Constanza Velásquez

Diversas reacciones ha provocado el acuerdo que la Fiscalía Regional Metropolitana decidió ofrecer a la defensa de los imputados del caso tsunami, investigación que tardó 6 años en concretarse.

El 4 de marzo pasadas las 16 horas, el fiscal regional José Luis Pérez Calaf envió un correo electrónico a las seis defensas de los acusados de dicha investigación, en el que adjuntó un documento con la última propuesta de condiciones que debían aceptar los imputados para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y obtener la suspensión condicional del proceso, por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de tsunami que provocó la muerte a cientos de personas en las costas de la séptima y octava región.

En el correo electrónico se detalla que Rosende tendría que pagar $ 80 millones, Fernández $ 40 millones, Jammet $ 5 millones y cada uno de los tres ex integrantes de la Armada, entre los que está Rojas, tendrán que entregar $ 40 millones. En total son $ 245 millones, de los cuales cerca de $ 230 millones irán para los familiares de las víctimas y el resto se destinará para un seminario sobre cómo enfrentar las emergencias producto de estos desastres naturales.

El lunes 7 de marzo finalmente las defensas aceptaron el trato con el Ministerio Público y el fiscal Pérez citó a los querellantes para entregarles detalles de las tratativas, sin embargo todos los abogados presentes en la reunión le anunciaron que se opondrán a la salida alternativa ofrecida, lo que se materializará el 14 de marzo, fecha en que estaba programada la audiencia para preparar el juicio oral.

Pérez Calaf asumió como fiscal regional el 22 de enero pasado, luego que la titular de la investigación, Solange Huerta, terminara sus ocho años en el cargo. La investigadora siempre fue partidaria de la realización del juicio oral, incluso tras la acusación pidió 818 días de condena para cada uno, sin embargo al asumir el nuevo fiscal la situación cambió diametralmente.

El presidente regional de Renovación Nacional en el Biobío, Frank Sauerbaum, y ex miembro de la comisión investigativa del caso tsunami, reprobó tajantemente la decisión del nuevo fiscal regional, y aseguró que esto es una burla al dolor de las familias de las víctimas.

"Fui parte de la comisión investigativa de este caso y además fui querellante contra estos mismos personajes que hoy prácticamente salen libres de polvo y paja. Lamento profundamente esta situación principalmente por las familias de las víctimas, es realmente una burla", señaló Sauerbaum.

El político señaló que después de tantos años es extraño que no se haya logrado nada, que no se haya sacado nada en limpio, y afirmó que acá se ha actuado otra vez negligentemente.

"Es una lástima también que la fiscal Huerta se haya ido luego de 6 años de investigación sin haber podido establecer un responsable en el caso. Y para rematar llega este fiscal nuevo, nombrado por la Presidenta Bachelet, y sencillamente termina el caso en nada. Sin duda esto da para pensar que él tenía acuerdos previos con quien lo nombró", puntualizó Sauerbaum, y agregó: "Aquí el factor político pesó mucho. El hilo se ha cortado por lo más delgado".

Por su parte, la senadora Jacqueline Van Rysselbergue hizo un llamado al gobierno a reconocer sus errores, ya que los únicos que se han visto perjudicados con estas decisiones son las familias de las víctimas, que deben vivir con el dolor de no tener un responsable por la muerte de sus seres queridos.

"Esto es realmente vergonzoso. Después de tanto tiempo la paciencia tiene un límite, existe una expectativa de que alguien asuma la responsabilidad por las víctimas, a mí me parece que salir ahora con una solución alternativa es impresentable para las familias. Acá debería al menos algún reconocimiento por parte del Estado, que asuman su responsabilidad", señaló la senadora.

Con respecto precisamente a la cláusula de "pedir perdón a las víctimas" este lunes fuentes de las defensas señalaron que se acordará un texto que exprese el sentir de los imputados, sin embargo en este no estará ni la palabra "perdón", ni se hará un reconocimiento de culpabilidad. Lo que se evalúa es que los acusados señalen que se pudo hacer mayores esfuerzos esa noche, pero que fue el sistema completo el que falló.

