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Caval: Chadwick deberá pagar $ 535 millones a dueños de terreno en Machalí

RESOLUCIÓN. En la arista civil del caso, un juez estableció el incumplimiento de obligaciones por parte del síndico y sugirió al regulador que aplique sanciones.
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El Cuarto Juzgado Civil de Santiago condenó al síndico Herman Chadwick a devolver en total $ 535 millones a la familia Wiesner, los dueños primarios del paño de terrenos en Machalí que dio origen al caso Caval.

En primer lugar se sentenció al síndico a reembolsar más de $ 120 millones por gastos operacionales no aprobados por la Comisión de Acreedores que liquidó el terreno en esa operación.

En la arista civil del conflicto, la jueza María Paula Merino objetó las cuentas entregadas por Chadwick respecto del convenio judicial los Wiesner y determinó que incumplió sus obligaciones como síndico liquidador.

Pago a juan díaz

Chadwick deberá también devolver otros $ 415 millones, que corresponden a los honorarios que pagó sin motivo a Juan Díaz, ex operador de la UDI.

La sentencia reprocha a Chadwick que solo una vez que comenzaron las dudas por su trabajo, el síndico de quiebras formalizó dos contratos fingiendo haber sido firmados años atrás para justificar los millonarios pagos a Díaz.

En esos contratos se estipulaba que Díaz debía llevar a cabo diligencias para el cambio de uso de suelo de esos terrenos y aumentar su valor para una posible futura venta.

Merino destacó que el cambio de uso de suelo nunca se concretó y que el mismo síndico recibió el terreno en oferta por parte de Caval para venderlos.

El fallo agrega que "la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá proceder a aplicar las sanciones que estime correspondan al señor Chadwick, por el incumplimiento de sus obligaciones como Síndico Liquidador en el Convenio Judicial Preventivo Wiesner S.A.".

Matías Insunza, abogado querellante del caso, explicó que "la familia Wiesner está muy satisfecha, porque se logró que el tribunal civil acogiera las objeciones y esperamos que se cumpla con la decisión adoptada por la magistrada".

El fallo dio por sentado que el síndico pidió y aceptó un honorario adicional indebido de $ 96 millones, aunque se declaró incompetente pues no se pagó con el convenio.

La Corte elevó las penas a oficiales por torturas al general Bachelet

CAUSA. Se aumentaron las condenas en dos años y un año a dos ex oficiales.
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La Corte de Apelaciones de Santiago elevó a cuatro años la condena a dos ex miembros de la Fuerza Aérea por las torturas que sufrió el padre de la Presidenta Michelle Bachelet, el ex general (A) Alberto Bachelet, y que le ocasionaron la muerte en la cárcel en marzo de 1974.

El tribunal de alzada elevó de dos a cuatro años la pena al oficial en retiro Edgar Cevallos Jones y de tres a cuatro años a Ramón Cáceres Jorquera, quienes torturaron al general Bachelet entre septiembre de 1973 y marzo de 1974.

En su fallo, el tribunal señaló que las torturas a Bachelet son "ilícitos que tienen el carácter de delitos de lesa humanidad por haber sido cometidos por agentes del gobierno militar de facto instaurado en el país en septiembre de 1973, llevados a cabo valiéndose de la fuerza, al margen de toda juridicidad, respecto de personas en situación de indefensión, que se hallaban a merced de la crueldad y abuso de la fuerza y el poder de los autores".

En la investigación de la causa, dirigida por ministro en visita Mario Carroza, se detallaron las múltiples detenciones de las cuales fue objeto el padre de la Presidenta Bachelet, las torturas y las contantes visitas al hospital por una afección cardíaca provocada por el estado de tensión y presión psicológica al que fue sometido durante su encierro.

El documento de la investigación agregó las circunstancias de la muerte de Alberto Bachelet e indica que el 12 de marzo de 1974 sufrió una dilatación cardíaca aguda, la que finalmente sería la causa de su muerte en dependencias de la Cárcel Pública.

12 de marzo de 1974 fue la fecha en que murió el ex general Bachelet en la Cárcel Pública.

Luchsinger-Mackay: grupo de 10 detenidos quedó en prisión

ASESINATO. El testimonio de un formalizado permitió dar con quienes presuntamente mataron a matrimonio de ancianos.
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Mauricio Mondaca

El Juzgado de Garantía de Temuco decretó ayer prisión preventiva para 10 de los 11 detenidos por su presunta participación en el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay. Los individuos, detenidos en la "Operación Lumague", que tuvo a 100 policías en lugares como Padre Las Casas y Vilcún, fueron formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista.

El Gobierno presentó ayer una querella contra quienes resulten responsables de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Uno de los detenidos, José Manuel Peralino, quien habría confesado su participación y la del resto de los imputados, quedó con arresto domiciliario total por ese ilícito.

La prisión preventiva fue dictada en contra de los comuneros José Arturo Córdova Tránsito (hermano de Celestino, único condenado en la causa hasta el momento), José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel, Luis Sergio Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef y Eliseo Catrilaf Romero.

La machi Francisca Linconao, quien ya había sido formalizada y absuelta por porte ilegal de arma, también quedó en prisión preventiva.

"El Gobierno y el Estado tienen que responder ahora por lo que han hecho, por lo que están haciendo conmigo como machi", manifestó al reclamar su inocencia cuando llegó al tribunal.

El testimonio

De acuerdo a los antecedentes expuestos por el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, Peralino declaró en octubre de 2015 que "queríamos quemar, pero yo no quería que los viejitos murieran".

El persecutor agregó que múltiples diligencias permitieron confirmar la versión del imputado. Entre esas indagatorias estuvo un peritaje georeferencial a los celulares que portaban esa noche los detenidos.

Las reacciones

El ministro del Interior, Jorge Burgos, destacó que "siempre es bueno que, respecto de delitos en general y delitos de esta magnitud, no haya impunidad. Creo que es bueno para el país y para el Estado".

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, destacó lo que llamó "un nuevo paso" en el proceso judicial relativo al crimen y agregó que "esperamos que pronto se puedan determinar los responsables de este cobarde crimen y que la justicia vuelva a imperar en la zona".

"Estamos seguros que se iniciará una campaña para tratar de desvirtuar la labor que ha realizado la Fiscalía".

Alberto Espina, Senador RN por La Araucanía

"Esperamos también que se acabe la impunidad, esclareciéndose cada uno de los casos de violencia que aún están abiertos".

Patricio Crespo, Presidente de la SNA