Danny Fuentes Espinoza

Con una inversión cercana a los $50 mil millones y la RS (Recomendación Favorable) dada desde 2014, el proyecto que crea una cárcel regional, denominada también "biprovincial" porque albergará a internos de las provincias de Ñuble y Bío Bío, se encuentra actualmente trabado luego que a fines de septiembre de 2015 la Universidad de Concepción rechazara finalmente la idea de vender un predio ubicado en San Carlos.

Por aquel entonces, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, afirmó que las obras de construcción comenzarían en 2018; sin embargo, las presiones políticas de la oposición y la disposición contrapuesta al interior de la institución académica terminaron de echar por tierra la pretensión de instaurar el recinto penitenciario en el kilómetro 367 de la ruta 5 sur, en el sector de Buli.

De esta forma, también se daba de baja la idea de construir en la provincia de Bío Bío, ya que entre abril y septiembre quedaban tres terrenos. Dos de ellos en las cercanías de Los Ángeles, y el tercero en San Carlos, que finalmente fue el escogido.

Consultados por esta situación en la Secretaría Ministerial de Justicia que encabeza Jorge Cáceres desde que inició el actual gobierno, optaron por no referirse a la situación actual, dado que los aspectos trascendentales de este proyecto están radicados en Santiago. De hecho, es una unidad técnica de Gendarmería la encargada de revisar los antecedentes de los terrenos que, hasta ahora, no han sido transparentados respecto a si están en carpeta.

Desde la cartera ministerial de Justicia urge hacer efectiva la construcción de una cárcel. De hecho, el seremi Jorge Cáceres ha reiterado que la obra traería cerca de 3 mil empleos y, contrario a lo que se piensa, se reforzaría la seguridad en las inmediaciones del recinto penitenciario.

Otro hecho que urge es que este mes finalizaría el traslado de internos desde la cárcel El Manzano, que aumentaría la población penal del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán, que ya posee una sobrepoblación de 91 internos, según la última inspección realizada por jueces de la Corte de Apelaciones de Chillán.

Fuentes del sector comentaron que después de octubre se reiniciarían las gestiones para avanzar en el proyecto de la cárcel, que se pretende dejar zanjado durante este Gobierno. Esto se debería al impopular anuncio que genera la creación una cárcel. Por ello, desde la Seremi realizarán primero labores de socialización.

Escenas de terror fueron las que vivieron los vecinos de Quirihue, luego de que un incendio ocurrido el día domingo en la población El Llano consumiera una vivienda y dejara otra con severos daños estructurales.

La emergencia se produjo alrededor de las 18.30 horas y según los primeros antecedentes el fuego se habría originado en la vivienda de propiedad de Sinecio Cisterna, conocido vecino del sector, quien no se encontraba en su domicilio al momento de ocurrido el siniestro.

Bomberos decretó alarma general y pese a la rapidez de su actuar no fue posible rescatar enseres de una de las viviendas, que resultó completamente destruida.

Al momento del siniestro, no habían residentes, por lo que vecinos, al percatarse de la gran cantidad de humo que emanaba desde el domicilio, llamó a Bomberos, quienes tuvieron que solicitar el apoyo de unidades de Trehuaco.

Este llamado de colaboración surgió también porque a esa hora los grifos no presentaban la presión necesaria para trabajar de manera más eficiente. El comandante del cuerpo de Bomberos de Quirihue, Matías Sánchez, aprovechó de comentar que por lo mismo fue un incendio muy difícil de combatir.

En la oportunidad también aclaró la situación que involucró a uno de los carros de Bomberos, que colisionó con un vehículo particular cuando iba a cargar agua a un grifo cercano. Esto, según dijo, se debió a que el móvil estaba estacionado de manera irregular, y sumado a la emergencia no hubo capacidad de reaccionar.

Tras el incendio, cinco personas adultas y dos menores quedaron damnificados, por lo que los vecinos comenzaron a organizar la primera ayuda. Por su parte, esperan que el municipio también colabore con las dos familias que fueron afectadas.

Contra el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, y otros funcionarios del mismo municipio, un comerciante de nacionalidad china identificado como Bin Weng presentó una querella en el tribunal de Garantía local, por no permitirle instalar un local de juegos de destreza, más conocidos como "casinos populares".

La acción judicial fue interpuesta por el abogado Héctor mella, invocando el artículo 158 del Código Penal, que sanciona "a toda persona que prohibiere un trabajo que no se oponga a la ley", además de infringir el artículo 256, que también condena "a todo aquel administrativo que maliciosamente retrase o negare a los particulares la protección o servicio que debe dispensar".

La querella fue interpuesta el día viernes y ayer el abogado Héctor Mella recibió la notificación de que el tribunal local declaró admisible la acción judicial.

Según declaró Héctor Mella, la querella se interpuso contra Zarzar "al negarse a entregar una patente, o darle tramitación adulterando información, se comete abuso contra particulares, más delito funcionario. El alcalde, usando influencias en Carabineros preparó abusos usando a carabineros como policía privada", recordando que el alcalde ya ha interpuesto denuncias en la fiscalía local para que se investigue a otros casinos populares que ha clausurado por orden municipal.

No obstante, el problema está lejos de acabarse, ya que análisis técnicos de las máquinas que no han dirimido si son de azar o destreza, generan un vacío que no ha podido contrarrestar Zarzar ni ningún otro alcalde. De hecho, la querella estuvo fundamentada en que otros 30 comerciantes han obtenido patentes para instalar juegos que hoy operan, pero que en el caso de Bin Weng se ha hecho la excepción.

Dos exitosos procedimientos realizaron carabineros del OS7 y la Brigada Antinarcóticos de la PDI en San Carlos, que tuvieron como finalidad eliminar focos de venta de drogas.

En ambos casos se trató de allanamientos en domicilios. El caso del OS7 se trató de un hombre de 24 años, que fue investigado en el último tiempo. Al ingresar a su vivienda, se puso constatar que tenía 176 gramos 600 miligramos de marihuana elaborada, además de dos plantas de cannabis sativa de una altura de 3.25 y 4.20 metros. El detenido pasará hoy a control de detención.

En igual situación, coordinados con la fiscalía local de San Carlos, el grupo Micotráfico Cero de la PDI realizó otro allanamiento en el inmueble de propiedad de un hombre de 38 años, donde se logró incautar 20 gramos de cannabis sativa, clonazepán, munición, 820 mil pesos en efectivo y un teléfono móvil con el cual el sujeto se contactaría con clientes para la venta de la droga.