Danny Fuentes Espinoza

La denominada "agenda corta antidelincuencia", que por estos días se tramita en el Senado, incluye una serie de cambios normativos que tienen como finalidad mejorar los índices de victimización y percepción de la seguridad en la ciudadanía.

Entre otras medidas, contempla la eliminación de atenuantes para los delitos de la apropiación de las cosas o muebles ajenas contra la voluntad de su dueño, como también el aumento de las penas en los casos de receptación, hurtos y robos. No obstante, el control preventivo de identidad es sin lugar a dudas el punto más controversial.

La idea de los parlamentarios que llevan adelante este proyecto es que carabineros tenga mayores facultades al momento de querer corroborar la identidad de cualquier ciudadano, éste no podrá negarse, ya que en caso de oposición, será trasladada hasta un cuartel policial, con un plazo de cuatro horas antes de ser liberado, previa confirmación de su identidad. Para el caso de los menores, si éstos rechazan ser controlados, pueden ser arrestados y estar en esa condición por un tiempo máximo de una hora.

De esta forma, se prevé que el efecto sea capturar al menos a parte de las 66 mil personas que hoy tienen una orden de detención pendiente.

Controles en Chillán

En el caso de Chillán, la segunda comisaría de la prefectura de Ñuble es la encargada de realizar labores de prevención de delitos y mantener el orden público.

En ese contexto, durante 2015 se realizaron 6.032 controles de identidad en la ciudad, según informaron desde Carabineros. La cifra representó una considerable disminución (54%) respecto a 2014, cuando se realizó un total de 13.254 controles de identidad, de acuerdo a los datos generados por la institución en la Automatización de Unidades Policiales (Autopol).

Trámite legislativo

El pasado 26 de enero, la comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación del proyecto de agenda corta antidelincuencia en torno al control preventivo de identidad, con los votos de Felipe Harboe, Alberto Espina, Hernán Larraín y Pedro Araya, teniendo sólo un voto en contra, de parte de Alfonso de Urresti (PS).

Para entonces, el senador Alberto Espina manifestó que "esta es una norma que tiene por objeto permitir que las policías en lugares públicos o aquellos lugares privados que son de libre acceso al público pueda requerir la identificación de una persona, otorgándole todas las facilidades del caso y todas las medidas para que este instrumento que se le otorga a la policía no sea mal utilizado".

De esta forma, los senadores respaldaron la medida nacida por un grupo de parlamentarios, entre ellos el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien gestó la modificación, ya que según su visión, "en un país donde el problema que tienen los chilenos es la delincuencia, que no mira colores políticos y que mira solamente a las personas, en cuanto les pueden robar para hacerse de bienes que pueden reducir". Por ello, sostuvo que "se deben entregar las herramientas a las policías, que son las personas que tienen que dar esa seguridad que el Estado tienen que garantizar".

Consultado al respecto, el diputado Jorge Sabag expresó que todo proyecto para combatir el flagelo de la delincuencia es importante. Respecto al control de identidad, dijo que "es una medida preventiva y quizás hay que tener un criterio único para que no hay discresionalidad en la aplicación".

Visión contrapuesta

El debate ha generado polarización entre la visión de parlamentarios e instituciones de Derechos Humanos, como también abogados penalistas. De hecho, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó su preocupación por el proyecto.

El jefe de la defensoría penal pública de Chillán, Antonio Guerra, manifestó su oposición a la modificación del control preventivo de identidad, ya que guarda similitud con la derogada ley (en 1988) de la detención por sospecha.

"Se pretende reformar nuevamente el artículo 85, por cuarta vez desde que entró en vigencia la reforma procesal penal, para dar una sensación de dar una tranquilidad a la comunidad mediante esta norma, con un control preventivo, que no es más que un control por sospecha", comentó Guerra, agregando que la normativa no debe progresar en el parlamento, "porque va a coartar los derechos individuales de las personas y las cifras continúan de la misma forma porque se siguen realizando modificaciones"

El abogado penalista, Carlos Astorga se cuadró con Guerra y expresó que "es una herramienta completamente discriminatoria, porque cuando se vaya a determinar quién se le va a hacer control de identidad, se le hará a personas de un estereotipo determinado, que yo lo asocio a la pobreza, por parecer que son delincuentes".

En tanto, Rodrigo Vera Lama, abogado penalista y ex fiscal militar, comentó que hoy existe una alta tasa de percepción de inseguridad que ha generado un constante ataque hacia la ley, pero que hoy, la existencia del artículo 85 ya determina con ciertas garantías que las policías pueden realizar fiscalizaciones efectivas.

"La experiencia nos demuestra que el alza en las penas de los delitos contra la propiedad en ningún caso ha reducido la cantidad de delitos", dijo Lama, advirtiendo además que tal como se está planteando, "va en detrimento de las capacidades investigativas de la policía, porque se está privilegiando la disminución de las libertades públicas", lo que sólo genera más dudas sobre los efectos que traerá la norma.