Andrés Mass Olate

Hace algunos días el Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Rodrigo Álvarez, en el marco de la presentación de tres mapas de riesgo volcánico, sísmico o de inundaciones para la Región Metropolitana, enfatizó que "deberíamos aspirar a que este trabajo sea vinculante, porque a veces está la tentación de construir en cualquier lugar". Sus palabras fueron en directa alusión a la necesidad de poder incluir los riesgos naturales en los planes reguladores comunales.

Desde el 31 de diciembre pasado, Coihueco y Pinto se encuentran bajo alerta amarilla, debido al incremento en la intensidad del proceso eruptivo del complejo volcánico Nevados de Chillán.

No obstante el riesgo que enfrentan al estar en las cercanías del macizo y a afluentes de agua que pudieran ocasionar inundaciones en época invernal, ambas comunas carecen de un plan regulador comunal.

Por ejemplo, Pinto tiene como instrumentos de planificación comunal un Límite Urbano del año 1984 que la regula. Además, un Plan Seccional denominado "Plan Seccional Termas de Chillán", del año 1990, que regula desde Recinto, Los Lleuques, el valle Las Trancas hasta las termas de Chillán.

"Acá no hay plano regulador, nos regimos por un plano seccional, que abarca desde Recinto a Las Termas en cuanto a las construcciones, y rige aspectos tales como divisiones de terrenos, lugares, cantidad de metros cuadrados; en definitiva, lo que este instrumento hace es resguardar que las zonas naturales no se vean afectadas por la edificación", precisó Matías Carrasco, director (s) de Obras del municipio.

Coihueco tampoco cuenta con un plan regulador y de acuerdo a los registros del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) del Bío Bío posee tres límites urbanos, uno en la ciudad de Coihueco del año 1985, otro en la localidad de La Viñita, del año 2006, y otro en el sector del Embalse de Coihueco, del año 1973.

"Estamos gestionando recursos para poder implementar uno", señaló Juan Riquelme, Jefe de Gabinete de la entidad edilicia.

Necesita actualización

Si bien cuenta con un plan regulador de 1967, en el municipio de San Fabián de Alico están conscientes de la necesidad de poder actualizarlo. No obstante, la falta de recursos propios y la imposibilidad para obtener financiamiento lo han impedido.

"Sabemos de la importancia de tenerlo actualizado para una planificación segura de la comuna, por lo que sería importante incluir la ocurrencia de fenómenos naturales. Pero no tenemos los medios económicos para hacerlo, hemos hecho algunas gestiones, pero no hemos tenido éxito", lamentó la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua.

De las comunas que podrían verse afectadas por la ocurrencia de alguna emergencia asociada a la naturaleza, Cobquecura si cuenta con un plan regulador vigente. "Esta herramienta establece zonas de restricciones (sobre todo en el borde costero) donde señala cómo y dónde construir, tomando en cuenta la ocurrencia de fenómenos como inundaciones y tsunamis", puntualizó Pedro Ramírez, encargado de Protección Civil y Emergencia municipal.

Según la normativa inserta en la ordenanza de Urbanismo y Construcción, esta autoriza a construir a una distancia de 80 metros de la costa, por lo que sería recomendable introducir algunos cambios.

"Cuando la persona va a construir se le muestra tanto los sectores riesgosos como seguros; no obstante, en Cobquecura es toda zona de riesgos, ya que sectores como Buchupureo, Taucú, Culmuyao están emplazados en pequeños valles que tienen muy baja altura sobre el nivel del mar. Ante ese escenario, nuestra tarea es minimizar los riesgos", remarcó Ramírez.

Concejo debe aprobar

Según la legislación urbana vigente, para incorporar los riesgos, en el caso Coihueco, Pinto y San Fabián, "deben reemplazar sus instrumentos por Planes Reguladores Comunales (sólo éstos pueden definir áreas de riesgo), los cuales incluyen un "Estudio de Riesgos y Protección Ambiental" elaborado por un profesional especialista, y definir las áreas de riesgo "en base a las siguientes características: zonas inundables o potencialmente inundables; zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones; zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas, erosiones acentuadas, y zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana", detalló Jaime Arévalo, Seremi de Vivienda y Urbanismo del Bío Bío.

Cabe recordar que para modificar o reemplazar los elementos vigentes existe un procedimiento normado, en el cual primero se elaboran los instrumentos y luego se aprueban por parte del Concejo Municipal.

Interés social

Al ser consultado por diario Crónica Chillán sobre la factibilidad de poder introducir la variable de los riesgos naturales en la planificación de las distintas comunas, Rodrigo Álvarez señaló que vivir en sociedad implica la colisión de intereses de todo tipo. "Lo importante es que este interés social sea considerado en conjunto con los demás intereses legítimos, para que aprendamos de los errores históricos. Los desastres no son naturales, sino consecuencia de la acción u omisión humana", puntualizó el director del Sernageomin.

A juicio de Álvarez, lo anterior no es un asunto menor pues las malas decisiones significarán en algún momento un perjuicio para el Estado. "En este tema se juega en parte el desarrollo del país, porque el Fisco usualmente debe financiar las reconstrucciones, lo que obviamente es más caro que construir con racionalidad", reflexionó.

Aspecto cultural

Pero más allá de las buenas intenciones de las autoridades, la implementación de una nueva normativa no bastará para que quienes construyan necesariamente consideren la seguridad de las personas como un valor primordial.

"Si bien lo primero es identificar las zonas de alto peligro y a partir de allí jerarquizando, el aspecto cultural es esencial, porque muchas veces la gente reacciona ante este tipo de mensajes. Por ejemplo, cuando liberamos el acceso a los mapas de peligros volcánicos, de aluviones y tsunamis, algunas personas se asustaron y otras criticaron, pero es importante que la zonificación de peligros sea pública, para promover el debido control por parte de la ciudadanía. Entendemos que los cambios culturales son muchas veces lentos, pero hay que empezar en algún momento", destacó Rodrigo Álvarez.

"En este tema se juega en parte el desarrollo del país, porque el Fisco usualmente debe financiar las reconstrucciones, lo que obviamente es más caro que construir con racionalidad".

Rodrigo Álvarez

Director Nacional de Sernageomin"

1967 es el año en el que se elaboró el plan regulador de San Fabián de Alico. Falta de recursos por parte del municipio ha impedido hacer una actualización.

80 metros de la costa es la distancia del borde costero que establece la Ley General de Urbanismo y Construcción para edificar en nuestro país.