"Lo que interesa es que las platas que lleguen del ministerio la ocupen en escuelas que necesitan"
Juan López Cruz,
"Nos dijo que éramos lo más importante que tenía en la vida. Después nos contó que habían intentado matarla"
Marcos Riquelme, — Hijo de María Ortega Becerra,
— víctima de femicidio.Con pérdida total resultó una vivienda ubicada Ecuador e Independencia, donde también funcionaba la botillería y supermercado Boomerang, local que era arrendado por la dueña Patricia Insunza. Según la información entregada por Bomberos y Carabineros, la pérdida fue total al interior de la vivienda.
Diez mil 969 vacunas han sido aplicadas al 31 de agosto de 2014, a la población infantil de Ñuble, en el marco del Programa Nacional de Inmunizaciones, que se realiza a través del Ministerio de Salud. El programa tiene como objetivos mantener los logros alcanzados en el control o eliminación de enfermedades transmisibles.
En Chillán la población de comerciantes ambulantes se divide en dos categorías, aquellos que cuentan con permiso precario, que según estimaciones del municipio llega a 162 personas, y quienes no cuentan con ningún documento y que según los cálculos dela Cámara de Comercio deben sobrepasar los 150 ambulantes.
El gobierno ha anunciado la elección de intendentes para el próximo año 2017, en realidad para ser más preciso los intendentes se eliminan y son remplazados por "gobernadores regionales" electos, que a su vez tendrán que coexistir con los "delegados presidenciales regionales", que serán designados por el Presidente de la República.
Resulta evidente, más allá de las disquisiciones técnicas que fundamentan el proyecto de ley actualmente en tramitación en el congreso, que no resulta explicable de manera satisfactoria, que si el fondo de lo que se persigue es la descentralización, es decir atenuar el núcleo o centro de poder que está radicado en la figura del Presidente de la República en la estructura administrativa chilena, para radicar más atribuciones o competencias en las regiones, se insista en que coexistan dos autoridades a nivel regional, una electa, legitimada por la ciudadanía mediante su voto, pero sin poder, y otra designada pero con amplias competencias para ejercer la función pública.
La competencia, que podríamos conceptualizarla como la habilitación y delimitación que hace la ley para que un órgano o entidad de la administración del Estado pueda actuar válidamente, sobre determinadas y ciertas materias en un ámbito geográfico también determinado, teniendo dichas actuaciones efectos jurídicos, es un principio básico en la organización administrativa, en el que la ley autoriza a la administración para actuar y a su vez le otorga facultades para que lo haga. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene crear una nueva figura en la estructura administrativa, como los gobernadores regionales, que no tendrán facultades efectivas para actuar?
Evidentemente lo más razonable es primero definir con precisión las competencias que la ley otorgará a los máximos representantes del ejecutivo en las regiones, delimitando claramente cuáles serán sus competencias, y como estas interactuaran con el nivel central para que no se produzca una superposición de facultades, lo que impediría la adecuada satisfacción de las necesidades públicas regionales o si se quiere entrabaría el fin último del Estado, que como sabemos es la propensión al Bien Común. En definitiva las atribuciones que efectivamente tendrán los representantes del gobierno regional resulta mucho más prioritario que la forma en que se generarán esas autoridades, sea por elección o por designación, pero como suelen decir en el campo aquí se está "poniendo la carreta delante de los bueyes".
Todavía más, en el contexto del proceso constituyente, para avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, no es explicable persistir en la mal llamada elección de intendentes para el próximo año, si precisamente uno de los aspectos centrales de esta discusión será la forma en que se estructurara la administración del Estado y las funciones de los diferentes organismos y sus facultades.
Emilio Oñate Vera Decano Facultad de Derecho, Universidad Central.
Aun cuando no todos los productores en el mundo agrícola están conscientes de los efectos del cambio climático, se percatan que los últimos años la disponibilidad del recurso hídrico ha sido cada vez más escasa en el periodo de verano y los suelos están cada vez más proclives a cultivos que antes se daban sólo en la zona norte del país. Es una realidad y las cifras lo avalan.
Un reciente informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente, titulado "Elaboración de base digital del clima comunal en Chile: línea base (años 1980-2010) y proyección al año 2050", redactado por el investigador de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Fernando Santibáñez, da cuenta que en los próximos 35 años la cantidad de precipitaciones en la zona se reducirá en un 15% promedio, mientras que las temperaturas ascenderían en 2,3° Celsius más que el promedio de 27,8°C que hoy se registra en enero.
A juicio del gobierno, uno de los desafíos que presenta este escenario pasa por la adecuación de los derechos de agua en el sector rural. Por ello el ejecutivo está propiciando una modificación al Código de Aguas que ha encontrado un rotundo rechazo entre los agricultores.
La Sociedad Nacional de Agricultura considera que el cambio produciría un grave impacto económico para el Fisco. Tan sólo en indemnizaciones a los propietarios de derechos consuntivos expropiados se calcula que se deberá desembolsar US$17 mil millones, US$ 400 millones que se gastarían en la adecuación de la distribución de derechos, US$ 2.480 millones por año en costo de gestión de la distribución que hoy manejan los privados y otros US$ 7.000 millones para expropiar toda la red actual en caso de asumir el sector público la distribución. En cuanto al daño a los agricultores, la SNA estima que se generará por la incerteza jurídica para invertir en el sector a largo plazo y un impacto en la valorización de los activos privados agrícolas.
En este sentido, la propuesta del líder de la SNA, Patricio Crespo, planteada ayer ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que analiza la Reforma al Código de Aguas, pasa por solucionar los problemas de abastecimiento hídrico con inversión estatal para aprovechar los 175 mil millones de m3 de agua disponibles que se pierden en el mar. Según Crespo, con los recursos que la reforma requiere se podría desarrollar un plan de embalses de US$ 20 mil millones que permitiría quintuplicar la capacidad existente, pasando de 4.200 millones de m3 a 24.200 millones de m3 e incrementar así un 300% la superficie de riego. El escenario del cambio climático debe ser abordado a la brevedad y para ello será necesario escuchar las propuestas con apertura y mirada de largo plazo.