Agenda Corta Antidelincuencia
Según Carabineros, el control de identidad preventivo ha permitido a la fecha casi duplicar las detenciones de personas que son buscadas por los tribunales de justicia.
A casi tres meses de la entrada en vigencia de la Agenda Corta Antidelincencia, que entre otros aspectos, entregó nuevas facultades fiscalizadoras a Carabineros a través del control de identidad preventivo, medida cuya implementación generó toda una polémica y debate durante su discusión en el Congreso, las estadísticas de la propia institución dan cuenta de efectos positivos en el combate que las policías realizan contra los autores de hechos ilícitos como asimismo para sacar de las calles a prófugos de la justicia.
El control de identidad preventivo es tan sólo una de las medidas que incorpora la normativa, pero fue quizás la más resistida por organismos vinculados a los Derechos Humanos por temor a que dicha facultad se prestara para abusos de parte de la autoridad.
La realidad, desde que el pasado 5 de julio se pusiera en marcha la ley, ha sido diametralmente opuesta. De acuerdo a estadísticas dadas a conocer por Carabineros de Chile en la provincia de Ñuble, a la fecha la cantidad de personas que han sido detenidas por requerimientos pendientes con la justicia casi ha duplicado al año anterior. Concretamente, las 358 personas aprehendidas constituyen un 42% más que el año 2015.
Para el cumplimiento de esta facultad, Carabineros ha actuado discrecionalmente y apegado al protocolo establecido que implica en muchos casos el control identificatorio en una unidad policial. Complementariamente, el Sistema de Identificación Móvil de Carabineros permite conocer en un breve plazo si la persona fiscalizada mantiene una orden pendiente con tribunales y, de ser así, ponerla a su disposición en el menor lapso posible.
Si bien, la normativa establece además que los jueces no podrán aplicar una pena inferior al mínimo establecido por la ley, ha surgido una discordancia con la eliminación de la agravante de los delitos cometidos con pluralidad de malhechores, que incrementa las penas cuando el delito se cometa en grupo. La modificación de la legislación actual ha generado la aplicación de un criterio legal por parte de los magistrados que ha sido discutido por los fiscales, a tal punto que en un reciente caso en que dos condenados en Ñuble quedaron en libertad, la Fiscalía local optó por recurrir de queja contra el actuar de los jueces, una política que se estaría repitiendo en otras jurisdicciones. Es necesario que este aspecto de la agenda antidelincuencia sea revisado, ante la factible posibilidad de generarse el efecto contrario a lo que el legislador quiso establecer al aprobar la iniciativa del ejecutivo.