Desde el miércoles que las clases en el colegio técnico Padre Hurtado están congeladas por la huelga que mantiene el sindicato del establecimiento, al no llegar acuerdo con la comisión negociadora de la fundación Padre Vicente Las casas.

Desde ese minuto el colegio comenzó a dejar de percibir más de $2 millones de pesos diarios por concepto de subvención, los que podrían aumentar, ya que no se pueden realizar reemplazos de trabajadores, debido a que la fundación no cumplió las formalidades ante la inspección del trabajo.

Ante ello, y la poca esperanza de lograr un acuerdo, el sindicato se reunió con el obispo Carlos Pellegrin, con el objetivo de que intermedie ante la fundación, la que depende del obispado.

"Mi esperanza es que se logre una solución, pero a mí no me corresponde ser puente, ni intermediario en este caso porque es una fundación diocesana y ellos son el ente sostenedor y no es el obispo o el obispado, sino que la fundación", recalcó el obispo.

La posición de los docentes y administrativos se basa en que se les quitó varios bonos, entre ellos el de antigüedad, movilización, vacaciones y un reajuste parcializado de un 4% por sobre el que entrega el Estado.

"La gran misión es el saber dialogar y entender que por el bien de todo el colegio, todos tienen que ser muy flexible en sus opiniones y constato una muy buena voluntad por parte del directorio de la fundación y la misma buena voluntad en el sindicato. Creo que la fundación lo está haciendo con mucha responsabilidad tratando de buscar una solución que sea satisfactoria, tanto para los trabajadores, como para las familias", subrayó el obispo Pellegrin.

Ingrid Acuña Caballero

Fueron 6 metros de diferencia los que detonaron la demolición de la construcción que, en el 2011, tenía la sociedad de odontólogos que se ubica en calle 18 de Septiembre esquina Collín, y lo que a su vez originó una demanda en contra del municipio de Chillán.

Finalmente el centro odontológico se construyó, y posterior a ello se demandó al municipio, el que hoy apeló a la resolución en primera instancia, donde se les condenó a pagar $97 millones, como indemnización.

"La línea de edificación siempre fue respetada, o sea por algo ganamos la demanda", dijo Juan Valencia, representante de la sociedad de Odontólogos.

La denuncia de los dentistas se origina cuando el municipio les anuló los permisos de edificación, al constatar que el edificio se había construido fuera de los deslindes oficiales, argumento que tribunales lo desechó y que originó que la sentencia, en primera instancia, fuera a favor de los odontólogos, razón por la cual el municipio apeló el 22 de junio.

Previo a lo que se originó en tribunales, en terreno la situación era completamente diferente, ya que la obra, que a la fecha tenía 3 mil kilos de fierro y 80 cubos de hormigón, debió demolerse. Todo se fue a pérdida y se paralizó la obra durante 22 meses.

"En realidad no sabemos cómo comenzó todo esto, de un momento a otro paralizaron la obra, dijeron que necesitaban espacio de la cuadra y ya nos habían dado el permiso de construcción y recordar que las reglas del juego son puestas por los entes fiscalizadores, que era el municipio. Nosotros los respetamos y con el visto bueno de construcción empezamos a edificar, y luego nos dicen que no podíamos hacerlo, siendo que ellos nos habían dicho primero que sí podíamos", recordó Juan Valencia.

Luego de que la sociedad de odontólogos solicitara información a la dirección de Obras de lo que se podía hacer, se decidió volver a retomar el proyecto, partiendo casi de cero. Pero este nuevo edificio también tuvo sus inconvenientes.

"Desde el municipio dicen que cómo podemos culparlos por las pérdidas, pero cuando nosotros íbamos a pedir los papeles o saber qué solución tomarían, nos decían que estaban estudiando y así pasaban los meses y teníamos muchas pérdidas, paralizamos por 22 meses, porque nunca habían respuestas y cuando finalmente dimos por perdido, comenzamos a realizar un proyecto nuevo, en ese lapso del proyecto todos los permisos que teníamos que hacer o mediciones que se debían hacer por parte del municipio, se demoraban más de lo normal. Boté 20 millones de pesos a la basura, porque hay que cancelar a la gente que trabaja y los materiales que se usan", relató Juan Valencia.

Respetuoso de tribunal

Fue el 28 de diciembre de 2011 que el director de control municipal informó al alcalde Sergio Zarzar, que a su juicio, se estaba construyendo en un bien nacional de uso público, ya que el edificio estaba tomando parte de la calzada.

"En primer lugar siempre voy a respetar lo que dictaminen los tribunales. En segundo lugar siempre hemos tomado las acciones jurídicas que corresponden en el ámbito de los tribunales, para defender el patrimonio", aseguró el alcalde de Chillán.

Uno de los aspectos que pesa al municipio para poder ganar la apelación, es que dentro de los fundamentos que usó la Corte Suprema, la que acogió la demanda de impugnación de invalidación, es que "la municipalidad solo conjeturó que la línea oficial estaba constituida por la propia vivienda que exista con anterioridad, ya que no habría tenido antejardín ni cerco, pero no lo documenta con algún título u otro antecedente jurídico".

Los 420,92 metros cuadrados que tiene el centro odontológico, hoy pesan al municipio, quien podría desembolsar de sus arcas $97 millones.

"Las razones de porqué ocurren estas cosas, es que a veces las posiciones encontradas tienen dos miradas. Una es la de los odontólogos y otra de la municipalidad, a mí me parece que nuestra posición, y lo dije desde un principio, que cuando nació esta situación, es que la línea de construcción se debe mantener y no estrechar nuestras veredas, porque se pierde esa línea de construcción. Entonces por qué ocurrió eso, que los tribunales decidan y determinen e insisto que voy a ser muy respetuoso de lo que dictaminen los jueces", aseguró el alcalde de Chillán.

"Boté 20 millones de pesos a la basura, porque hay que cancelar a la gente que trabaja y los materiales que se usan".

Juan Valencia, representante de odontólogos