Danny Fuentes Espinoza

Si bien a inicios de marzo la Corte de Apelaciones declaró arbitraria e ilegal la resolución del concejo municipal de Chillán que negó la patente de alcoholes al supermercado Santa Isabel, ubicado en avenida Alonso de Ercilla, los locatarios del strip center donde está ubicado el recinto comercial aún no se sienten conformes, dado que aún no se reinicia el expendio de los bebestibles para mayores de 18 años.

Consultados en el concejo, el presidente de la Comisión de Alcoholes, Jorge Vaccaro, dijo que una vez que el tribunal de alzada se pronunció respecto a la votación realizada por los ediles el 14 de diciembre de 2015, sólo en manos del municipio quedó la voluntad de otorgar el permiso.

No obstante, desde el municipio, el director del departamento jurídico de Chillán, Pedro San Martín, informó que la sentencia del 4 de marzo se encuentra firme y ejecutoriada.

Larga espera

"Que Santa Isabel no tenga la afluencia de público que nosotros proyectábamos nos afecta directamente porque nunca se vieron reflejadas", expresó Patricio Lagos, propietario del local de venta de comida 'Sushi House'.

Hasta ahora el reinicio de las ventas de alcoholes en el local comercial es sólo una ansiosa espera para Patricio Lagos y el resto de los comerciantes, que aducen que una cosa lleva a la otra. Si hay más productos que ofrecer en el supermercado, mayores posibilidades tendrán de aumentar sus ventas.

"Tener este local, que es el segundo que tengo en Chillán, era una apuesta de que irían 15 mil personas al strip center, pero por ahora estoy con números negativos. El negocio no está siendo rentable y están ya firmados los contratos por tres años, entonces hay mucha incertidumbre", indicó Patricio Lagos.

Desde la apertura del stripcenter, ubicado en Alonso de Ercilla, frente al colegio Sidney College, la polémica ha estado centrada sobre el punto de la venta de alcoholes. Para Vaccaro, el retraso en la entrega de la patente tuvo que ver con una decisión política del concejo, que en su votación negó el permiso correspondiente. "Toda la parte técnica de las mediciones dijeron que sí había un cumplimiento de la ley, que se midió puerta a puerta, entonces la Corte solamente hizo cumplir la ley. Después, es voluntad del municipio haber dado el permiso. Por ello, si Santa Isabel no reinicia la venta, está en todo su derecho, es algo que deben ver ellos", dijo.

Una pena que asciende a los 10 años y un día de cárcel, con cumplimiento efectivo, dictó ayer el tribunal Oral en Lo Penal de Chillán, que declaró culpable del delito de robo con violencia a Nelson Torres, oriundo de San Carlos.

El hombre de 27 años enfrentó a la justicia una vez que el Ministerio Público, a través del fiscal Rolando Canahuate, lo acusó de haber asaltado a un adolescente de 15 años.

El hecho ocurrió específicamente el 15 de julio de 2015, alrededor de las 15:45 horas, cuando la víctima de iniciales B.J.S.M. se dirigía a efectuar un depósito por la suma de $80.000 a una caja vecina que está ubicada en calle Balmaceda antes de llegar a calle Riquelme de la comuna de San Carlos.

Según la acusación del fiscal Canahuate, Nelson Torres abordó al menor antes de que llegara al local, colocándole el cuchillo en el cuello de la víctima, obligándolo a que le entregara el dinero. Sin embargo, el menor se dio vuelta y le tomó el arma blanca, iniciándose un forcejeo en que ambos resultaron lesionados.

Tras esto, el agresor logró huir con el dinero, entrando luego a una zapatería, donde el dueño del local advirtió lo que ahí ocurría, avisando a carabineros, quienes lograron capturarlo.

De esta manera, el hombre ingresó a prisión preventiva, y el hecho de ser reincidente le valió tener una agravante. "Es destacable señalar que esta sentencia fue conseguida a pesar que la víctima decidió no comparecer al juicio oral por razones particulares, lo que añadió una complejidad extra al caso", expresó el fiscal Rolando Canahuate, quien añadió que "no obstante esta dificultad, con el cúmulo de evidencias y testimonios de testigos y peritos, fue posible alcanzar la condena del imputado".

En un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Tocopilla y la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la ciudad nortina, se pudo encontrar a una adolescente de 15 años que se fugó hace cuatro meses desde un hogar de menores de Chillán Viejo.

La adolescente mantenía un encargo nacional por presunta desgracia infantil desde diciembre del 2015 en la Brigada de Homicidios de la PDI de Chillán, luego que se fuera sin avisar desde el recinto Nuestra Señora de Fátima, dependiente del Sename, por lo que se establecieron diversas diligencias para conocer el paradero de la menor de edad.

Hasta hace unos días nadie sabía algo acerca de esta adolescente, pero las profesionales de la Oficina de Protección de Derechos de Tocopilla conocieron el caso de una niña que vivía en precarias condiciones habitacionales con una pareja de adultos en el sector norte de la ciudad, dando aviso a la PDI.

Según comentó el jefe de la Bicrim Tocopilla, subprefecto Edgard Silva, al tener esta información concurrieron inmediatamente hasta el lugar antes señalado, encontrándose con una pareja y dos menores de edad, entre ellos una niña de 15 años, a quien los efectivos policiales entrevistaron, corroborando que vivía en una vivienda de emergencia sin servicio higiénico y que además no estaba asistiendo a clases.

Al corroborar su identidad, se dieron cuenta del encargo que se mantenía vigente, por lo que notificaron al Tribunal de Familia. Según informó el oficial policial, la menor dijo que vivía con un padrino, no presentaba ningún tipo de lesión y se trasladó hasta un recinto del Servicio Nacional de Menores en Antofagasta, desde donde posteriormente deberá ser trasladada a Chillán Viejo, al mismo recinto desde donde se había escapado.

Todos los alcances que significará la aplicación de la ley 20.886 de Tramitación Electrónica (LTE) y que comenzará a regir el próximo 18 de junio en la Corte de Apelaciones de Chillán y en los 13 tribunales de primera instancia que componen la jurisdicción (Penal, Laboral, Familia y Civil) intentarán dar a conocer los representantes del Poder Judicial en Chillán.

Las disposiciones del proyecto se aplicarán a las causas iniciadas con posterioridad a su entrada en vigencia y modificará sustancialmente la interacción de los usuarios con los tribunales de justicia debido a la utilización de herramientas tecnológicas, estableciéndose que todas las presentaciones de las partes deberán ser realizadas mediante el portal de Internet del Poder Judicial, desapareciendo los expedientes materiales.

Para hacer uso de los servicios de la Oficina Judicial Virtual, entre los que se encuentran la presentación de demandas, escritos y documentos, los usuarios deberán utilizar la Clave Única del Estado, proporcionada y administrada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de forma gratuita.

El presidente del tribunal de alzada chillanejo, Guillermo Arcos, dijo que "las presentaciones efectuadas a través de la Oficina se entenderán suscritas por el usuario que las remite, sin necesidad de contener su firma manuscrita, entendiéndose la Clave Única del Estado como firma electrónica simple, esto propicia mayor comodidad para los usuarios, en particular a los abogados y no implica ningún costo", recalcó.

Durante mayo se realizarán capacitaciones a funcionarios y un seminario abierto se fijó para el 20 de ese mes en la Universidad de Concepción.