La Contraloría General de la República informó ayer que emitió un oficio que ordenó a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley exige para su otorgamiento.

Entre los casos está el de Myriam Olate, ex esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien dejó Gendarmería con una pensión que supera los $ 5 millones. En el caso de la ex funcionaria de Gendarmería, según el documento, se detectó un "vicio administrativo" en el cálculo del monto de la pensión, pues "se realizó sin considerar el límite de imponibilidad de 60 UF".

Vicio en la dictación

"Una vez que la autoridad de oficio o a petición de una parte constate la presencia de un vicio en la dictación de un acto administrativo, se encuentra en el imperativo de invalidarlo (...) con el propósito de restablecer el orden jurídico quebrantado por una decisión contraria a derecho", asegura el texto.

La medida resultó de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley. El 20 de abril de este año, el contralor general ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite, tras lo cual ordenó revisar en detalle la legalidad de los componentes de las pensiones.

Otros afectados

La medida también apunta a Oscar Garcés, Edita Cortés, Víctor Alfonso Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.

La Contraloría determinó que "la señora Olate Berríos, entre otros funcionarios, no cumplía con los requisitos para ser imponente de esa caja previsional (Dipreca)".

"Estas decisiones hay que acatarlas", dijo el diputado Osvaldo Andrade (PS) tras enterarse del dictamen. No obstante, pidió esperar la resolución definitiva, que estará en 15 días hábiles desde la notificación. "No tengo más información y no me corresponde saberlo", agregó.

El presidente del Partido Radical (PR), Ernesto Velasco, dijo ayer que el senador Alejandro Guillier (independiente), tiene "todas las condiciones" para ser un candidato presidencial y que esa opción es vista con buenos ojos al interior de la colectividad. El Partido Radical lanzó ayer su nueva imagen y eslogan para las municipales de octubre, donde el senador ocupará un lugar importante como rostro de su campaña.

La ofensiva gráfica de la colectividad fue denominada el "sello Guillier" ,y aunque Velasco recalcó que la prioridad es la municipal y que después de los comicios resolverán su opción presidencial, reconoció que "sin duda que Alejandro Guillier es una persona que tiene todas las condiciones para aquello y es un tema que se tendrá que resolver en el momento que corresponde".

La imagen del senador Guillier en las gráficas va acompañada de la imagen de un gallo y el eslogan "Da confianza".

Luego de casi dos años de investigación, el 15° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó el término de la investigación por los ataques con bombas que afectaron al Subcentro de la Escuela Militar y a la estación de Metro Los Domínicos en 2014.

La Fiscalía Sur tendrá 10 días para presentar la acusación en contra de los tres acusados por delitos terroristas y que permanecen en prisión preventiva desde septiembre de 2014, cuando fueron detenidos.

El atentado con bomba en el Subcentro de la estación de Metro Escuela Militar ocurrido cerca de las 14 horas del 8 de septiembre de 2014 y dejó 14 heridos. En la oportunidad, el Gobierno invocó la Ley Antiterrorista en una querella.

El artefacto, que explotó en Los Dominicos, detonó el 13 de julio de 2014. El Metro estaba sin pasajeros y solo afectó a una ventana y asiento. En esta causa son investigados Nataly Casanova, Juan Flores y Enrique Guzmán.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, comentó ayer que "el Gobierno ya mandó la remoción" de la rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, y aclaró que el Ejecutivo espera que la Contraloría expida el decreto correspondiente. "Cuando uno tiene un cargo de confianza para llevar adelante una tarea y te piden la renuncia, uno se va, eso es lo que haría cualquier persona", añadió Delpiano. El decreto de remoción de la rectora Roxana Pey fue ingresado el 29 de julio a la Contraloría General de la República, organismo que tiene 15 días hábiles para su toma de razón.

Mauricio Mondaca

El ex Presidente Sebastián Piñera rechazó ayer haber pagado coimas a ex funcionarios argentinos hace una década para iniciar las operaciones de la línea aérea LAN, de la que era uno de los mayores accionistas.

Piñera fue incluido junto a otros ejecutivos y ex autoridades en una investigación del fiscal Ramiro González sobre presuntos pagos de poco más de US$ 1 millón para permitir que LAN iniciara operaciones en Argentina, informó en su sitio de internet el medio argentino Infobae.

"No estoy dispuesto a aceptar que en forma irresponsable, o mal intencionada, sin aportar antecedente alguno, se me pretenda involucrar con hechos ocurridos hace 10 años, en los cuales no tuve ninguna participación ni ninguna responsabilidad", dijo Piñera en una conferencia de prensa.

La investigación surgió tras una demanda civil que la venezolana Gledys Stailes -con residencia en Argentina- presentó contra la aerolínea por pérdida de equipaje. Sin embargo, Stailes cambió la demanda a una denuncia penal tras enterarse que LAN -actualmente LATAM Airlines - acordó recientemente pagar multas por US$ 22 millones en Estados Unidos por infracciones contables en el inicio de sus operaciones en Argentina en 2005.

Estado de indagatoria

Según Infobae, Stailes incluyó en la denuncia a Piñera, al asegurar que habría autorizado el supuesto pago de sobornos a ex autoridades argentinas para que LAN iniciara operaciones en el país cuando era parte del directorio de la aerolínea.

El ex Jefe de Estado explicó que el caso de Argentina está cerrado desde 2012, al igual que en Estados Unidos, donde "no hubo infracción por parte de LAN a las normas que prohiben el cohecho". Sobre la indagatoria en Chile, detalló que la única participación, al igual que todos los directores de la época, fue declarar como testigo en 2014.

Fiscal en argentina

El fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, viajará a Argentina para tomar declaración al ex ministro de Transportes argentino, Ricardo Jaime, y su ex jefe de gabinete, Manuel Vásquez. El primero está detenido en Buenos Aires desde el 2 de abril, mientras que el segundo tiene arresto domiciliario por la investigación de este caso.

El caso fue cerrado en 2011, porque las acciones no constituían delito en 2006 y la ley que sanciona el cohecho internacional se dictó en 2009.