Abogado de municipio no asistió a juicio contra 'Casinos populares'
JUDICIAL. Tribunal dio por abandonada la querella que inició la causa por la cual ayer una persona fue condenada por rotura de sellos. Aún hay seis imputados.
Dentro de la batalla judicial que sostiene desde 2014 el municipio de Chillán y los locatarios de los locales de juegos, popularmente conocidos como 'Casinos Populares', ayer se produjo un hito en el tribunal de Garantía, donde se realizó una audiencia de juicio simplificado contra siete de ellos por el delito de rotura de sellos.
Durante la audiencia, que se extendió por más de dos horas, hubo dos hechos llamativos. El primero de ellos es que la presente acción judicial se inició con una querella interpuesta por el municipio de Chillán, en representación del alcalde Sergio Zarzar, y patrocinada por el abogado Pedro San Martín.
Sin embargo, este último no llegó a la audiencia, por lo que la defensa de los acusados solicitó que el tribunal diera por abandonada la querella, petición que acogió el magistrado Luis Aedo. De esta forma, sólo el Ministerio Público será el ente persecutor en lo que resta del proceso judicial.
El segundo hecho llamativo es que de los acusados en estrado, sólo uno aceptó su responsabilidad en el delito, por lo que el que el resto deberá enfrentar una nueva audiencia de juicio simplificado el 17 de agosto y por ello ayer se discutió la pertinencia de las pruebas que presentarán. Sobre estos puntos se centró el debate.
Los hechos
Desde el 9 de junio que el tribunal local citó a las siete personas, de las cuales hay tres empleados de los locales y cuatro son propietarios. De hecho, dentro de estos últimos, a la audiencia no asistió Carlos Guzmán ni Arturo Patiño, quienes figuran como imputados, pero viven fuera de la provincia de Ñuble.
En el caso de Arturo Patiño, la acción judicial se abrió en su contra porque el 11 de diciembre de 2014 los inspectores municipales, con ayuda de carabineros, procedieron a clausurar el 'casino popular' ubicado en Isabel Riquelme 915; sin embargo, desde esa fecha en adelante los sellos fueron rotos, según dice la querella, por los encargados, identificados como Carlos Opazo y César González, contra quienes también existe la persecución penal.
Héctor Mella, defensor de Carlos Guzmán y Eduardo Sepúlveda, expuso que esta es una persecución sin un fundamento jurídico sólido, toda vez que los locatarios tienen su patente vigente.
"La Superintendencia de Casinos nunca se ha pronunciado respecto a la licitud de las máquinas. En este caso, carabineros hizo incautaciones en 2014 y la corte dijo que es necesario para ello demostrar que son máquinas prohibidas. Hasta ahora eso no se ha dicho en ningún tribunal", explicó Héctor Mella. Otro punto que abordó fue que "fiscalía quiso botar todas las pruebas de la defensa, incluyendo el recurso de protección que se acogió a nuestro favor para el juicio simplificado. Además, fundamentamos con un dictamen de contraloría que nos da la razón de tener derecho a tener locales con máquinas de juego, desconociendo que las resoluciones del ente contralor son obligatorias y vinculantes con todas las comunas del país", dijo, asegurando que sus representados serán absueltos.
Un locatario sin patente fue condenado
De los siete imputados, sólo uno de ellos aceptó su responsabilidad en la autoría del delito de rotura de sellos. Por ello, el magistrado Luis Aedo lo condenó por haber abierto el local de juegos en el que Evandro Vielma es el propietario, una vez que había sido sorprendido por personal de la inspección municipal y carabineros. El abogado Ricardo Robles admitió que su representado, siendo el representante del local, abrió los sellos y este local no tenía la patente vigente. Fiscalía imputó a Vielma, pero este no había sido notificado del proceso, por lo que Robles demostrará que es inocente.
2015 presentan querellas El alcalde Zarzar arremetió contra tres locales el 20 de junio. Al no asistir a juicio, abandonan causa.