La Convención Internacional de la Apostilla, fue aprobada en la Haya y nuestro Congreso Nacional la aprobó en junio del año 2012, la ratificación internacional se efectuó en diciembre de 2015, y comienza a regir el 30 de agosto del presente año. Se dictó la Ley 20.711 que implementa dicha Convención de la Haya, la que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros y viceversa, documentos públicos chilenos en el extranjero.

La Apostilla, es una certificación única de documentos que simplifica la legalización de documentos públicos nacionales y extranjeros para los trámites de las personas que tengan un carácter internacional.

En concreto y por vía de ejemplo, si un chileno realiza un trámite en Alemania o en Argentina o en cualquiera de los 112 países miembros de la Convención y le exigen un certificado de nacimiento, debe ir primero, al Registro Civil y pedir el certificado; en segundo lugar, a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos para que lo legalicen; en tercer lugar al Ministerio de Relaciones Exteriores para la certificación y en cuarto lugar, al Consulado Alemán o Argentino respectivo, a veces incluso un quinto trámite, a la Embajada respectiva.

Con la entrada en vigencia de la Convención, todos esos trámites se reducen a uno solo, puesto que va al Registro Civil y el mismo servicio apostilla el documento que pasa a una plataforma electrónica e informática y queda apostillado para todos los países de la Convención automáticamente, por ende para todas sus instituciones y la persona se va al extranjero e identifica el documento apostillado y de inmediato aparece en los sistemas informáticos, y se evita todo el peregrinar de trámites anteriores, lo mismo para los extranjeros que vengan a Chile; así de fabuloso y eso parte ahora el 30 de agosto, ahorrando tiempo y dinero, ya que es gratuito el apostillamiento.

Debemos señalar, que los servicios que parten son los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud y Servicio de Registro Civil e Identificación, después se incorporarán otras entidades.

Nuestro Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet ha implementado y ha hecho efectiva una convención internacional para facilitar los trámites a los chilenos y extranjeros con modernidad y eficiencia, quedando a la altura de los países más avanzados del mundo y facilitándoles la vida a las personas con un trámite único.

Jorge Cáceres Méndez Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos en el Biobío.

Hace 3 años | 6 de septiembre 2013

Trescientas familias no reciben sus casas por un error

Damnificados del 27-F de Brisas del Bicentenario, que llevan meses esperando viviendas sociales fueron citados ayer, pero a última hora se cambió la fecha. Desde Cabrero y San Rosendo llegaron padres con sus hijos a recibir las llaves de sus hogares y quedaron en la puerta con camiones cargados de enseres.

Hace 2 años | 6 de septiembre 2014

Autoridad sanitaria aprobó depósito de residuos tóxicos

La Seremi de Salud de la región del Bío Bío ya visó un proyecto de la empresa Bravo Energy S.A. para tratar residuos peligrosos en el sector de Nebuco, comuna de Chillán Viejo. Comité Ambiental rechazó la instalación industrial y criticaron que no se realizara un Estudio de Impacto Ambiental.

Hace 1 año | 6 de septiembre 2015

$17 mil millones es el costo de instalar la región de Ñuble

Cálculo hecho por el Ministerio de Hacienda considera puesta en marcha y contrataciones durante el primer año de funcionamiento de la futura región de Ñuble, que alcanzaría los $17 mil millones. Presupuesto caerá tras implementación, a $15 mil millones, el mismo que recibe en la actualidad la Región de los Ríos.

El sistema de salud de Chile ha obtenido -por segundo año consecutivo- una calificación de 3,5 en la encuesta del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y GfK Adimark. La consulta se aplicó en terreno a 1.199 residentes en el Gran Santiago, Gran Valparaíso y Gran Concepción, durante junio pasado.

El estudio reveló que los usuarios de Fonasa otorgan mejor calificación, con nota 3,6 al sistema de salud público, mientras los de Isapres le asignan un 3,2 y es la evaluación más baja desde la primera medición que se efectuó en 2010.

Sin embargo, el índice de experiencia de calidad, donde se consigna la apreciación respecto al servicio prestado, subió seis puntos porcentuales respecto a 2015, impulsado fuertemente por la evaluación de los servicios privados de salud. Al contrario, la percepción de calidad -o evaluación del funcionamiento del sistema en general- presentó un descenso de seis puntos, alcanzando el nivel más bajo desde 2010, que estaría explicada por la discusión pública sobre las deficiencias de ambos sistemas y las necesidades de reformarlos. Más del 50% evalúa negativamente la atención en el servicio de urgencia, el poder hospitalizarse y la obtención de horas médicas de especialistas. Ocho de cada 10 entrevistados opina que la población no está bien cubierta ni protegida con su plan de salud privado.

La inversión se viene incrementando fuerte en las últimas décadas, pero la percepción de la gente es que los problemas no se resuelven. Porque no basta con dictar leyes que extiendan la asistencialidad si no están creadas las condiciones para atenderlas. El Auge es un caso típico. Las listas de espera son agobiantes y en muchos casos los pacientes prefieren ir por una atención particular e inmediata, que esperar meses y hasta años que corra la lista, con riesgo para su salud.

En la Región del Bíobío, por ejemplo, la falta de médicos especialistas y la presión por cumplir con los plazos de atención de patologías Auge son los principales factores que hacen que el sistema de salud hospitalario sea crítico en muchos establecimientos. Da la impresión de que la salud no sólo necesita de recursos, sino también deben resolverse problemas de gestión, falta de camas y de médicos, situación que, con algunos matices, hace crisis en cada ciudad.