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El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo ayer que los cambios que el Gobierno tendrá que aplicar a la reforma laboral, luego del rechazo del Tribunal Constitucional a algunos de sus artículos, va a generar problemas al Ejecutivo pero no retrasará la agenda económica de La Moneda.
"Nos quita tiempo sin duda, nos quita energías, nos va a provocar discusiones, como ya las ha provocado esta semana, pero podemos hacer más de una cosa a la vez", dijo el secretario de Estado.
Luego del comité ejecutivo de los días martes, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alberto Salas, dijo que el empresariado espera que la definición del Tribunal Constitucional sirva para agregar otros temas al proyecto.
"El veto es una decisión presidencial y no corresponde discutirla. Lo que sí estamos dispuestos es que, en la medida que quedaron muchos temas pendientes como capacitación, empleos de los jóvenes, de las mujeres, de las jornadas, etcétera, en esos temas el sector privado tiene la experiencia, tiene su visión y tiene el profundo conocimiento de este mundo para poder aportar al Ejecutivo y al Legislativo para que se desarrollen buenas políticas públicas", comentó el líder empresarial.
El plazo para que La Moneda presente un veto vence el 8 de mayo, un día antes de venza el plazo para que el Tribunal Constitucional entregue los fundamentos del fallo que declaró inconstitucional la titularidad sindical de la reforma laboral.
Ante la posibilidad de que la agenda legislativa se vea recargada con los cambios a la reforma laboral y las medidas para aumentar la productividad que diversas entidades han hecho legar al Ejecutivo, el ministro Valdés explicó que "algunas comisiones tienen que ver más de un tema, pero la verdad es que podemos hacer más de una cosa a la vez, de todas maneras".
Sobre el estado de implementación de las 22 medidas que anunció el Gobierno para impulsar el crecimiento en el país, el jefe de las finanzas públicas agregó que "estamos trabajando en ellas, esperamos enviarlo pronto, los equipos han estado juntando varias partes de los anuncios de las medidas, espero que sea en las próximas semanas". Valdés añadió que habrá un proyecto que considere varias medidas, porque algunas requieren proyectos específicos.
La necesidad de apuntalar la desacelerada economía llevó al Gobierno a relanzar ayer el postergado proyecto de ley del Fondo de Infraestructura. La iniciativa, que contiene un monto inicial de US$ 9 mil millones, apunta a la construcción, ampliación, reparación, conservación, explotación, desarrollo, financiamiento e inversión en proyectos de infraestructura, incluidos servicios anexos.
El Fondo -que sería presentado en marzo pasado- se constituirá como una sociedad anónima del Estado cuyo 99% de propiedad del Estado y el 1% restante de Corfo. Las acciones de la sociedad serán inajenables. Los ministros de Hacienda y Obras Públicas serán los representantes del Fisco en la junta de accionistas.
La ceremonia en el Palacio de La Moneda estuvo encabezada por la Presidenta Michelle Bachelet, quien afirmó que la propuesta "debe avanzar a la velocidad que el país requiere con planificación y de acuerdo a las necesidades estratégicas de nuestra economía".
El Fondo de Infraestructura será operado por un directorio de cinco miembros, que durarán cuatro años en sus cargos y que podrán ser designados por nuevos periodos, siendo renovado por parcialidades.
Los directores serán nombrados por el Presidente de la República: dos de ellos a propuesta del Ministerio de Obras Públicas y los tres restantes a partir de ternas propuestas para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública.
No podrán ser propuestos ministros, subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios; dirigentes políticos, sindicales o gremiales; alcaldes ni candidatos a cargos de elección popular, entre otros.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que "esta compañía tiene una similitud con BancoEstado, en el sentido de que es una empresa pública que al final se autosustenta, no recibe subsidio. Esta empresa va a tener ese mismo cariz, no es una firma que tenga por finalidad ganar utilidades per se, pero sí tiene que ser rentable".
El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, destacó que la creación del fondo "es la iniciativa de asociación público-privada más importante desde la creación del sistema de concesiones hace 20 años".
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, dijo que "valoramos que el Gobierno cree esta empresa con un directorio público-privado que permita manejar estos fondos, invertir y desarrollar más nuestra infraestructura".
En esa línea, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Jorge Mas, afirmó que es "una herramienta para poder independizar el gasto corriente del presupuesto del país respecto de infraestructura, que requiere de una visión de largo plazo".
Juan Eduardo Saldivi, presidente de la a Asociación de Concesionarias de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), dio que "es una muy buena noticia (...) fortalece la alianza público privada y la institucionalidad de Concesiones".
Recursos
El Fondo de Infraestructura contará con US$ 9 mil millones iniciales.
Concepción Será una sociedad anónima con participación del 99% del Fisco y 1% de Corfo.
Operación La administración la ejercerá un directorio compuesto por cinco miembros,
Imposibilidad No serán propuestos ministros, parlamentarios; dirigentes políticos o candidatos.
Regulación El fondo se regirá por las normas de sociedades anónimas abiertas, la SVS y Contraloría.
99% del capital social del fondo es del Fisco, El 1% pertenecerá a Corfo. Las acciones no serán enajenables.
5 miembros tendrá el directorio del fondo, que durarán cuatro años en sus cargos.