Defensoría Penal Pública asume causas de jurista que está en prisión
JUDICIAL. Carolina López está detenida en Santiago, formalizada por estafa, mientras que el coautor, Juan Luengo, quedó libre y arriesga pena de cárcel por pagar con billetes falsos.
Los vínculos de la abogada Carolina López Behar (44) y Juan Luengo Bascuñán (60), que hoy los tienen formalizados por cometer, presuntamente, una estafa de $210 millones, han ocasionado diversas complejidades en los tribunales de la provincia de Ñuble.
Esto, porque desde que la jurista ingresó a prisión preventiva, el pasado 6 de julio, las causas que ella tramitaba como defensora han debido ser reasignadas a la Defensoría Penal Pública.
El primer caso es el de Confusio Arias, quien fue formalizado el 24 de marzo por el delito de tráfico de drogas. En su caso, quedó en prisión preventiva y contrató los servicios de López Behar como defensora privada. El problema radicó el 27 de julio, cuando el fiscal Álex Montesinos solicitó ampliar en 20 días la investigación. Sin embargo, al estar en prisión preventiva la abogada, el tribunal dio como abandonada de la causa, por lo que se le asignó a Antonio Guerra como representante, en su calidad de abogado de la Defensoría Penal Pública.
Un caso similar es el que le ocurrió a Marcela Muñoz, quien envió desde la cárcel de Chillán al tribunal correspondiente una misiva en la que solicitaba la intervención y que se le asignara un abogado de la Defensoría Penal Pública. Esto tuvo lugar el 24 de julio, a esa fecha Diario Crónica Chillán había informado que Carolina López se encontraba en la cárcel de San Miguel cumpliendo la cautelar más gravosa. Por ello, se le encargó a Antonio Guerra nuevamente que la represente desde esa fecha en adelante.
Nuevas aristas
Otra de las aristas que suma la polémica es la presentación en al menos dos causas que tramitaba la abogada de un certificado médico en el que expresaba que debía mantener reposo por estar afectada por una crisis hipertensiva severa. El problema es que la fecha de ese certificado está fijada al 6 de julio, día en que López Behar fue formalizada e ingresó al recinto penal femenino.
La abogada chillaneja recién podría recuperar su libertad el 16 de agosto, día en que está programada la revisión de cautelares en el tribunal de Garantía de Puente Alto, que ejerce la jurisdicción sobre la investigación que afecta en calidad de víctima al empresario Carlos Guerra, quien denunció la apropiación dolosa de una millonaria suma que le correspondía recibir por concepto de expropiación de un terreno ubicado en San José de Maipo.
El afectado denunció a la citada abogada, quien habría cometido supuestamente el ilícito junto a Juan Luengo, otro chillanejo conocido en los tribunales de Ñuble, aunque por motivos distintos. Tiene amplio prontuario policial por varios delitos, incluso homicidio.
No obstante, su última visita tuvo lugar a fines de junio de este año. En aquel entonces, enfrentó un juicio en que se le acusó de haber estafado, en junio de 2015, a una mujer a quien le pagó por concepto de seis pavos la suma de $108 mil con billetes falsos.
El tribunal lo condenó, junto a dos hombres, a la pena de 541 días, aunque la abogada defensora Belén Acuña presentó un recurso de nulidad que esta semana será resuelto. Hasta entonces estaba en prisión, sin embargo por la causa de la estafa en el tribunal de Puente Alto fue dejado en libertad, previo pago de $500 mil.
Chillanejo ya fue condenado en Valdivia
La fiscalía de Valdivia fue una de las primeras en oficiar a los tribunales civiles de las principales ciudades del país respecto a un nuevo modus operandi de estafas, en que delincuentes presentaban documentos falsos para cobrar dinero de expropiaciones a particulares. En ese contexto, el chillanejo Marco Prosa Fernández, de 55 años, fue condenado en noviembre del año pasado por haber colaborado con otras tres personas, encabezadas por un hombre llamado Luis Contreras Kahler, quienes retiraron fraudulentamente un cheque por $72 millones.