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EE.UU. dice que sus drones han matado hasta 116 civiles

INFORME. Es la primera vez que Washington publica esta información.
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EE.UU. estima que sus ataques selectivos con aviones no tripulados (drones) han matado a entre 64 y 116 civiles en un total de 473 ataques en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia desde que el Presidente Barack Obama llegó al poder en 2009, informó ayer la inteligencia estadounidense.

La cifra, muy inferior a la estimada por varios grupos de DD.HH., excluye los ataques aéreos en Irak, Siria y Afganistán, consideradas zonas de guerra, según informó la oficina del Director Nacional de Inteligencia (DNI), James Clapper.

Esta es la primera vez que EE.UU. publica información sobre las víctimas de su programa clasificado de ataques selectivos contra sospechosos de terrorismo mediante drones, que comenzó en 2002 a iniciativa del entonces Presidente George W. Bush y que se amplió a gran escala durante el mandato de Obama.

Los datos indican que hubo 473 ataques selectivos "fuera de áreas con hostilidades activas" entre el 20 de enero de 2009, cuando Obama asumió el poder, y el 31 de diciembre de 2015.

Esos ataques provocaron entre 2.372 y 2.581 muertes de "combatientes" y entre 64 y 116 muertes de "no combatientes".

La cifra de civiles contrasta con las estimaciones de grupos independientes. La organización New America Foundation calcula que los drones estadounidenses han matado a unos 250 civiles desde que Obama llegó al poder, mientras que la Oficina de Periodismo de Investigación, con sede en Londres, cree que hasta 358 civiles han muerto en esas operaciones, y otros grupos hablan de alrededor de mil bajas.

Justicia está buscando pruebas contra Cristina K por lavado, según fiscal

ARGENTINA. La ex Presidenta volvió a rechazar los allanamientos asegurando que se busca "tapar" el ajuste económico que impulsa su sucesor, Mauricio Macri.
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Mabel González

El fiscal federal argentino Guillermo Marijuan aseguró ayer que la justicia ya se encuentra buscando pruebas contra la ex Presidenta Cristina Fernández por la causa de presunto lavado de dinero en la que se investiga al detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez.

El persecutor se refirió de esa forma al fallo que dictó el jueves la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, que ratificó el procesamiento contra Báez y ordenó al juez que dirige el caso, Sebastián Casanello, indagar a la ex Mandataria.

"Hemos colocado a la ex Presidenta como imputada en la investigación y hemos sugerido algunas pruebas que tienen que producirse y están en curso de producción y no las puedo develar", comentó el fiscal en radio Mitre, citado por el diario Clarín.

"Siempre uno está abierto a las críticas y a los comentarios de un superior, y tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los magistrados. Veremos puntualmente qué orientan ellos en las investigaciones. En la causa no solo está la imputación de la ex Presidenta sino que hay medidas en curso", agregó el fiscal, quien asumió la causa conocida como "ruta del dinero K" en el año 2013.

El persecutor indicó que entre esas medidas se encuentra el análisis de llamadas telefónicos, y detalló que se está investigando "cuál fue el rol que cumplió la embajada de los EE.UU. en un supuesto aviso a la ex Presidenta respecto de movimientos de Báez en ese país".

El jueves, el juez federal Claudio Bonadio ordenó al menos diez allanamientos en distintas ciudades de la sureña provincia de Santa Cruz en el marco de una causa que investiga a la sociedad Los Sauces, en la que participa Fernández de Kirchner.

El magistrado busca determinar si los inmuebles que posee la mencionada firma fueron utilizados para supuestos negocios irregulares con empresarios ligados a la obra pública, como Báez.

La causa surgió tras una denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer en contra de la ex gobernante y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos.

"tapar" el ajuste

La ex Presidenta Fernández volvió a recurrir a las redes sociales para defenderse de la investigación en su contra, expresando que esta busca distraer a la población y "tapar" el ajuste económico impulsado por su sucesor, Mauricio Macri.

En una extensa declaración publicada en su cuenta de Facebook, la ex Mandataria calificó al juez Bonadio de "oscuro personaje" y dijo que los allanamientos dictados por este tenían "el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo pudiera difundirlos con títulos de catástrofe".

Con respecto a la orden de la Cámara Federal de investigarla en el caso Báez, Fernández la tildó como la "frutilla del postre".

"Se viven tiempos difíciles para el Estado de Derecho. Lo que realmente nos debe preocupar no es ninguna situación personal, sino que todo esto resulte ser, como lo es en realidad, una tapadera para hacer retroceder a nuestro país a una situación de desigualdad social y subordinación al poder económico concentrado que creíamos definitivamente desterrados", concluyó la ex Mandataria.

Suprema defiende investigaciones

El presidente de la Corte Suprema argentina, Ricardo Lorenzetti, defendió ayer el actuar de los magistrados de ese país ante los casos de corrupción ocurridos en las administraciones kirchneristas, asegurando que "los jueces no fallan en función de los cambios de gobierno", sino que lo hacen "en función de los valores morales que deben tener, con convicción y aplicando la Constitución", según recogió el diario local Clarín.