Andrés Mass Olate

Visiones contrapuestas generó entre los jefes comunales pertenecientes al Valle del Itata, la conformación de la mesa de trabajo que sesionó ayer y que busca, de una vez por todas, solucionar principalmente la falta de agua potable para consumo humano que afecta a más de 25 mil personas que habitan la zona enclavada en el secano costero ñublensino.

En ese sentido, la alcaldesa de Coelemu, Laura Aravena, manifestó sobre sus resultados que "esperemos que no sea una reunión más, pues hace tiempo venimos representando tanto a estas autoridades como a las anteriores, la sequía potente que hay en el Valle del Itata. Necesitamos que se concentren los recursos en un tema vital como el agua; no obstante a tener claro el diagnóstico, se ha hecho muy poco para abordarlo con la efectividad que requiere", remarcó la autoridad que debe abastecer a 1.373 personas con camiones aljibe para que puedan contar con agua potable por no tener el preciado elemento.

En una línea similar se manifestó el alcalde de Ránquil, Carlos Garrido. "Las palabras del intendente al respecto no son muy auspiciosas, pues dejó claro que es difícil contar con más recursos. No obstante, si la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) cumple con proyectos que ya están elegibles, habrían avances, pero no los que queremos", detalló con un dejo de pesimismo.

En ese sentido, la autoridad comunal no ocultó su decepción con la puesta en marcha del Plan de Rezago impulsado por el Ejecutivo, que buscaba potenciar la zona del Valle del Itata. "Tenía la esperanza que la iniciativa gubernamental se podía traducir en mejorar las falencias que mayormente impiden el desarrollo de las nueve comunas que forman el Valle del Itata, conectividad y falta de agua potable, y hasta el momento no hemos visto algún beneficio concreto respecto a esos temas", explicó.

Junto con valorar la conformación de la mesa, a juicio de Alberto Gyhra, alcalde de Quillón, "lo importante es ver los recursos con que se cuenta y en cuánto tiempo se van a distribuir para solucionar el problema", enfatizó.

Análisis

La instancia de diálogo en la que participaron diversas autoridades, encabezadas por el intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, tras las respectivas exposiciones definió algunos cursos de acción, entre los cuales precisó el consejero regional (Core) por Ñuble, Gustavo Sanhueza, "está repriorizar los proyectos durante abril, a través de una mesa en la que participarán los equipos técnicos de la Intendencia, Obras Hidráulicas y los municipios del Valle del Itata, y ver las iniciativas relacionadas con el tema que pueden ser financiadas en el más corto plazo", sentenció.

Si bien reconoció que bajo la administración de la Presidenta Bachelet han existido avances en relación al importante incremento en los sistemas de Agua Potable Rural, el que al término del actual gobierno sumarán 200 a nivel regional, es imprescindible un esfuerzo adicional para dotar a la población de agua para el consumo humano", sostuvo por su parte el Core del MAS, Cristián Quiroz.

Otra de las posibilidades que se evaluó es la alternativa de que el país solicite un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la finalidad de financiar una solución definitiva al tema de la falta de agua en Ñuble. "Existe la voluntad del senador Navarro como mía de proponer al ministro de Hacienda pedir un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para abordar el problema, el que se cancelaría a cuenta del dinero (aproximadamente $600 millones) que el Estado invierte para dotar del vital elemento a las comunas del Valle del Itata", subrayó la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, quien espera reunirse junto a Navarro, durante los próximos días, con el responsable de las finanzas públicas para ver la factibilidad de la idea.

"Las palabras del intendente al respecto no son muy auspiciosas, pues dejó claro que es difícil contar con más recursos"

Carlos Garrido, Alcalde de Ránquil.

El caso de la familia Ortiz Obregón es emblemático en la medida que el tercer tribunal civil de Concepción acogió la demanda presentada por la familia que en 2010 perdió a dos de sus parientes, afectados por el terremoto 8,8 grados, ocurrido el 27 de febrero.

Desde entonces, luego de una ardua batalla judicial, la familia sigue en pie para lograr recibir una indemnización económica de parte del Estado, ante lo cual recibieron de parte del tribunal de primera instancia una resolución que los beneficiaría con $100 millones.

Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado, en su sede regional del Bío Bío, recurrió a la Corte de Apelaciones de Concepción para impugnar este fallo. Según comentó el abogado penquista Fernando Saenger, aún esta semana se encuentra pendiente la discusión en el tribunal de alzada.

No obstante, adelantó que aunque la Corte de Apelaciones puede revocar el fallo, o bien disminuir la cifra de indemnización, lo que consideraría como desfavorable para él como defensor de la familia es que en la Corte Suprema alegue que al menos en la arista penal se encuentra acreditada la responsabilidad del Centro de Alerta Temprana de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), que jugó un rol trascendental en el comportamiento de personas como León Ortiz Novoa y su hija Valeria Ortiz Obregón, que fallecieron en Dichato a causa de una de las olas que azotó la costa.

"También hay que tener presente que se está persiguiendo la responsabilidad penal de los seis imputados en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, lo cual puede influir en la resolución de la Corte Suprema", dijo Fernando Saenger, especificando que sería un traspié para los familiares afectados el hecho de que haya una suspensión condicional del procedimiento.

De parte de la familia afectada han rehusado hacer comentarios al respecto, no obstante se aclaró que los $100 millones están lejos por ahora de llegar a ellos, toda vez que el fallo no se encuentra a firme y ejecutoriado. Por ahora, quedan a la espera de los alegatos en la Corte de Apelaciones de Concepción y el análisis del efecto que tendrá el acuerdo reparatorio al que se llegó ayer en el caso tsunami.