Tras estar siete meses en prisión preventiva, el chillanvejano de 47 años acusado por robar tres prendas íntimas femeninas quedó en libertad el día de ayer, tras ser absuelto del delito de robo en lugar habitado.

El juicio duró tan solo tres horas, partiendo por el alegato de fiscalía, donde recordó que el hombre ya había cometido un robo de calzones y además, un abuso sexual.

Por su parte, la defensa del acusado esgrimió que su actuar se debe a su fetichismo.

Tras estos alegatos de apertura, el hombre renunció a su derecho a guardar silencio y relató que su psicopatología comenzó a los nueve años, cuando sustrajo una prenda íntima de su vecina, ocultándolo en diversas partes de la casa.

Desde entonces, comenzó su fascinación por la ropa interior, viajando a Concepción para comprar diversos tipos, tamaños, marcas y texturas que describió en su declaración.

Esta situación le trabajo problemas con su esposa, quien lo abandonó debido a su problema con el alcoholismo, además de desconfiar de su conducta, ya que era él quien siempre la mantenía con un sobre stock de ropa interior, la que finalmente utilizaba él mismo.

Así también, el perito psicológico que presentó la defensa estableció que si bien el fetichismo puede ser reprochado moralmente, son actos de los que padece un amplio margen de la población en el mundo.

Por su parte, la fiscalía presentó a la víctima del robo, quien la madrugada del 4 de julio sorprendió saliendo de su domicilio al acusado, quien escalaba por la reja tratando de escapar. De hecho, fue Carabineros quien lo revisó en el cuartel policial y se percató de las prendas. Sin embargo, los magistrados consideraron que estos hechos no ameritan encarcelarlo, tal como pretendía el Ministerio Público.

Danny Fuentes Espinoza

Ya en su fase final entró el juicio por presunto "acarreo político" que enfrenta la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, dado que para esta jornada se espera que concluya la exposición de las pruebas testimoniales y documentales que presentó tanto Fiscalía, la parte querellante y también de la defensa de los otros tres acusados.

La jornada de ayer, que se desarrolló en la primera sala del tribunal Oral en Lo Penal de Chillán, estuvo marcada por la última declaración que ofreció como medio de prueba el Ministerio Público, que correspondió a Eulalia del Carmen Salinas, quien fue la persona que el 5 de mayo denunció el traslado de personas desde el sector San Manuel de Verquicó, en San Carlos, hasta San Fabián, adonde supuestamente se les acarreó para que fijaran un domicilio electoral falso y favorecieran a Jardua en los comicios electorales de 2012, donde resultó electa la actual jefa municipal.

En su declaración, relató que el 5 de mayo se enteró del acarreo a raíz del llamado de un sobrino suyo, Manuel Salinas. "Él me comentó que su pareja y su hijo iban a ser llevados en un bus hasta San Fabián, porque se inscribirían en la junta de registro electoral de allá, porque así iban a pagar favores que se les habían hecho", relató Salinas.

Aclaró que fue en aquella jornada que se comunicó por primera vez con el alcalde de ese entonces, Cristian Fernández, a quien le informó sobre la irregularidad.

De esta forma, presentó la denuncia ante Carabineros, lo que decantó en lo que sería la formalización, en octubre de 2013, de Lorena Jardua, además de su esposo, Ariel Torres; su colaboradora, Marcia Ortiz; y también el ahora concejal, Juan Carlos Parada, quienes están hoy sentados en el banquillo de los acusados.

Otro de los puntos que buscó aclarar la fiscalía y la defensa fue su relación con Ariel Torres, ya que la propia alcaldesa Jardua aseveró en su declaración ante los jueces que existía una lío amoroso entre ellos, añadiendo que construyó un complot político de parte de Salinas (dirigente social), en conjunto con Cristian Fernández y también el senador Alejandro Navarro.

"Con Ariel Torres tuvimos una relación cuando éramos muy jóvenes, pero luego nos reencontramos y solo tuve una relación de trabajo, ya que le solicité una ayuda, dado que él posee estudios de arquitectura", aseveró Carmen Salinas, justificando de esta manera las visitas que le realizó en los periodos cuestionados (previos al 30 de abril y 5 de mayo de 2012).

El fiscal Álvaro Serrano destacó que este testimonio "es de oídas, pero no menos importante, porque a través de ella se puede insistir en que aquí se cometió el delito de acarreo".

Posteriormente, fue Rodrigo Vera, defensor de Ariel Torres y Juan Parada, quien llamó a estrado a Dagoberto Gutiérrez, funcionario de la asesoría técnica de la PDI para que declarara. "Su rol fue entrevistar al dueño del bus que supuestamente se usó para acarrear, pero al mostrarle las fotos de Ariel Torres y Juan Carlos negó que fueran ellos quienes lo arrendaron. Así, queda claro que aquí no se incurrió en ninguno de los delitos acusados", dijo el abogado.