De hecho, a la fecha aún no puede avanzar sin tener ni siquiera su recepción provisoria sin observaciones, a más de 2 años de que las luminarias led fueran instaladas.

Debido a la gestión interna que realizó el municipio con el imputado, el concejal Rodolfo Gazmuri presentó una denuncia ante la fiscalía local de Chillán para que se investigue quiénes fueron los responsables de las obras que no han tenido la mantención necesaria; de hecho, ya se le han cursado multas a la empresa por $280 millones.

Consultado por este caso, el edil comentó que en la arista local aún no ha recibido novedades sobre las diligencias que lleva a cabo la fiscalía.

Danny Fuentes Espinoza

Luego de tres años y nueve meses de indagatoria y diversas audiencias, empieza a las 9 de la mañana de hoy, en el Tribunal Oral en Lo Penal de Chillán, el juicio por "acarreo" electoral que tiene en el banquillo de los acusados a la alcaldesa de San Fabián de Alico, Lorena Jardua.

Más de 60 personas serán presentadas como testigos, además de la prueba documental que significó acumular antecedentes en seis tomos que empezaron a recopilarse desde que la causa comenzó a ser investigada, formalmente en octubre de 2013.

Durante el día de ayer, los políticos que han seguido de cerca el caso se pronunciaron. Entre ellos, el senador Alejandro Navarro, quien se refirió a este caso como un juicio histórico, dado que es la primera vez que en el país se realiza un juicio oral por el delito de incitar u organizar a electores a proporcionar domicilio electoral falso, contemplado en el artículo 54 N° 3 de la Ley 20.568.

"Al inicio de este proceso, hubo muchos parlamentarios y autoridades que estimaron que esta era una persecución política, estimándose que se realizaban estas acciones con esta motivación, pero el proceso mismo devela que existe una base concreta, que es la constitución de un delito, establecido y penalizado por la ley de registro electoral, que se creó con el fin de que estos delitos no vuelvan a cometerse en cualquier parte de Chile", señaló el senador Navarro.

Junto a él, la denunciante del caso, Carmen Salinas, aseveró que el comienzo de este litigio -que se espera que dure al menos dos semanas- es el resultado de una investigación seria y con fundamentos. "Una vez que realicé la denuncia, me han tratado mal, de mentirosa y de crear un montaje político, asegurando que yo tenía un vínculo con Cristian Fernández (ex alcalde de San Fabián), pero la verdad es que jamás tuve contacto con él hasta que se presentó la querella por el caso, un mes después de la denuncia", enfatizó.

Defensa

En la derecha, en tanto, salieron en férrea defensa de la alcaldesa de San Fabián.

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe insistió en que este caso es parte de una persecución política. "Lo que pretende el senador Navarro es ganar la alcaldía por la ventana, después que su ahijado político (Cristian Fernández) perdiera los comicios, y además fuera destituido de la gobernación por irregularidades".

Por su parte, la alcaldesa de San Fabián agradeció el apoyo de sus adherentes y dijo estar tranquila frente al juicio, asegurando su inocencia y confianza en el abogado Ricardo Robles, que la representa.

"Con este caso solo se ha buscado enlodar mi imagen, causando un enorme daño a mi familia, pero la verdad es que en esta instancia demostraré que no existió tal acarreo político", dijo la edil, que actualmente se encuentra suspendida temporalmente de sus funciones, específicamente desde que se dictó el auto de apertura de la causa, en diciembre de 2015.

Asimismo, aseguró que la denuncia obedece a un complot político, que se inició en orquestación entre el ex alcalde Cristian Fernández y Carmen Salinas, quienes -dijo- se conocieron cuando él era el administrador municipal.