Danny Fuentes Espinoza

Pasadas las 19 horas de ayer, cuando los periodistas de los medios de comunicación de Punta Arenas alistaban el cierre de edición, un llamado de la Policía de Investigaciones alteró su esquema: Debían presentarse en el cuartel de la Brigada de Homicidios, porque el jefe de la unidad entregaría nuevos antecedentes de la desaparición de la profesora chillaneja, Irma Solís Cruces.

Justo cuando se cumple un año y dos meses desde que se denunció la presunta desgracia, el subprefecto Francisco Meneses comenzó el punto de prensa asegurando que ya no se trabaja bajo esa línea investigativa.

"Hasta el momento hemos llegado a determinar que hay intervención de terceras personas", dijo el oficial policial, acotando a esa frase la novedad.

Esto, porque antecedentes respecto a un posible homicidio no han sido confirmados. De hecho, dijo que "sobre la intervención de terceros, es una información que estamos analizando y lo más concreto lo daremos en un momento determinado", sin estimar un plazo.

Los argumentos que esgrimió respecto a esta conclusión fue que "es un cruce de la información de la carpeta investigativa que tiene el Ministerio Público, además de las entrevistas de amigos y personas cercanas a Irma Solís".

Además, el subprefecto Meneses afirmó que la investigación presenta avances concretos, de los cuales dijo que no podía informar, pero que están tras la huella "de manera específica y con datos puntuales que tenemos".

Enigma

El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, está a cargo de la indagatoria por la desaparición de Irma Solís, quien tuvo contacto con sus familiares hasta el 28 de abril de 2015.

En esa ocasión, dialogó con su hija, que es menor de edad y vive en Chillán con sus abuelos. Después de esa fecha, nada más se supo, transformando el caso en uno de los enigmas más complejos que están sin resolverse en el extremo sur del país.

Hasta ahora, una de las dudas es la del lugar donde trabajó la profesora de historia, ya que los detectives no encontraron su registro en ningún establecimiento educacional de esa zona, donde llevaba viviendo poco más de un año junto a su pareja, un infante de marina en servicio activo que también ha sido foco de sospechas para la familia.

De hecho, la madre de Irma Solís, Ernestina Cruces, ha planteado que su hija era víctima de violencia intrafamiliar. Sobre la participación del infante de marina, identificado como Eduardo Jara, el subprefecto Meneses dijo que "es información que están analizando". Otra teoría apuntó a que la profesora chillaneja, que estudió en la Universidad Adventista, se había ido de la región y quizás del país, situación que también descartaron desde la PDI. De hecho, a varias cuadras de la casa donde vivía Irma se encontró el jeep que le pertenecía. En su interior se encontró una maleta, pero hasta ahora se desconoce si pertenecía a la chillaneja más buscada del país.

Indignación existe de parte de un grupo de los pequeños agricultores de Quirihue y Ninhue que postularon al Programa Gestión y Soporte Organizacional (Progiso) de Indap, y que se percataron que sus proyectos nunca fueron evaluados, a pesar de que les habían dicho desde este organismo que estaban en proceso.

Los comités campesinos afectados son Chequén de Ninhue, Vegas Verdes, Los Temos, Nuevo Amanecer, Las Azucenas San Pedro de Quirihue, integrantes de la Asociación Gremial El Esfuerzo Campesino de esas comunas.

Según el vocero de estos comités, Danilo Gajardo, existieron mentiras y engaños a los agricultores, ya que nunca se les habló con la verdad de parte del área de Indap de Quirihue.

"El 30 de junio del 2015 presentamos 6 proyectos al programa Progiso, en el área de Indap de Quirihue, que tuvo cierre el 22 de julio de ese año. En el mes de agosto nos señalan que los proyectos habían sido rechazados por la dirección regional del Indap, pero nosotros fuimos a preguntar a Indap y nos dicen que nunca llegaron nuestras postulaciones, con lo cual nos dimos cuenta que fuimos engañados", aseveró.

Gajardo agregó que "frente a esta situación fuimos a consultar nuevamente al encargado de Indap de Quirihue, Juan Parra, y en una voltereta dijo que los proyectos estaban siendo evaluados, lo que echa por tierra la primera versión".

El dirigente expresó que la desazón y la incertidumbre reinaban entre los agricultores que postularon a estos proyectos, que les entregaría a estos comités campesinos más de $9 millones en recursos en un plazo de 3 años.

"Enviamos una carta al director regional del Indap, Andrés Castillo, y a la fecha no tenemos respuesta. Posteriormente, al Consejo Asesor Regional de este organismo les solicitamos información y tampoco hemos conseguido nada", indicó.

No obstante, el dirigente sostiene conocer datos que agravarían más la situación de esta negligencia hacia los campesinos de Quirihue y Ninhue.

"Gracias a la información que nos entregó una fuente de adentro de Indap, supimos que nuestros proyectos se perdieron en Quirihue y nunca fueron evaluados, por lo cual todo este tiempo hemos sido engañados. Estamos molestos porque no hay voluntad de parte de la dirección regional de Indap para darnos una solución a este problema", remató.

La pena máxima que establece el Código Penal en Chile es la que el Ministerio Público solicita para Cristian Acuña, acusado como autor del femicidio de María Magdalena Ortega Becerra, quien falleció tras ser degollada al interior de su vehículo, en agosto del año pasado.

Durante el día de ayer, en el tribunal de Garantía de Chillán, se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en que la fiscalía local de Chillán relató los hechos materia de acusación.

"En horas de la madrugada del 5 de agosto, en el camino publico fundo Romeral, del sector Cato, el acusado tomó contacto con su ex conviviente, la víctima María Ortega Becerra, abordando el auto de esta. Previo a concurrir a ese encuentro, el acusado había procedido, con la intención de dar muerte a la víctima, a ocultar entre sus vestimentas un cuchillo cocinero de unos 20 centímetros de hoja", reza la acusación.

Una vez adentro del vehículo, Acuña habría procedido a propinarle una estocada a la víctima en el abdomen, y luego varios cortes en las extremidades, para finalmente darle muerte con un corte en el cuello. "Con posterioridad el acusado se auto infiere heridas, escapa del lugar, dejando abandonado el cuerpo de la víctima", indicaron desde el Ministerio Público.

De cara al juicio oral, fiscalía presentará 29 testimonios, entre testigos y peritos. En dicha instancia, además, estará presente el Servicio Nacional de la Mujer, ya que la entidad gubernamental presentó una querella por este hecho, tras recibir el visto bueno de la familia. Estos últimos, al momento de la tragedia, declararon que ya habían sido testigos de la violencia que ejercía Acuña sobre María Ortega, de 34 años, quien fue una destacada dirigente deportiva de Coihueco. Dejó dos niños, a los que se le ofreció ayuda psicosocial.

Si Acuña es condenado a presidio perpetuo calificado, no tendrá beneficio carcelario antes de 40 años de presidio efectivo.