Danny Fuentes Espinoza

El haber sido juez de Letras en Bulnes y relator en la Corte de Apelaciones de Chillán durante la década de los 80', o tener una casa de descanso cerca de la cueva de Los Pincheira, en la comuna de Pinto, le valen a Hugo Dolmestch, presidente de la Corte Suprema, sentirse "un vecino más" en la provincia de Ñuble.

En su visita primera visita oficial a la zona, donde realizó una charla a los funcionarios del hospital de San Carlos, habló de la desconfianza que existe en la ciudadanía hacia la clase política y empresarial. En ese sentido, apuntó a que "los jueces tienen toda la altura moral para juzgar estos actos, ya que los jueces de Chile no están involucrados en corrupción".

Además, desmenuzó en exclusiva con Crónica Chillán las reformas que involucran no sólo a la zona, sino las que más urgen al Poder Judicial, entidad que preside desde el 6 de enero de este año.

Proyectos en Ñuble

-Eventualmente ¿Qué va a implicar en el Poder Judicial la creación de la región del Ñuble?

-No lo hemos estudiado porque no hemos recibido el proyecto, pero cualquier innovación que se haga, no que tengamos problema, porque estaríamos contentos de que Ñuble sea región.

-Muchos esperan que se cree una segunda sala en la Corte de Apelaciones, al menos que sea provisoria este año ¿en qué fase va aquello?

-Lo tenemos que discutir como Pleno, pero estamos conscientes de que es algo importante. Con los antecedentes que recibí de parte del ministro Guillermo Arcos, se justifica la creación de la segunda sala, porque el análisis estadístico dice que es la Corte con cuatro ministros que más causas tiene. Puerto Montt tiene segunda sala, por lo que acá también debería aplicarse.

-¿Y la posibilidad de una segunda sala definitiva?

-Es factible. La solicitud de creación de una nueva sala, con el aumento de personal que ello implica, tiene que ser evaluado teóricamente, desde la factibilidad económica y según una comisión de ministros de la Corte Suprema.

Reformas macro

-A nivel país, el aumento de causas está dado por los recursos de protección contra las Isapres ¿Cómo abordan esta problemática?

-Se le ha hecho un llamado al Ejecutivo para que regule esto, porque si se están acogiendo todo estos recursos de protección en favor de los afiliados, es porque debe haber cierto desequilibrio entre las partes, así que sería bueno revisar esa cláusula contractual.

-Otra de las actualizaciones que estudia el gobierno es un nuevo Código Penal ¿Qué tan urgente lo considera?

-Existen muchos delitos que en el siglo XX no existían y hoy día nos hemos encontrado con conductas que a nadie le cabe duda que son delito.

-¿Por ejemplo la colusión de las empresas?

-La colusión ¿cómo no va a ser delito? Sabemos que así es. Pero no hay ley para sancionarlo. En ese escenario, nos puede traer problemas, en el sentido que la ciudadanía cree que los jueces le están echando tierra a estas causas. Yo planteo que la gente entiende cuando se les explica. Lo que no entiende es que anticipadamente se archiven las causas.

-Cuál reforma es más urgente ¿la del código penal o la del procedimiento civil?

-La del código penal es sustantiva y la civil es de procedimiento, de tal forma que no cambian las figuras, que es la manera de ejercitarla. La reforma al procedimiento civil es muy difícil que se apruebe porque implica gran cantidad de recursos, porque habría que establecer la oralidad, y eso significa crear una enorme cantidad de jueces que puedan tramitar no por escrito. Así, habría que construir nuevos tribunales que reciban todo esto. La reforma al código Penal es sustantiva, en tanto cambian las figuras penales, creándose unas y eliminándose otras que ya no se usan, delitos antiguos.

-¿Qué se espera de la puesta en marcha de la tramitación electrónica?

