Un día después de que el Ministerio de Hacienda notificara mediante un comunidado público la petición de renuncia que le realizó la presidenta Michelle Bachelet al superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel, el Poder Judicial transparentó el informe que solicitó la Corte de Apelaciones de Concepción a la entidad reguladora.
En un documento de 16 páginas, la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) fundamentó cada una de las solicitudes de Chillán Casino Resort, sociedad que integra el consorcio argentino-catalán Boldt-Peralada, incorporadas en el recurso. El documento aparece firmado por el superintendente (s), Karl Dietert Reyes, quien tuvo la responsabilidad de pronunciarse respecto a la posición de la SCJ.
Dicho informe hace alusión a tres puntos: Sobre el recurso en sí, también del informe que emanó el Consejo Regional en justificación a su última votación (del 25 de noviembre de 2015) y, en tercer término, el pronunciamiento del mismo core respecto a la falta de legitimación que se les acusó en el mismo recurso judicial, donde se objetó el proyecto de Boldt-Peralada.
Las respuestas
El primero de los puntos que abordó la SCJ fue sobre la objeción que acusó el consorcio extranjero, sobre una votación considerada arbitraria e ilegal.
Desde la SJC aseveraron que "sobre el particular, cabe señalar que de conformidad a lo establecido por la Ley (19.995), esta superintendencia es representada por su superintendente, quien es la única persona facultada para emitir instrucciones, órdenes o interpretaciones oficiales de la Superintendencia de Casinos de Juego, en el ejercicio de sus funciones legales y reglamentarias".
Es necesario recordar que una de las críticas al superintendente saliente fue precisamente la falta de orientaciones a la votación del Core, que se tradujo en que la justicia resolviera en dos oportunidades repetir el pronunciamiento.
De esta forma, precisaron que les está impedido inmiscuirse en el ejercicio de las facultades que la ley entrega a un servicio público como lo es el Gobierno Regional, pese a que Boldt había justificado el recurso judicial en que la SCJ debía evaluar la votación y si es que ésta tomaba en consideración el lugar de emplazamiento y su impacto en el desarrollo regional.
Sin embargo, la SCJ no objetó la competencia del Gore para deliberar en favor de una de las empresas en competencia para construir el casino.
La misma idea de la autonomía que posee cada entidad pública sostuvo la SCJ en los siguientes puntos a los que solicitó referirse la Corte de Apelaciones penquista, que ahora posee todos los antecedentes para entregarlos a un abogado relator, para así proponer una fecha para realizar los alegatos y deliberar si se impugna o no la cuestionada votación.
La SCJ argumenta que el proceso debe resolverse en la sede jurisdiccional, correspondiente al Consejo Resolutivo, encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
De esta manera, sobre los descargos que realizó el Gore, anunciaron que no es competencia de la SCJ, repitiendo los mismos argumentos a lo largo del informe.
El documento, ahora en manos de los abogados Ricardo Abdala, representante de Boldt-Peralada, y Mario Rojas, de Marina del Sol, será estudiado y así se podría acelerar el proceso trabado en tribunales, dilatándolo por dos años, desde que se inició la postulación en 2014.
Polémica filtración de la SC
Un "informe en derecho" realizado internamente por la SCJ en mayo del año pasado fue filtrado en noviembre a través de un medio virtual, lo que ocasionó serios cuestionamientos a la gestión de Hamel, dado que dicho documento (que cuestionaba la postulación de Marina del Sol para adjudicarse el proyecto) no se puso en conocimiento del Consejo Resolutivo, que encabeza el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. Pese a que se argumentó que no era relevante, la presidenta decidió solicitarle la renuncia, dejando en su cargo de manera interina, a Daniel García, director de Gestión de Servicios del ministerio de Hacienda.
