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Gobierno Temer hará radical recorte de gastos contra la crisis

BRASIL. Las primeras medidas incluyen el despido de cuatro mil empleados públicos y la revisión de los programas sociales.
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Mabel González / Agencias

El nuevo Gobierno de Brasil del Presidente interino, Michel Temer, anunció ayer un radical recorte de gastos públicos y una auditoría de los programas de asistencia a los pobres, como primeras medidas para sacar al país de la recesión.

Las medidas más duras, dentro del "importante" plan de ajuste que prepara el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, tendrán que esperar a que se conozca el real estado de las cuentas que dejó Dilma Rousseff, quien fue suspendida el jueves precisamente bajo la acusación de haber realizado maniobras contables irregulares para maquillar el déficit fiscal.

La falta de anuncios de mayor calado desagradó al mercado y la bolsa de Sao Paulo reaccionó con un abultado descenso de 3,25% a dos horas del cierre.

Sin embargo, el conocimiento de los datos precisos, según Meirelles, es esencial para fijar unas metas "realistas" con las que ofrecer la seguridad y la "confianza" que los actores económicos perdieron por la crisis.

La prioridad del Ejecutivo de Temer será reducir el déficit fiscal y recortar la deuda pública que, según el jefe del equipo económico del Gobierno, es "insostenible".

El déficit fiscal primario, antes del pago de los intereses de la deuda, fue equivalente al 2,28% del PIB en los últimos doce meses cerrados en marzo, el peor dato desde que se comenzaron a elaborar estadísticas en 1997.

Teniendo en cuenta el pago de los intereses, el déficit fiscal escala al 9,73% del PIB en los últimos doce meses y la deuda pública se sitúa en el 38,9% del PIB, según los datos oficiales más recientes.

Meirelles prometió que se dará "prisa", pero aseguró que solo anunciará sus propuestas cuando haya garantías de que se puedan implementar, para evitar los vaivenes que se produjeron los dos últimos años, cuando la guerra abierta entre Rousseff y el Congreso impidió aplicar el plan de austeridad que se proponía la Mandataria.

El ministro de Hacienda fue optimista, aseguró que el Congreso está "preparado para oír una evaluación realista" y tomar las medidas necesarias con las que, según él, se podrá salir "rápido" de la crisis y retomar el crecimiento.

No obstante, el nuevo ministro de Presidencia, Eliseu Padilha, no dudó en calificar la situación actual como "la peor crisis de la historia" de Brasil, una situación "de emergencia".

Empleos públicos

La primera medida anunciada ayer fue la eliminación de al menos cuatro mil empleos públicos hasta el 31 de diciembre próximo, lo que puede suponer el despido del 25% de la plantilla de cada ministerio.

El objetivo de esta propuesta es cortar gastos y mejorar la eficacia del Estado, dos de las prioridades que se fijó Temer en el discurso que pronunció el jueves al asumir la Presidencia.

Meirelles, aunque se negó a entrar en detalles, admitió que baraja establecer un techo para el gasto público y no descartó la posibilidad de crear nuevos impuestos.

A largo plazo el Gobierno también se propone impulsar una reforma del sistema de seguridad social, algo que Meirelles consideró una "necesidad evidente". En Brasil no hay una edad mínima de jubilación.

Más inmediata será la revisión de los programas de asistencia social, que pasarán por una "auditoría" a pesar de que Temer ha recalcado que no pretende eliminarlos.

Ministros investigados por Petrobras

El Presidente interino Michel Temer encabezó ayer su primera reunión de gabinete, en la que participaron tres investigados por el caso de corrupción de Petrobras. La lista de 23 ministros de Temer, publicada ayer en el Diario Oficial de la Unión, incluye tres políticos sobre los que ya existen investigaciones en el Tribunal Supremo por su supuesta participación en los desvíos de dinero de la petrolera estatal y otros seis que han sido citados por los delatores del caso. Los investigados son los ministros de Turismo, Henrique Alves; de la Secretaría de Gobierno, Geddel Vieira Lima, y de Planificación, Romero Jucá.

Procesan y embargan a Cristina Fernández por el caso del dólar futuro

JUDICIAL. Medida también va dirigida al titular de Economía de la ex Presidenta.
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La justicia argentina determinó ayer el procesamiento de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en una causa que investiga presuntas irregularidades en contratos de venta de futuros de dólar en el Banco Central (BCRA) en el tramo final de su mandato, informaron fuentes judiciales.

El juez Claudio Bonadio, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, dictó el procesamiento de la ex Mandataria por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el marco de la causa por el dólar futuro", explicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

También procesó al ex ministro de Economía Axel Kiciloff, al ex titular del BCRA Alejandro Vanoli y a otros 12 imputados, y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes por 15 millones de pesos argentinos cada uno (más de un millón de dólares).

Origen del caso

El caso se inició por la denuncia de parlamentarios integrantes del frente Cambiemos, liderado por el actual Presidente argentino, Mauricio Macri.

Según los denunciantes, mediante la celebración de contratos de futuros de dólar el Banco Central habría vendido dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos argentinos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de contratos (por entonces, alrededor de 14 pesos argentinos por unidad).

Bonadio entiende que, de la diferencia entre el precio pactado y el del mercado, se desprende que por los contratos cerrados (septiembre a diciembre de 2015) el Banco Central registró una pérdida de 1.552 millones de pesos argentinos (US$ 105,5 millones).

A ello deberían sumarse las pérdidas derivadas de la ejecución de contratos entre enero y junio próximo.

Argumento del juez

En el auto de procesamiento, el juez señaló ayer que "es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de US$ 5.000 a US$ 17.000 millones" y "que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato", sea desarrollada "sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional".

Es así que justifica el procesamiento de Fernández y el ex ministro Kicillof.

"Resultó evidente que la entonces Presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su Ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo", añadió Bonadío.

Agregó, además, que Kicillof procedió a su vez a impartir directivas a los funcionarios del BCRA y "por supuesto" a los directores de la Comisión Nacional de Valores (CNV), "todos los cuales", resaltó el magistrado en el expediente, eran "totalmente intercambiables en caso de disidencia con la orden, o en el caso de ser remisos al acatamiento".

10,65 pesos argentinos

el precio en que el Central habría vendido la unidad de dólar, por debajo de lo establecido.