Danny Fuentes Espinoza

La polémica por el sueldo que percibe la directora de Salud de Chillán Viejo, Marina Balbontín, sigue siendo fuente de desencuentros al interior del municipio chillanvejano. El último en arremeter al respecto fue el alcalde, Felipe Aylwin, quien presentó una demanda en contra de los concejales Jorge Del Pozo, Rodolfo Gazmuri, Patricio San Martín y Pablo Pérez, quienes se opusieron al presupuesto 2016 en que se contemplaba una asignación especial al sueldo de la profesional, que de todas formas lo recuperaría retroactivamente vía judicial.

En el escrito, al que tuvo acceso Crónica Chillán, se describe el proceso de la discordia, iniciado en septiembre de 2014, cuando el Concejo aprobó con la mayoría de sus integrantes las bases para el llamado a concurso público de la dotación de la dirección de Salud en el municipio, que luego fue aprobado en octubre. La iniciativa contempló el estatuto de atención primaria, conforme a la escala de la categoría, incrementándose con una asignación municipal especial para equipararlo al grado 6, correspondiente a un cargo directivo. Dos meses más tarde, Marina Balbontín fue seleccionada para el cargo.

La polémica se inició el 22 de diciembre de 2015, cuando se sometió a votación en el Concejo la aprobación de los fondos que percibiría este año Marina Balbontín. En esa oportunidad, con el rechazo de Del Pozo, Gazmuri, Pérez y San Martín, se vetó los $700 mil adicionales que recibiría la profesional, que le significaban hasta entonces un sueldo que ascendía a los $2.231.421.

Fue por ello que Marina Balbontín recurrió al tribunal laboral, considerando que la rebaja de su remuneración constituye un acto arbitrario e ilegal de la Municipalidad, incumpliendo la obligación que tenía hasta entonces el empleador después de generar la relación laboral.

El juzgado de Letras del Trabajo de Chillán falló el 16 de junio de este año a favor de Marina Balbontín y estipuló que la municipalidad "debe pagar con efecto retroactivo las sumas de dinero que, por ese concepto, haya dejado de pagar hasta la fecha de la dictación de la sentencia". Además, sentenció que la suma debe considerar intereses y reajustes correspondientes hasta la fecha del debido cumplimiento de la sentencia definitiva.

Este último paso no se ha dado, ya que el municipio presentó una apelación que está en proceso de revisión por parte de la Corte local.

Argumentos de Aylwin

El alcalde Felipe Aylwin presentó la demanda, patrocinada por el abogado Víctor Guajardo Medina, la que responsabiliza a los cuatro concejales por "el perjuicio patrimonial directo a indemnizar que deberá ser desembolsado de las arcas municipales por un actuar infundado", según se sostiene.

Entre los argumentos jurídicos que se expuso ante el tribunal se cita la Ley Orgánica de Municipalidades (18.695), la cual estipula -en la arista civil- que se deben efectuar las modificaciones presupuestarias que permitan corregir el déficit que hubiere representado el jefe de la Unidad de Control y si este ente es representado por el Concejo y no introdujere las rectificaciones pertinentes, "el alcalde que no propusiere las modificaciones correspondientes o los concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables en la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo".

La demanda solicita el pago de las costas del proceso, agregando que "el artículo 2.314 señala que el que ha cometido un cuasidelito civil que ha inferido daños a otro, es obligado a la indemnización, lo que se cumple a cabalidad en contra de la municipalidad".

El alcalde Aylwin optó por no hacer comentarios, mientras que los concejales aludidos, según fuentes de la causa, aún no han sido notificados.

Tres adultos y un menor heridos fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido la tarde de ayer en el camino que une Portezuelo con Ninhue. La emergencia, que movilizó a carabineros, bomberos y personal médico, tuvo lugar cerca de las 16.30 horas en el cruce hacia Portezuelo. En el lugar, y por causas que son investigadas, el conductor perdió el control del automóvil, desplazándose hacia un costado de la vía, volcando en un sector predio de carácter privado. Vehículos que transitaban por el lugar, al advertir el siniestro, llamaron de inmediato a Bomberos, quienes fueron los primeros en llegar al lugar para inmovilizar a los lesionados, que presentaron diversas contusiones. Carabineros notificó de lo ocurrido a la fiscalía, pero los antecedentes fueron remitidos al juzgado de policía local, mientras que los lesionados fueron derivados al hospital de Chillán.

Un computador, dos micrófonos, una guitarra, un subwoofer, un procesador y placa madre además de lápices de las pantallas interactivas, fueron parte del botín con que desconocidos huyeron desde el liceo Domingo Ortiz de Rozas, en Coelemu. La información fue confirmada a Itata noticias por Sergio Hernández, director del establecimiento Municipal, quien dijo sobre esta pérdida que "son importantes herramientas utilizadas por los profesores en las diversas actividades pedagógicas". Del robo se enteraron los docentes que ayer regresaban de vacaciones, por lo cual entregaron todos los antecedentes a los funcionarios policiales que llegaron al lugar, realizándose un avalúo de las pérdidas en más de $1 millón. Carabineros indaga el mismo modus operandi del robo a un jardín y al hospital de Coelemu.

Desde que en agosto del año pasado la fundación Pro Bono presentara una querella contra Jaime Riveros, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de Bulnes, acusando cohecho, nuevas aristas se han abierto que ahora deberán ser resueltas por la Corte Suprema.

Esto, porque el abogado Riveros presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal, por lo que a su juicio son faltas graves por parte de los ministros de la Corte de Apelaciones de Chillán, Claudio Arias y Darío Silva, quienes lo condenaron a pagar $3 millones en costas por presentar una querella por injurias que emprendió contra José Eyzaguirre, bulnensino que acusó en un principio el supuesto cohecho, pero que finalmente fue absuelto.

"Hay falta y abuso al revocar la sentencia del Juzgado de Garantía de Bulnes, en la parte que había eximido el pago de costas a esta parte querellante, dado que la querella fue interpuesta por nuestro representado por delito de injurias y calumnias", explicó en su escrito Luis Godoy, abogado de Jaime Riveros, explicitando que la acción judicial está dada porque José Eyzaguirre difundió en medios de comunicación "imputaciones de supuestos delitos distintos a los que fueron materia de la querella de cohecho".

En el recurso de queja, poco usual en la Corte Suprema, el abogado sostiene que el tribunal de alzada chillanejo no se pronunció respecto a la inadmisibilidad que tenía la apelación por costas, recordando que en el fallo de primera instancia no hubo condena por este concepto.

Cabe recordar que con la sentencia de la Corte de Apelaciones, dictada el 15 de julio, el tribunal de Garantía de Bulnes tuvo que regular las costas, fijadas en $3 millones en favor de José Eyzaguirre, quien en agosto acudió a la fundación Pro Bono, que lo patrocinó con la acción judicial en que acusa que la madre de José Eyzaguirre habría hecho trámites de carácter gratuito por los que, supuestamente, Riveros habría cobrado.

Después de este episodio, el abogado bulnensino contraatacó e interpuso un primer recurso en el mismo tribunal de Garantía y Corte de Apelaciones local, buscando ser sobreseído, lo que finalmente no ha ocurrido. La investigación de fiscalía, en tanto, hasta ahora no sido formalizada. Desde la dirección regional de la CAJ se sancionó administrativamente a Riveros por los supuestos cobros, no obstante sigue ocupando su cargo.