Pese a que el municipio se comprometió y aprobó los $35 millones para participar de la plantación de marihuana medicinal que lidera la Fundación Daya, ayer se confirmó que los recursos están paralizados, ya que no existe una boleta de garantía que respalde que los medicamentos llegarán.

"El tema pasa porque una situación de carácter legal. Las municipalidades deben tener garantizados los contratos que suscriben, de manera que la pregunta que tengo que formularme como director de control es quién garantiza que los millones de pesos que la municipalidad pueda entregar para producir estos medicamentos, van a llegar el día de mañana, porque si uno como profesional se coloca en mi situación y no llegaran los medicamentos, van a estar en el derecho de preguntar el por qué no se tomaron los resguardos correspondientes", indicó Wenceslao Vásquez, director de Control Municipal.

La respuesta molestó al interior del concejo, ya que el proyecto fue aprobado por todos los ediles y hoy se está a un paso de quedar sin medicamentos.

"Estoy absolutamente molesta con la respuesta del contralor, después de tantos meses de comisiones de trabajo y reunidos con las diferentes organizaciones no puedo creer que hoy, que ya partió la cosecha de la cannabis para empezar a producir los medicamentos, la municipalidad aún no entregue los fondos, la cual fue votada por el concejo y fue consultada por diferentes departamentos del municipio", sostuvo la concejala Nadia Kaik.

La preocupación también se centró en que nunca se consultó por este resquicio, pese a que los diferentes departamentos municipales estuvieron presentes en la comisión en la cual se debatió el proyecto.

"Cuando se requiere al encargado de control, en ausencia del alcalde, nos da una explicación muy superficial y que demuestra que todos estos meses no se ha trabajado en el tema y no hay una actitud de los departamentos de responder y del alcalde, para dar una solución de gestión eficiente a este compromiso que adquirimos con las familias", dijo el concejal Carlos Hernández, presidente de la Comisión de Salud.

Ingrid Acuña Caballero

El bajo precio de la uva es un tema que se repite todos los años y ad portas del periodo de vendimia, éste se agudizó dado que los viñateros tienen poca claridad respecto de cuál es el valor que pagarán las empresas comparadores.

La problemática se trasladó a la Comisión de Agricultura del Senado, en una reunión extraordinaria en la cual participaron viñateros de Ñuble y la Florida, pero en la que no estuvo presente el Ministro del ramo, lo que causó molestia de los viñateros, ya que muchos de los productores que se ven afectados acusan una posible colusión por parte de los grandes productores de vino para bajar el precio de la Uva.

"Esta una usura lo que hacen las grandes empresas, están comprando la uva a muy bajo precio, el que está bajo los costos que el agricultor tiene que invertir para producir. Las grandes viñas vienen a pagar entre $60 a $80 pesos y nosotros gastamos incluso más que eso al producir. No se debería vender a menos de $200 pesos el precio de la uva para poder sobrevivir", aseguró Víctor Rabanal, presidente de la Red del Vino.

Los viñateros aseguraron que son los pequeños productores los más afectados, quienes al no tener la posibilidad de vender a un buen precio, se ven obligados a entregar sus productos a los grandes productores de vino o dejar la uva en la parra.

"Estamos pasando una crisis económica tremenda por el bajo precio de la uva por este poder dominante que tienen las grandes viñas por sobre los pequeños productores. Tiene que existir una motivación mayor a la inversión por parte del Estado para invertir en centros de acopio que vayan orientados a la elaboración de vino para que sean embotellados y vendidos, tanto nacional como hacia el extranjero, vía granel", solicitó Rabanal.

Mesa de trabajo

Quienes también estuvieron presentes en la cita fueron los parlamentarios de la zona, los que aseguraron que de no mediar ayuda, el sector viñatero podría tener una gran pérdida económica.

"Le vinimos a mostrar nuestra preocupación a la comisión, dada la incertidumbre que mantienen los productores de uva del Valle del Itata más la comuna de Florida, tras la crisis que golpea al sector productivo de la región, todo esto por la abrumadora baja en los precios de la uva que no alcanzan a cubrir los costos de producción de los pequeños viñateros, hecho que podría generar una debacle importante en las plazas de trabajo de las comunas de Florida, Quillón, Ránquil y alrededores", sostuvo el diputado Jorge Sabag.

Fue el senador de la región, Felipe Harboe, quien presidió la comisión, el que aseguró que insistirá para que el gobierno se reúna con los productores para instalar una mesa de trabajo y concretar la mayor cantidad de ayudas que soliciten los viñateros.

"Esto es muy preocupante porque está generando una destrucción de la industria de pequeños agricultores y a su vez está generando un impacto social en las diferentes comunas. Le solicitamos a la directora de ODEPA un mayor apoyo por parte del Gobierno y esperamos que la futura autoridad de la comisión de Agricultura continúe con este trabajo para lograr un apoyo efectivo que permita desarrollar la pequeña industria vitivinícola de Ñuble", aclaró Harboe.

Fue el parlamentario de nuestra zona Carlos Abel Jarpa quien aseguró que "hoy existe una competencia desleal y creo que una buena alternativa al problema que ocurre es terminar con el 7% de agua que tienen los vinos chilenos", propuso el congresista.

A juicio de Jarpa, esta reducción permitiría dar respuesta a la situación contractual que afecta a los pequeños productores vitivinícolas de la región del Biobío, por lo cual comenzará un estudio al respecto.

"Existe una competencia desleal y creo que una buena alternativa al problema que ocurre es terminar con el 7% de agua que tienen los vinos chilenos"

Carlos Abel Jarpa,, Diputado