"Que un organismo técnico que depende del Gobierno, a través de su director, confirme las debilidades de esta reforma y los graves perjuicios que puede generar, para nosotros significa un avance muy relevante", sostuvo Martín Arrau, director de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble.

Arrau también expuso por segunda vez ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja -que preside el diputado Manuel Monsalve- durante la misma sesión en que el director general de Aguas, Carlos Estévez, confirmó la inaplicabilidad del caudal ecológico retroactivo, argumento que ha sido mencionado reiteradamente por las organizaciones de usuarios de aguas del país.

El dirigente reiteró que la reforma no tiene sustento técnico y quienes la impulsan no conocen el mundo real de los ríos y canales.

"Como el proyecto de ley tiene efecto retroactivo para los regantes, implicará limitaciones y perjuicios en el desarrollo del riego, lo que se traducirá en importantes costos de indemnizaciones por parte del Estado, por su carácter expropiatorio", afirmó.

Arrau agregó que la distribución del recurso hídrico sería inviable con los sistemas existentes como bocatomas, canales, marcos y compuertas.

Las declaraciones de Arrau se unen a las vertidas en la misma comisión por el líder de la SNA, quien advirtió que si se aprueba la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar alrededor de US$27 mil millones por conceptos de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso.

Al término de la reunión, los representantes de las organizaciones de usuarios de aguas de las regiones del Maule y Biobío confirmaron el despliegue de una campaña comunicacional para evitar la promulgación de una ley que califican como "demoledora para la actividad agrícola nacional".

"Nos vamos a hacer parte del procedimiento interpuesto (por Boldt Peralada), el que consideramos complemente improcedente", sostuvo el director de Marina del Sol, Mario Rojas, quien estuvo ayer en la mañana en Chillán realizando algunos trámites contemplados en el proyecto del futuro casino.

El también abogado fijó la posición de la empresa penquista ligada a la familia Imschenetzky ante el recurso judicial presentado el 16 de septiembre por el consorcio argentino-catalán en la Corte de Apelaciones de Santiago, la que declaró admisible un reclamo de ilegalidad por las resoluciones dictadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) y en las que otorga la concesión del casino de Chillán a Marina de Sol.

La primera sala del tribunal capitalino vio ese recurso el jueves pasado, sin embargo, rechazó la "orden de no innovar" (paralización del proceso) solicitada adicionalmente por Boldt.

Mario Rojas dijo que ese era un procedimiento normal que realizan la persona o entidad que se siente perjudicada por un acto de la administración del Estado, aunque ellos consideran que no corresponde.

"Queremos hacer presente la improcedencia de esa acción", comentó respecto a la presentación que hará dentro de los 10 días hábiles contemplados por la corte santiaguina para que la SCJ responda.

Esta es una de las acciones que el consorcio internacional emprendió, tanto en las cortes de Concepción y Santiago, en el proceso por el casino de Chillán iniciado el 1 de enero de 2014 y que debió estar sancionado a mediados de ese año.

A esto se suma un par de dictámenes en la Corte Suprema, el último de los cuales permitió que el Consejo Resolutivo de la SCJ aprobara el otorgamiento de la licencia de operación a la sociedad Marina del Sol Chillán S.A el pasado 22 de agosto.

A su vez, la Superintendencia dictó el 5 de septiembre de 2016 la resolución exenta N° 361, en la que se ratificó la autorización de la explotación de los servicios anexos y otorgó las licencias de juego. En tanto, el 20 de septiembre se publicó, en la página 2 del Diario Oficial, el extracto de esa resolución.

Compra de terreno

Mario Rojas dijo que un grupo multidisciplinario de profesionales está trabajando en el tema de los permisos que deben otorgar la Dirección de Obras de la municipalidad y otros organismos, para concretar el proyecto con una inversión actualizada de US$60 millones.

"Estamos en plena actividad para cumplir con la promesa que se le hizo a la comunidad. Lo que está haciendo la empresa es llevar adelante todos los pasos y las adquisiciones de activos que se comprometió en su plan de inversiones", dijo el abogado.

El director de Marina del Sol también confirmó que el terreno de 9 hectáreas fue adquirido a Elio Casanova en aproximadamente $2 mil millones.

Mario Rojas añadió que espera que el proyecto deba avanzar en 36 meses y dar inicio a la operación del casino de juego dentro del plazo de 24 meses, que empezó a correr desde el 20 de septiembre.