"No puede ser que el gobierno, que las autoridades de ese entonces ni siquiera sean capaces de reconocer que se equivocaron", agregó Van Rysselbergue.

Finalmente el senador del MAS, Alejandro Navarro, cuestionó la decisión del Ministerio Público, asegurando que "si no se conoce la verdad nunca habrá tranquilidad para las familias de los fallecidos".

"No comparto la decisión de no llegar a la verdad, se puede llegar a una compensación económica, pero una vez que se conozca qué es lo que realmente pasó. La única manera de que estos hechos no se repitan es que se lleve a cabo este juicio. Nosotros vamos a acompañar a las familias y si es necesario prestaremos la asesoría jurídica para darle continuidad a este proceso que tiene que establecer responsabilidades y compensar a las víctimas", dijo el parlamentario, y concluyó: "Esto no ayuda al discurso del propio gobierno que pide transparencia, esta es una resolución que ensombrece a la política, porque si bien estos acuerdos son legales tienen ribetes de inmoralidad".

Querellantes

Con respecto al cuestionado acuerdo, el abogado Alfredo Morgado, que representa a familiares de 12 víctimas del tsunami de 2010, sostuvo que como litigantes se opondrán a este pacto en tribunales, y que en caso de ser necesario acudirán a la Corte de Apelaciones.

"Nosotros como abogados querellantes nos reunimos con el fiscal regional y manifestamos nuestra desaprobación y le expresamos que en esta audiencia que se realizará el día 14 de marzo rechazaremos este acuerdo sostenido entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados. La fiscal Solange Huerta siempre fue partidaria de una sentencia condenatoria por todas las fallas y omisiones cometidas por los imputados, siempre se pensó que esto iba a decantar en un juicio oral, sin embargo lamentablemente se dilató la preparación de juicio oral por diversos motivos y ahora, cuando asume el cargo de fiscal regional don José Luis Pérez, el planteamiento jurídico ha sido diametralmente distinto", dijo el abogado, y finalizó: "En caso de ser acogido el planteamiento de la fiscalía nosotros apelaremos en la Corte de Apelaciones".

Cabe recordar que en Chillán existe un conocido caso que también está involucrado en esta querella contra Rosende y las demás ex autoridades de gobierno. Es lo ocurrido con el reconocido profesor de música de la Escuela México, León Ortiz (63) y su hija Valeria (33), quienes fallecieron en el maremoto en la localidad de Dichato.

Ese día 27 de febrero, luego de haber escapado a los ceros, a eso de las siete de la mañana, cuando pensaban que ya no iba a pasar nada, decidieron bajar al pueblo a cerrar la casa, tomar el auto y partir a Chillán de vuelta. Sin embargo, la fallida alerta de tsunami no les permitió escapar de las dos olas que azotaron nuevamente la localidad.

La familia del docente no quiso referirse al juicio pues, según comentó una de sus hijas, "aún es un tema muy doloroso".

Según indicó Morgado, el juez de Garantía podría rechazar la negociación hecha entre la fiscalía y la defensa, más aún si los querellantes anunciaron que se opondrán, sin embargo si ese magistrado visa el acuerdo, se vería cada vez más extinguida la posibilidad de que la Bachelet declare como testigo en un juicio oral.

"En caso de ser acogido el planteamiento de la fiscalía nosotros apelaremos en la Corte de Apelaciones"

Alfredo Morgado, Abogado querellante

"Fui abogado querellante contra estos mismos personajes que hoy prácticamente salen libres de polvo y paja"

Frank Sauerbaum, Presidente regional de RN

pedía la fiscalía para cada uno de los imputados. El 7 de marzo pasado el propio fiscal del caso, José Luis Pérez, llega a un acuerdo con la defensa para evitar el juicio.

"Después de tanto tiempo la paciencia tiene un límite, existe una expectativa de que alguien asuma la responsabilidad"

Jacqueline van Rysselberghe, Senadora

"si no se conoce la verdad nunca habrá tranquilidad para las familias de los fallecidos"

Alejandro Navarro, Senador

4 años y cinco meses duró la investigación, cuyo proceso penal duró seis años. En enero de este año asumió el caso el nuevo fiscal occidente, José Luis Pérez.

818 días de cárcel