El 18 de junio comenzó a regir la Ley N° 20.886 sobre tramitación electrónica, en los tribunales de justicia, en toda la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Chillán, para posteriormente hacerlo, en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, específicamente el 18 de diciembre de 2016.
Este sábado entonces, partió en las jurisdicciones de las Cortes de Apelaciones de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La serena, Rancagua, Talca, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, para que en el mes de diciembre se incorporen la Cortes de Apelaciones de Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, es muy importante esta gradualidad en la implementación de las leyes que afectan al sector justicia, lo que ha sido muy favorable y positivo, ya que, permite tener un tiempo de evaluación de la reforma que se incorpora y posteriormente corregir todo lo necesario, mediante leyes complementarias, para que exista una mejor aplicación e inteligencia de la ley.
Es fundamental, tener en cuenta que los abogados y abogadas que tramiten electrónicamente deberán contar, en forma obligatoria, con la Clave Única que otorga el Servicio de Registro Civil e Identificación, para lo cual se encuentran disponibles todas las oficinas de dicho servicio para realizar el trámite, inclusive las oficinas del INJUV.
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ha patrocinado y promulgado la ley de tramitación electrónica, por tener la firme convicción, que esta ley mejora de manera significativa el acceso a la justicia, haciendo efectivo el principio de publicidad para todas las personas, especialmente quienes tienen causas pendientes en el sistema, los que podrán tener acceso desde un computador a todo el expediente digital de sus causas, salvo la excepciones establecidas en la ley.
Es destacable mencionar, que entre otros de los beneficios de la nueva ley, estarán la disminución de los costos de litigación para todos los involucrados; la preservación del Medio Ambiente, ya que desaparece el uso del papel; eleva los estándares de seguridad y disponibilidad del proceso, otorga mayor transparencia a la tramitación de las causas y permite ahorrar tiempo en traslados a los tribunales.
Jorge Cáceres Méndez Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.