-Es una reforma bien importante, pero creo que nos va a traer una serie de dificultades, porque cuando se aseguró que la reforma procesal civil salía, nosotros empezamos a adelantar trabajo, y a digitalizar las causas para avanzar, pero cuando se paraliza el proyecto, nosotros ya estábamos a medio camino, entonces se tuvo que dictar una Ley para que se pudiera digitalizar sin reforma. Eso nos ha significado un trastorno monumental, porque la digitalización de los procesos está concebida para que se aplique a los sistemas reformados, como laboral, penal y de familia. En el juicio civil, toda la documentación escrita se tiene que ir agregando para que resuelva el juez. Entonces, cuando se digitaliza todo, hasta la prueba, no falta quien acompaña como prueba cinco tomos. Eso significará cerros de expedientes.

Derechos Humanos

-En el último año ha fallecido, en avanzada edad, Manuel Contreras y Sergio Arellano, llegado este momento ¿Se puede asegurar que habrá justicia para los familiares de detenidos desaparecidos?

-Hemos hecho mucho de lo que había que hacer, pero hay que considerar que el establecer los hechos y las verdades en esta materia, cuesta mucho obtener que la gente confiese o denuncie sobre el problema, entonces requiere de un trabajo andante por mucho tiempo. Por eso es muy probable que mucha gente muera antes y no va a haber justicia para ellos.

-Desde Alemania se confirmó la desclasificación de las actas de Colonia Dignidad ¿cuál es el escenario que se prevé?

-Es muy probable que se abran causas, porque hay muchos documentos que están en Alemania, además de los que están acá, pero eso sería muy bueno, porque este país necesita verdad y un poco de sinceridad, porque nosotros normalmente tomamos partido por un lado y consideramos que tenemos la razón en eso, y que todo lo que huela a violación de Derechos Humanos es malo, pero eso no está bien. Todos tenemos derecho a un trato igualitario y también a beneficios.

Realidad carcelaria

Desde 2006 que se viene hablando de una nueva cárcel para esta zona ¿qué tan importante es crear nuevos recintos penitenciarios?

-En esa materia he sido crítico absolutamente, porque me parece que el derecho que tiene la sociedad representada por nosotros, es de castigar, encarcelar, aplicar sanción a la persona que delinque, pero el día que esa persona es condenada a cárcel, el derecho de la sociedad termina, y nace una responsabilidad, que es ser garante de la seguridad y de la vida de las personas que están cumpliendo condena y rehabilitarlas. No tenemos derecho a seguir castigándolos. Bajo esa doctrina, los recintos carcelarios están congestionados y no hay modos de rehabilitación porque no hay talleres de trabajo y eso es un problema del Estado.

-Bajo esa perspectiva ¿ve con buenos ojos construir una nueva cárcel?

-Por supuesto. Que ojalá sea de primera calidad.

-¿Y qué pasa con las personas que están condenadas a los derechos humanos?

-Todos tienen el mismo derecho. El estado tiene el deber de ser igual para todos.

-¿Eso implica que personas, como ocurrió con Álvaro Corbalán, estén en cárceles 'normales' o que se deba subir los estándares de los demás recintos?

-No sólo eso, se trata de los beneficios carcelarios. Muchos dicen que los beneficios no proceden para los militares, ¿y por qué no va a proceder? Está el beneficio de conductas, como la salida dominical y otras tantas, pero es algo que va a haber que revisar, porque he llegado a la conclusión de que la cárcel, para todos, existen reglamentos que son redactados con un criterio errado. Siempre es el criterio del miedo. Por ejemplo, vemos en la segunda sala penal una norma que beneficia a los condenados que tienen buena conducta durante el año, entonces esas personas bajo custodia de gendarmería, si cumplen requisitos, se les puede rebajar las penas. Y eso está muy bien porque las personas se esmeran en portarse bien, pero el reglamento, que está confeccionado sobre la filosofía del terror, dice que cualquier falta a la conducta, pierde cualquier posibilidad. Creo que eso es retrógrado. No estoy diciendo que se abran las puertas de la cárcel, pero el Estado tiene el deber de entregarles esperanza a las personas. La reinserción.

"La colusión ¿cómo no va a ser delito? Sabemos que así es. Pero no hay ley para sancionarlo. (...) eso nos puede traer problemas, en el sentido que la ciudadanía cree que los jueces le están echando tierra a estas causas "

Hugo Dolmestch Presidente de la Corte Suprema