El Instituto de Previsión Social (ISP) comenzó a contar de ayer a utilizar un nuevo operador financiero para realizar los pagos de pensiones y beneficios estatales en dos comunas de la Provincia de Ñuble, específicamente en Coihueco y Yungay, las cuales hasta hace unos días se efectuaban en las respectivas sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes y que de ahora en adelante (al menos por dos años) serán responsabilidad de Banco Estado.

Patricia Saldías, directora regional del ISP, manifestó que "éste es un ajuste que se está haciendo a nivel nacional por el término del contrato actual que teníamos con la entidad financiera que estaba a cargo de realizar los pagos", lo anterior expresó, se debe a que por ley como estamento estatal no están facultados para realizar los pagos en forma directa, por lo que se debe recurrir cada cierto tiempo a licitaciones públicas para contratar a agentes externos que tomen dicha responsabilidad.

Motivos

Sobre las razones que llevaron a optar por Coihueco y Yungay en particular, tomando en cuenta que de los 34 centros de pago regionales (a cargo de Caja Los Héroes) sólo cinco cambiaron, Saldías indicó que "hay varias variables, una de esas es la cantidad de pagos, porque nosotros estamos haciendo ajustes para bajar los costos (...) En Coihueco son un total de 3.000 pagos y en Yungay la misma cantidad", lo que se traduce en una gran concentración de desembolsos, por lo que se optó por una entidad que significara menos gasto en proporción a la cantidad de pensionados y beneficiados atendidos.

Sobre la posibilidad de implementar este tipo de cambios en otras comunas de la Provincia de Ñuble. Patricia Saldías acotó que "no sabemos, porque como obedece a una licitación pública, nosotros establecemos nuestros requerimientos en esas bases".

Además, la autoridad visitó las dos comunas en donde se comenzó a implementar la medida, supervisando en terreno el funcionamiento de las dos sucursales, la que en el caso de Coihueco se ubica en Calle Arturo Prat N°1631, mientras que en Yungay, se sitúa en Arturo Prat N°492.

Manuel Cabrera Ruiz

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Chillán, encabezada por el ministro Guillermo Arcos, presidente de dicho estamento, decidió otorgarles el beneficio de libertad condicional a un total de 29 internos, correspondientes a un 10,8% de un total de 256 postulantes a nivel provincial y que se son parte de distintos centros de reclusión y detención preventiva de Ñuble.

Tomando en cuenta las cifras del primer semestre del año 2015, cuando fueron 11 los reclusos favorecidos con la medida, el porcentaje de aumento alcanza un 164%, en un proceso de selección que anualmente es llevado a cabo en dos ocasiones, en los meses de mayo y octubre específicamente.

Detalle

El desglose respectivo refleja que en lo relacionado a los Centros de Cumplimientos Penitenciarios, los beneficiados fueron nueve en el caso de Chillán y cuatro en lo concerniente a la ciudad de Bulnes; mientras que los seleccionados de los Centros de Educación y Trabajo de la provincia, alcanzó un total de tres internos en Yungay y dos en la comuna de San Carlos. Finalmente, en lo que guarda relación a los Centros de Detención Preventiva de Ñuble, siete individuos de Yungay y cuatro de San Carlos podrán terminar de cumplir sus penas de forma diferente.

Defensa

Francisca Vásquez, quien se desempeña como defensora penal penitenciaria y que fue la encargada de representar a un total de nueve reclusos que optaron por la posibilidad de ser beneficiado con la libertad condicional y de los cuales seis lograron ser seleccionados, defendió la decisión tomada a nivel de Ñuble señalando que "muchos de los casos de libertad condicional que vieron (en la comisión) son gente que le faltaba muy poco tiempo para cumplir su condena".

A lo anterior, agregó que "no es la voz popular la que habla de que estamos dejando a todos estos delincuentes libres, no es tan así. Una libertad condicional no implica que ellos (los reclusos) queden libres; ellos quedan sujetos a varias condiciones, no es que queden sujetos solamente a una condición de firmar", sostuvo ejemplificando que en los nueve casos a los cuales ella representó, todos estaban con beneficios intrapenitenciarios, específicamente con salidas controladas y que en su mayoría, tenían más de un 80% de cumplimiento efectivo de sus penas.

Críticas

La decisión tomada por el poder judicial a nivel país, no dejó muy contentos a algunos representantes de la zona, siendo este último caso el del senador Víctor Pérez (UDI), quien criticó lo que calificó como una "falta de información sobre el tema", manifestando que "esto es una medida negativa, porque genera temor debido a la falta de información hacia la comunidad debido a por qué se está dando".

Si bien para Pérez los 29 internos beneficiados en la provincia no es un número importante, precisó que "son veintinueve personas que han delinquido y que salgan en libertad antes de cumplir sus sentencias, y que no exista ni siquiera por parte de las autoridades una explicación al respecto, porque vemos que la ministra de justicia calificó esto como un hecho negativo o grave, creo que lo único que hace es aumentar la incertidumbre y el temor en un momento que la seguridad tiene a la ciudadanía altamente comprometida".

Por su parte el senador Felipe Harboe (PPD) fue más mesurado al referirse al hecho, acotando que "las comisiones de libertades condicionales tienen que proceder a aplicar los beneficios establecidos en la ley, y más allá que a uno le guste o no, si los internos cumplen con los requisitos, ellos tienen el derecho a tener este beneficio y así ha sido por lo demás la instrucción desde la Corte Suprema".

Quien también dio su parecer fue el seremi de Justicia Jorge Cáceres, quien si bien se mostró respetuoso con las decisiones tomadas por el poder judicial, expresó que "ahora en consonancia con lo que ha sucedido a nivel nacional, por supuesto que es inusual el número de libertades condicionales que se otorgaron", indicando que a diferencia de lo que se ha vivido en otras ciudades, los números tanto a nivel provincial y regional, se mantienen en márgenes normales.

"Muchos de los casos de libertad condicional que vieron (en la comisión) son gente que le faltaba muy poco tiempo para cumplir su condena".

Francisca Vásquez, Defensora penal